Apresentação

O presente número dos Cadernos da AMATRA IV oferece a seus leitores  oito artigos de juízes do trabalho da 4ª Região e de um da 1ª Região da Justiça do Trabalho, como também de autores estrangeiros, todos de ímpar proficiência, versando temas fundamentais do Direito em geral e do Direito do Trabalho em especial, como ainda de Seguridade Social e de Direito Processual.

Nessa plêiade de textos se descortinarão, desde o plano mais abrangente e abstrato ao mais específico, os princípios fundamentais do Direito e do Direito do Trabalho, as funções e a distinção de princípios e regras no Direito e a respectiva operacionalidade; a não-discriminação no Direito Obreiro e os princípios e valores fundamentais deste: igualdade, proteção, dignidade e liberdade, sendo a igualdade o valor inicial que dá fundamento a todo o Direito do Trabalho e a seus princípios restantes; a relevância da boa fé no Direito em geral, além de sua particular imprescindibilidade no Direito especial do Trabalho; a configuração de danos à sociedade, a par dos danos individuais aos obreiros, perpetrados reiteradamente por algumas empresas aos dispositivos de proteção ao trabalho e a necessidade de seu ressarcimento em proveito de um fundo assecuratório dos direitos              dos trabalhadores; questões advindas da seguridade social, como os efeitos          da aposentadoria espontânea, no Brasil, para servidores regidos pela CLT e pelo ordenamento estatutário, e o sistema previdenciário chileno, que alguns, controversamente, consideraram modelo a ser imitado, sua evolução e situação atual; na órbita processual, focam-se os Embargos de Declaração, os desvios de seus objetivos com intentos protelatórios e as modificações legislativas de que carecem para integração de suas finalidades; e, finalmente, no âmbito geral do Direito, a existência do direito de não fumar, a par do direito de fumar, assim como a fuga ao princípio da boa fé realizada pela indústria e o comércio do tabaco.

É com a maior satisfação que a AMATRA IV proporciona aos leitores de seus Cadernos a prelibação desses artigos, que serão, sem dúvida, úteis a voos de maior fôlego ou a voos mais profundos dos interessados.

JOSÉ FERNANDO EHLERS DE MOURA

Diretor da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul João Antônio Guilhembernard Pereira Leite – FEMARGS

PROTECCIÓN, IGUALDAD, DIGNIDAD, LIBERTAD Y NO DISCRIMINACIÓN

OSCAR ERMIDA URIARTE[1]

SUMÁRIO: Introducción; I. Los Valores y Principios Fundamentales; 1. Igualdad; 2. El Principio Protector; 3. La Dignidad de la Persona Humana; 4. Libertad;            5. Breve Resumen Parcial; II. El Principio de no Discriminación en el Trabajo;       1. Igualdad y no Discriminación; 2. La Discriminación en el Trabajo; 3. Causas no Justificadas de Trato Diferente; 4. Momento, Ocasión u Oportunidad del Acto Discriminatorio; 5. Discriminación y Desigualdad no Discriminatoria: La Evaluación del Acto o Conducta aparentemente Discriminatoria; 6. Reacción del Ordenamiento Jurídico ante la Discriminación en el Trabajo; Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

El objetivo inicial de este estudio era el de formular una breve teoría básica de la discriminación laboral, pero apenas iniciada esa tarea, percibimos que ella requería, previamente, ubicar el principio de no discriminación en la dogmática general del Derecho del trabajo. Primero, porque ello permitirá resaltar la importancia de la cuestión en el conjunto de los valores y principios del Derecho del trabajo; segundo, porque la no discriminación debe ser apropiadamente distinguida del género al que pertenece, la igualdad; tercero, porque al mismo tiempo se entrelaza muy fuertemente, por un lado, con el principio básico del Derecho laboral, el de protección, mientras que por otro, lo hace con valores o metaprincipios del Derecho de los derechos humanos, como los de dignidad y libertad; y cuarto, finalmente, porque de ese modo, la igualdad y la no discriminación se insertan en el sistema de los derechos humanos laborales.

En todo caso, hay un punto de partida: la relación de trabajo es una relación de poder entre desiguales, en la que hay una parte fuerte y otra débil. Por tanto, es un campo fértil para la discriminación. Discrimina quien puede y no quien quiere y el empleador tiene el poder para hacerlo. Entonces es natural que el Derecho laboral prohíba la discriminación, que agrede o contradice principios fundamentales, como los de igualdad, protección del más débil y  el de dignidad de la persona humana. Así, la no discriminación es, sin duda, uno de los mandamientos o principios del Derecho del trabajo.

En la primera parte de este ensayo, analizaremos los valores y principios fundamentales que sientan las bases del Derecho laboral, tales como los         de igualdad, protección, dignidad y libertad, en los cuales se inserta la no discriminación; de paso, esto nos permitirá repasar las bases fundamentales del Derecho del trabajo en su conjunto. En la segunda parte y definida su ubicación en la dogmática del Derecho laboral, analizaremos sí, el contenido del principio de no discriminación en el trabajo.

I. LOS VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Entre los principios y valores fundantes del Derecho laboral, deben resaltarse los de igualdad, protección, dignidad y libertad.

1. Igualdad

A veces se sostiene que el principio de igualdad no es exclusivo del Derecho laboral o que no es uno de los principios de nuestra disciplina[2].           Sin embargo, parece que en verdad, la igualdad es el valor inicial que da fundamento a todo el Derecho del trabajo y al resto de sus principios.

Lo que sucede – y de ahí la confusión -, es que la igualdad que orienta al Derecho laboral, no es la igualdad formal y abstracta del liberalismo, según la cual “todos somos iguales ante la ley” – una ley ciega que no distingue entre pobres y ricos, entre poderosos y débiles, entre poseedores y desposeídos -, sino la igualdad real o material, que intenta corregir aquellas diferencias.          Es tradicional distinguir aquella igualdad formal o abstracta del primer Derecho civil, de esta igualdad material o real del Derecho social, del mismo modo que se distingue la igualdad ante la ley, de la igualdad a través de la ley.

El Derecho del trabajo no es un ordenamiento jurídico igual para todos, sino desigualador o compensatorio. En efecto, la igualdad del Derecho Social es diferente a la igualdad del Derecho privado clásico, que “candorosamente”[3] parte de la suposición de que todos somos iguales. En efecto, el Derecho civil tradicional supone esa igualdad, y por tanto se abstiene. El Derecho laboral, en cambio, constata una desigualdad e intenta corregirla.

Por tanto, la igualdad del Derecho del trabajo – y del Derecho social en general – es la igualdad material, igualdad compensatoria o “igualación”[4]. Todo el Derecho laboral es una consagración o aplicación del principio de desigualdad compensatoria o igualación. Más aún: esta clase de igualdad es la gran innovación del Derecho del trabajo: la igualdad como objetivo o meta y no solo como supuesto o punto de partida[5].

Y por eso el Derecho del trabajo es protector.

2. El principio protector

El Derecho del trabajo protege al trabajador para reducir la desigualdad propia de la relación de trabajo o para evitar los peores efectos de esa desigualdad. Así, la desigualdad es el fundamento último de la protección.  Si no fuera por ella, la protección no se justificaría.

Por una parte, parece claro que el de protección es el principio básico  o central del Derecho del trabajo. El Derecho laboral es protector o carece  de razón de ser. Tanto que es posible sostener que los demás principios       del Derecho laboral (como los de primado de la realidad, irrenunciabilidad y continuidad) pueden reconducirse al principio de protección, deducirse de él[6].

Por otra parte, y de manera análoga, también puede sostenerse que la protección se deduce del principio de igualación. Se protege al trabajador para corregir la situación de desigualdad en la que se encuentra. En el fondo, la tutela es un instrumento de la desigualdad compensatoria.

La protección del débil es el instrumento de la igualación. Se protege para corregir o aminorar la desigualdad. La protección es la manera de igualar o reducir la desigualdad vertical entre empleador y trabajador, entre arriba y abajo.

Por eso mismo, por actuar como correctivo de la realidad, la ley laboral está más expuesta que otras al incumplimiento y necesita de mecanismos de garantía que aseguren su eficacia, tales como la inspección del trabajo, la justicia y el proceso especializados, la autotutela colectiva y eventualmente un Derecho penal del trabajo.

3. La dignidad de la persona humana

La igualdad es pues, fundamento del principio tuitivo y por tanto, del Derecho laboral todo. Pero no solo lo es la igualdad, sino también la dignidad, el otro gran valor o metaprincipio de los derechos humanos, lo que coloca al Derecho del trabajo en el tronco mismo del sistema de derechos fundamentales. En efecto, todos los derechos humanos se basan en los valores de igualdad y dignidad, mientras que la tutela laboral procura – entre otros objetivos -, preservar la dignidad del trabajador.

El de dignidad es un concepto antiguo que proviene de la filosofía griega y en especial de los estoicos, pasando por el cristianismo y por Kant, para desembocar en el Preámbulo de la Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU (1948), de conformidad con el cual, “la dignidad es inherente a todos los miembros de la familia humana”.

Trátase, según ha expresado el Tribunal Constitucional español, de la estima que merece toda persona por el solo hecho de serlo; es el respeto debido a todo ser humano y su derecho a vivir una vida digna. Incluye, por tanto, el derecho a condiciones mínimas de existencia que deben ser aseguradas por el Estado y por el orden económico[7]. Y en el mundo del trabajo, el derecho a tener una vida digna depende del hecho de poseer un trabajo decente o digno[8].

Pero además, la dignidad es hoy un valor muy próximo al de igualdad[9]. Hoy no hay dignidad sin igualdad. En efecto, si todos somos iguales, todos debemos gozar de los derechos esenciales a la dignidad. Así, actualmente, la igualdad forma parte de la dignidad; forma parte del contenido esencial de la dignidad; la igualdad es condición de la dignidad.

Por eso, la desigualdad no justificada agrede a la dignidad. La dignidad es incompatible con la desigualdad injustificada.

De este modo, la protección del trabajador se apoya en la igualación y en la dignidad[10]. Y la discriminación viola tanto la igualdad como la dignidad. Por eso, el Derecho del trabajo, que protege a todos los trabajadores, con mayor razón protege a los más expuestos, generalmente discriminados, a los más débiles entre los débiles. Así es como se llega a la no discriminación, a partir de la igualdad, la dignidad y la protección.

Pero antes de entrar directamente en la no discriminación, permítasenos un paréntesis sobre el tercer valor o metaprincipio propio de los derechos humanos, al que también responde el Derecho del trabajo: el de libertad.

4. Libertad

La protección propia del Derecho laboral se funda en la igualdad y en la dignidad, como ya se vio, pero también en la libertad.

Si bien no puede discutirse el reconocimiento y la jerarquía de la libertad como uno de los valores o metaprincipios fundamentales del sistema de derechos humanos, existe, en cambio, una gran de controversia en cuanto a cuál sea su contenido esencial[11].

Simplificando en exceso ese panorama, puede distinguirse, por un  lado, una noción de libertad como ausencia de coerción (libertad negativa), concepción propia del paleoliberalismo, defendida a ultranza por Hayek[12]. Por otro lado, se desarrolló una concepción de la libertad como autodeterminación o como capacidad concreta de actuar[13] (libertad positiva, material, sustancial o efectiva). Es la manejada, desde los estoicos[14] por Capitant[15], Nicoliello[16], Jiménez de Aréchaga[17], Aníbal L. Barbagelata[18], y Burgoa[19], entre muchos otros y supone no solamente la ausencia de coerción, sino además, el reconocimiento de una esfera de poder[20] [21].

¿Y qué tiene que ver todo esto con el Derecho del trabajo? Pues que precisamente la relación de trabajo es una relación de poder que limita severamente la libertad del trabajador[22].

Como dice Ackerman, toda vez que “se trabaja por necesidad (…), se limita severamente la libertad de quien trabaja”; “cuando existe necesidad –  y especialmente la necesidad de obtener los recursos para la subsistencia -, escaso espacio resta para elegir o para decir que no y muy reducido queda entonces el territorio de la libertad”. “El trabajo por necesidad, subordinado o por cuenta ajena, es decir, sometido al poder de un empleador, supone, para la persona que trabaja, una progresiva e inevitable pérdida de libertad”[23].

Esta pérdida de libertad está claramente reconocida en el Derecho positivo laboral uruguayo, que define el tiempo de trabajo efectivo como aquel “en que un obrero o empleado deja de disponer libremente de su voluntad”[24].

Siendo así, y atendiendo a las dos grandes concepciones de libertad antes sintetizadas, el Derecho del trabajo tiene como objetivos: a) garantizar al trabajador algún grado de libertad negativa ( liberándolo de la coerción patronal o limitando la extensión o intensidad de la misma ), y b) garantizarle, además, algún grado de libertad positiva, de capacidad de autodeterminación, de poder o contrapoder.

En efecto, toda la estructura del Derecho laboral apunta a garantizar           – dentro y fuera de la relación de trabajo -, un mínimo de libertad al ser humano que trabaja. Dentro y durante la relación de trabajo, los derechos inespecíficos, de ciudadanía en la empresa o derechos fundamentales de la persona trabajadora, apuntan a limitar la subordinación o dependencia a  que la relación de trabajo la somete; en igual sentido operan las normas específicamente laborales que limitan o condicionan el ejercicio del poder de dirección del empleador. Al mismo tiempo, al limitar la duración del tiempo de trabajo, garantizar descansos, etc., se apunta a generar un tiempo liberado de esa subordinación o dependencia[25].

Limitando la libertad del empleador, el Derecho del trabajo garantiza un espacio de libertad al trabajador.

Demás está decir que este rescate de parte de la libertad del trabajador intentado por el Derecho laboral, se entrelaza estrechamente con la dignidad (la libertad es obviamente esencial a la dignidad), y con la igualdad (la preservación de un espacio de libertad del trabajador es asimismo, un mecanismo de igualación y por tanto, también de protección ). Y al mismo tiempo, todo esto refuerza la pertenencia del Derecho laboral – o la protección del trabajador -, al sistema de los derechos humanos[26].

5. Breve resumen parcial

De conformidad con lo que antecede, corresponde subrayar que la protección del trabajador, propia del Derecho laboral, encuentra su fundamento en la necesidad de realizar la igualdad y de preservar la dignidad y la libertad del trabajador.

Siendo así, y estando la igualdad en el centro de la estructura dogmática del Derecho del trabajo, resulta inevitable prohibir la discriminación, que agrede por igual la igualdad, la dignidad y la libertad del trabajador, haciendo vana la pretensión de protección, especialmente la de los más expuestos o desvalidos de los trabajadores.

Esta es la ubicación de la no-discriminación en la dogmática del Derecho laboral. Este es el contexto científico en el que puede ensayarse un esbozo de teoría de la discriminación en el trabajo.

II. EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO

1. Igualdad y no discriminación

Igualdad y no discriminación no son la misma cosa. El principio de igualdad es el mayor, que incluye al de no discriminación. Esta es un derivado de aquella, una concreción, efecto o reflejo de la igualdad[27]. La igualdad es el género y la no discriminación es una de sus especies. Un instrumento de la igualdad. Se trata de una prohibición ( no discriminar ) en el marco del objetivo de la igualdad. Para alcanzar la igualdad hay que empezar por no discriminar. La no discriminación es el contenido mínimo de la igualdad, un pequeño paso en el camino de la igualdad.

Pero hay otra diferencia fundamental. Dentro del área específica del Derecho laboral, la igualdad opera verticalmente (reduciendo la diferencia entre capital y trabajo), mientras que la no discriminación opera horizontalmente, procurando que no se perjudique (aún más) a los trabajadores más débiles o expuestos[28].

La no discriminación intenta evitar que existan trabajadores de “clase A” y trabajadores de “clase B”, pero no cuestiona el hecho de que el empleador sea de “clase A” y los trabajadores sean de “clase B”. El objetivo de la no discriminación no es la igualdad entre capital y trabajo, sino la eliminación de diferencias injustificadas entre trabajadores, dentro del universo de los ya desiguales, dentro del mundo de los débiles. La no discriminación actúa solo dentro de la clase trabajadora, entre sectores, segmentos o “subgrupos” de trabajadores.

Mientras tanto, el principio de igualdad opera en la summa divisio del Derecho laboral: la que existe entre capital y trabajo, entre empleador y trabajador. Y como ya se subrayó, es esta igualdad material, desigualdad compensatoria o igualación la gran innovación o particularidad del Derecho laboral: la igualdad concebida no como axioma o punto de partida, sino la igualdad como meta u objetivo[29].

2. La discriminación en el trabajo

“La discriminación en el trabajo es un fenómeno cotidiano y universal”[30], porque la relación de trabajo, en tanto relación de poder o relación desigual, es un campo fértil, un caldo de cultivo para la discriminación. El trabajador está siempre expuesto a la discriminación – o sea, a sufrir un tratamiento peor que el recibido por sus compañeros -, por el hecho mismo de la desigualdad, subordinación o dependencia[31], y más expuesto está cuanto más débil es.

La definición de la discriminación laboral es elaborada., generalmente, a partir del art. 1 del convenio internacional del trabajo núm. 111, como toda distinción, exclusión o preferencia carente de justificación suficiente, que tenga por efecto destruir o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo.

A partir de ese concepto, la doctrina ha identificado algunos caracteres, a saber:

a) puede tratarse de una acción o de una omisión, un hacer o un no hacer;

b) supone una diferencia, una exclusión o aún una preferencia injustificada;

c) tal diferencia debe carecer de una causa justificante, de un motivo justo y fundado;

d) debe provocar un daño o un perjuicio al trabajador que recibe el tratamiento diferenciado.

No es relevante la intención del sujeto discriminante, siendo suficiente la existencia del daño. Habida cuenta del bien jurídico protegido, se destierra del ordenamiento jurídico no solo a las conductas intencionadamente discriminatorias, sino a todas las que, de hecho, tienen un resultado discriminatorio. Lo relevante no es la intención sino el daño[32].

Son múltiples las clasificaciones de los diversos tipos de discriminación laboral[33], por lo que aquí solo haremos referencia a algunas de las más importantes a los efectos de este estudio.

Distínguese, por una parte, entre discriminación directa e indirecta, según que el daño o efecto se produzca de manera directa o inmediata sobre el trabajador discriminado o que éste se produzca indirectamente             (de “carambola” o de “rebote”). Ejemplos típicos de discriminación directa son el despido por realizar actividad sindical o el rechazo de trabajadores sindicalizados en un proceso de selección de personal o de ascenso o promoción. Ejemplo de discriminación indirecta es la inclusión, en esos procesos de selección o promoción, de condiciones aparentemente neutras, pero que solo son poseídas por alguno(s) de los candidatos y no por otros.

Por otra parte, se alude a la discriminación por afinidad o proximidad, que puede darse por lo menos, en dos hipótesis: a) cuando el perjuicio no alcanza directamente al trabajador, pero sí a su entorno (cónyuge, hijos, familiares próximos); el trabajador en sí mismo queda intacto, pero se perjudica a alguien próximo; b) cuando el motivo o causa del tratamiento diferenciado está en el cónyuge, familiar o amigo del trabajador (despido de un trabajador a causa de la opción política o sindical de su pariente).

También se distingue entre discriminación vertical y horizontal. En la primera, es el empleador o el personal de dirección que discrimina a uno o varios trabajadores. En la segunda, son los mismos trabajadores que discriminan a uno o varios de sus compañeros[34].

Asimismo, se diferencia según que la discriminación sea por acción o por omisión. Si bien generalmente el acto discriminatorio supone un hacer, la discriminación también puede resultar de un no hacer. Por ejemplo, generada un vacante, la misma no se llena habida cuenta de determinadas características de los principales candidatos (sexo, raza, color, sindicación, etc.), que no justifican su postergación.

Desde otra perspectiva, se hace referencia al acoso colectivo o “straining”. A diferencia del acoso moral, que es individual, el “straining” es un acoso colectivo, que requiere platea y cierto grado de colaboración implícita. Forma parte de algunas políticas de personal, que del mismo modo que elaboran un “cuadro de honor” con los mejores trabajadores del mes o del año, descalifican públicamente a quienes no consiguieron alcanzar las metas establecidas o el nivel previsto de productividad. Podría decirse que es una especie de “escrache” patronal.

Se hace hincapié en que el “straining” produce un daño moral colectivo, o una injusta lesión de la esfera moral de una comunidad. Pero esta afirmación lleva a plantear otra pregunta más relevante: ¿podría sostenerse que en el fondo toda discriminación es colectiva?. Al final de cuentas, la discriminación – aún focalizada en un concreto individuo -, siempre puede terminar afectando a todo un colectivo (mujeres, negros, extranjeros, sindicalistas, etc.).

Finalmente, hasta aquí nos hemos referido a la discriminación practicada por el empleador o por los mismos trabajadores. Sin embargo, también hay una discriminación normativa. La ley o el decreto pueden contener normas discriminatorias, lo que sucede a menudo, lo mismo que con el convenio colectivo. Está claro que esas normas carecen de validez, como todas las que violan derechos fundamentales.

Más complicado es el caso de la norma constitucional discriminatoria. Existen por lo menos dos casos en nuestra propia Constitución, que se explican por la vetustez de las normas[35]. Uno de ellos es el párrafo segundo del art. 53, que da preferencia a los ciudadanos en “la posibilidad de ganar su sustento con el desarrollo de una actividad económica”. El otro es el segundo párrafo del art. 54 que establece que “el trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado”. Está claro que en las concepciones actuales sobre igualdad y discriminación, es inadmisible la vieja y tradicional equiparación del trabajo de las mujeres con el de los menores, del mismo modo que es inadmisible, hoy, la limitación del trabajo femenino. En nuestra opinión, ambas disposiciones son desplazadas por la normativa internacional de derechos humanos, que reviste carácter de jus cogens, operación que se ve facilitada por el juego de los arts. 72 y 332.

3. Causas no justificadas de trato diferente

En rigor, dado el estado actual de evolución del tratamiento dogmático de la discriminación laboral, no sería necesaria ninguna enumeración de causas o motivos, ya que el principio es el de que resulta discriminatoria toda diferencia no justificada.

Sin embargo, históricamente se fueron edictando causas expresamente no justificadas de discriminación, muchas de las cuales fueron quedando consolidadas en textos jurídicos relevantes, como entre otros, el convenio 111 y varias Constituciones. En la actualidad, tales enumeraciones no pueden ser consideradas de ningún modo como taxativas, sino como puramente ejemplificativas. El otro efecto que hoy puede reconocérseles, es el de que, verificado uno de esos motivos expresamente proscriptos, la diferencia será necesariamente discriminatoria.

El referido convenio 111 incluye la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. La Constitución brasileña agrega la opción sexual, el estado civil, la discapacidad física y la edad. La ley uruguaya 17.940 se refiere a la actividad sindical. Muy a menudo se menciona en este tipo de listados al estado de salud en general, al virus de inmunodeficiencia adquirida, etc.

Pero es necesario reiterar y subrayar que en general habrá discriminación toda vez que una diferencia de trato carezca de justificación suficiente. Todo motivo carente de justificación es discriminatorio, integre o no algún listado más o menos célebre. Toda diferencia no justificada es discriminatoria.

4. Momento, ocasión u oportunidad del acto discriminatorio

El acto discriminatorio puede darse en cualquier momento y más específicamente, puede operar antes, durante o después de la relación de trabajo[36].

La discriminación precontractual opera, generalmente, en el proceso de selección. Los avisos o anuncios en que se pide personal ya son frecuentemente discriminatorios. Igualmente lo son los “tests psicotécnicos” diseñados para determinar tendencias o inclinaciones del postulante, que serán tenidas en cuenta para no contratarle[37]. Y por supuesto lo son las conocidas y variadas “listas sucias”[38].

Puede ser interesante señalar que en Francia, la ley de 31 de marzo de 2006, de igualdad de oportunidades, introdujo en el Código de trabajo el anonimato de los curriculum vitae[39]. Por lo demás, con carácter dogmático y general, se ha ido desarrollando la postulación de un “derecho a mentir” por parte del aspirante[40].

La discriminación durante la relación de trabajo se centra, generalmente, en las condiciones de trabajo o en la decisión de dar por terminado el vínculo. Puede tratarse del salario y de cualquier otra de las condiciones de trabajo, de las promociones o ascensos, de los traslados, de la aplicación de

sanciones disciplinarias y por supuesto, del despido.

Un párrafo aparte merece el acoso. Sin duda, todo acoso es ilegítimo, pero ¿es siempre además discriminatorio o solo algunos tipos de acoso son discriminatorios? Una primera respuesta podría ser la de que el acoso es discriminatorio cuando la conducta no deseada se relaciona con el origen racial, la religión, las convicciones, la edad, la orientación sexual de la víctima o con otra condición de las que habitualmente se consideren objeto de discriminación o también cuando el asedio tenga por objetivo afectar su dignidad o crear un ambiente de intimidación, humillación o agresión. En esta posición el acoso es discriminatorio en la medida en que esté motivado en otra causa de discriminación. Una segunda respuesta podría sostener, en cambio, que todo acoso es siempre discriminatorio, porque se aprovecha de una situación de poder excediendo los límites de su legítimo ejercicio.

Por lo demás, tal vez cabría diferenciar acoso sexual y acoso moral.           En efecto, se ha dicho que aún en una concepción limitada del carácter discriminatorio del asedio, el acoso sexual es siempre discriminatorio porque es al mismo tiempo discriminación por sexo u opción sexual. En este tipo de acoso, el sexo o la opción sexual es definitorio para la adopción de una conducta ilegítimamente diferente[41].

Finalmente, la discriminación post contractual se concentra, muy frecuentemente, en las referencias que el ex-empleador da a otros colegas que eventualmente podrían contratar a quien fuera su empleado. Del mismo modo, reaparecen aquí, las “listas sucias” que a veces, hasta se comercializan, como las de trabajadores que han presentado reclamos administrativos o judiciales. En el Uruguay es relativamente frecuente el envío al seguro de paro como medida retorsiva y eventualmente discriminatoria.

5. Discriminación y desigualdad no discriminatoria: la evaluación del acto o conducta aparentemente discriminatoria

No toda diferencia es discriminatoria. Así, por ejemplo, el propio convenio 111 excluye las diferencias fundadas en las calificaciones de los trabajadores[42]. Por eso, en cada caso concreto de diferencia salarial o de otras condiciones de trabajo, puede presentarse la duda respecto de su legitimidad.

Pero en todo caso, como regla de principio, debe partirse de la necesidad, pertinencia y fundamentación de la diferencia. En efecto, el principio de igualdad opera la presunción de la licitud del trato igualitario, ya que en definitiva, la norma antidiscriminatoria tiene como objetivo final promover la igualdad sustancial, con pleno respeto de la misma dignidad            de todos los seres humanos. Por eso, la igualdad no requiere justificación especial, al revés de la desigualdad. Solo el tratamiento diferenciado requiere justificación expresa[43].

Doctrina y jurisprudencia comparadas han elaborado los requisitos de validez del trato diferente: una condición desigual puede no ser discriminatoria si se demostrara de modo claro e inequívoco la necesidad, pertinencia y razonabilidad de la diferenciación introducida[44]. En otras palabras, el trato diferenciado debe ser indispensable para cumplir una necesidad objetiva, fundada y legítima de la empresa, lo que supone que la medida en cuestión debe ser necesaria, pertinente, apta y adecuada para ello; pero además debe verificarse la inexistencia de otro medio para obtener el mismo objetivo.

La razonabilidad ayudará a valorar estos extremos para legitimar – o no -, el trato diferenciado, pero debe tenerse siempre presente que de un lado está en juego un derecho fundamental (la no discriminación), y del otro meras conveniencias o necesidades de gestión.

Por esto mismo se impone la interpretación restringida de la diferencia, así como la carga de probar su indispensabilidad, dos reglas básicas del Derecho laboral antidiscriminatorio derivadas, por lo demás, del Derecho de los derechos humanos.

6. Reacción del ordenamiento jurídico ante la discriminación en el trabajo

Siendo la no discriminación un principio o derecho fundamental, la reacción del orden jurídico en su contra es múltiple y puede sistematizarse en torno al sistema de presunciones y prueba, a la prohibición, nulidad y criminalización del acto discriminatorio y al desarrollo de acciones positivas.

En materia de presunciones y prueba, y según lo recién adelantado, se presumen la licitud del acto igualitario y la ilicitud del tratamiento diferenciado.

Por tanto, es necesario probar la existencia de un motivo justificado de la diferencia. Normalmente, este efecto se presenta como una inversión de la carga de la prueba, pero probablemente se trate de la consecuencia de la nulidad de todo acto prohibido y en particular, de todo acto violatorio de derechos fundamentales. Lo mismo puede decirse de la necesaria interpretación estricta de la procedencia de la distinción.

El acto discriminatorio es absolutamente nulo. Precisamente por tratarse de un acto violatorio de derechos fundamentales, la discriminación está prohibida y el acto que la vehiculiza está afectado de nulidad absoluta.               El acto discriminatorio es nulo, en concordancia con el objetivo de eliminar la desigualdad injustificada o, como dice el art. 2 de la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, “la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”[45].

Claro que la nulidad opera sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, pero lo esencial es la nulidad del acto prohibido y violatorio de varios derechos fundamentales, más aún, de los fundamentos de todos los derechos humanos, como es el caso de la igualdad y la dignidad.

La prohibición del acto discriminatorio también supone, por cierto, la garantía de indemnidad o proscripción de la “discriminación retaliatoria”.[46]

La nulidad de la discriminación se complementa, a menudo, con la tipificación penal de la conducta en cuestión.

La acción positiva, también denominada discriminación positiva o inversa, opera en el campo de las políticas antidiscriminatorias y consiste en crear mecanismos de desestímulo a la discriminación y de promoción de la igualdad en favor de los sectores generalmente desfavorecidos en la materia.             Así, mientras la nulidad del acto discriminatorio intenta eliminar la desigualdad no justificada, la discriminación positiva apunta a promover la igualdad.

En todo caso, la discriminación positiva responde a las estructuras y técnicas más propias y tradicionales del Derecho laboral todo: trátase, en efecto, de crear desigualdades de signo contrario a la constatada en la realidad. Eso es lo que el Derecho del trabajo hizo y hace en todos los campos.            Por tanto es posible preguntarse si todo el Derecho social no es una acción positiva o, en otros términos, si la discriminación inversa no es más que una focalización de las técnicas protectoras e igualadoras del Derecho social en determinadas situaciones particularmente expuestas.

CONCLUSIONES

1) La no discriminación es un ítem importante del Derecho del trabajo, tanto que la eliminación de la discriminación se incluye en la nómina minimalista de principios y derechos fundamentales del trabajo de la Declaración de la OIT de 1998. Sin embargo, la no discriminación se inscribe en el marco mayor de principios aún superiores, como los de protección, igualdad y dignidad.

2) El Derecho el trabajo forma parte del sistema de derechos humanos, no solo porque la mayoría de los derechos del trabajador están expresamente reconocidos como derechos fundamentales en la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos ( limitación de la jornada, descansos, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho de huelga, de sindicación y de negociación colectiva, etc. ), sino también porque todo él – todo el Derecho laboral -, es un mecanismo de realización de los principios y valores del sistema de derechos humanos: la dignidad, la igualdad y la libertad.

3) El Derecho del trabajo es protector porque su objetivo es la igualdad material o igualación.

El Derecho laboral percibe una desigualdad entre empleador y trabajador e intenta corregirla, protegiendo al más débil.

La protección del trabajador es un instrumento de igualación o de reducción de las desigualdades.

4) Hoy, en un mundo que ya no tolera la idea de que unas personas sean originalmente superiores a otras, la igualdad forma parte, también, de la idea de dignidad.

De tal modo, la protección el Derecho laboral tendiente a la reducción de la desigualdad entre capital y trabajo, apunta al mismo tiempo, a la preservación de la dignidad de la persona que trabaja.

5) La prohibición de la discriminación es el contenido mínimo de la igualdad. El principio mayor es el de igualdad.

La no discriminación es el contenido mínimo de la igualdad. Para procurar la igualdad, el primer paso – no suficiente, pero sí necesario -, es no discriminar.

6) La discriminación también hiere la dignidad de la persona humana.

7) Siendo una relación de poder, la relación de trabajo es un espacio propicio para la discriminación. Por eso, la discriminación en el trabajo es un fenómeno cotidiano y universal.

8) El elemento esencial – no el único, pero sí el principal – para determinar cuándo una diferencia es discriminatoria, reside en su injustificación.

9) La discriminación laboral puede producirse antes, durante o después de la relación de trabajo.

10) Se presume la ilicitud del tratamiento diferenciado. Por lo tanto, es necesario probar la existencia de motivo justificante de la diferencia.

11) El acto discriminatorio es nulo. La desigualdad no justificada debe ser eliminada por violatoria no solamente de varios derechos fundamentales, sino además, por violatoria de los fundamentos de todos los derechos humanos: la igualdad y la dignidad.

[1] Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social, Facultad de Derecho, Universidad de la República.

[2] PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, Los principios del Derecho del Trabajo, 3ª. ed., Buenos Aires 1998, págs. 409 y sigs.

[3] BARBAGELATA, Aníbal Luis, La Democracia, Montevideo 1983, pág. 39. El autor se pregunta “¿cuál es la noción democrática de la igualdad?”, respondiéndose que es “la igualdad final, de resultados”. En efecto, agrega, “como los hombres nI son todos iguales ni están todos en igual posición (…), tratándolos de la mismo manera por el Derecho no se consigue la igualdad, sino el opósito, la consolidación de las desigualdades existentes, cuando no la agravación de tales desigualdades” (pág. 40). “La igualdad de derechos no sería bastante para compensar la desigualdad de condiciones” (pág. 41). Por eso, “en ocasiones has que aquistar la igualdad mediante un tratamiento jurídico desigual, pero de intención y sentido compensatorios” (pág. 42). Este es, concluye, lo que se ha hecho, “desde su precoz lanzamiento, en la legislación laboral y d la seguridad social uruguaya” ( pág. 43 ).

[4] ROSENBAUM, Jorge, Los problemas actuales de la Justicia del Trabajo en América Latina, en Revista Derecho Laboral t. XXXVI Nro. 169, Montevideo 1993, pág. 120.

[5] RADBRUCH, Gustav, Introducción a la filosofía del Derecho, México 1951, pág. 152, cit. por BARBAGELATA, Héctor-Hugo, El particularismo del Derecho del Trabajo y los derechos humanos laborales, Montevideo 2009, pág. 20.

[6] Ackerman sostiene que si “algún principio debe existir” ese no podría ser otro que el de protección (Tratado de Derecho del Trabajo ( Dir.: ACKERMAN, Mario; Coord.: TOSCA, Diego ), Buenos Aires 2005, t. I, pág. 314 y nota 33 ).

[7] FURTADO, Emmanuel, Preconceito no trabalho e a discriminacao por idade, Sao Paulo 2004, págs. 164 y 120.

[8] “Vida digna es trabajo decente”, rezaba un cartel en el auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras ( CCOO ) observado en Madrid en enero de 2010.

[9] CANOTILHO, Joaquim José Gomes, Direito constitucional, 6ª. ed., Coimbra 1993, p. 363 y MIRANDA, Jorge, Manual de Direito constitucional, 3ª. ed., Coimbra 2000. t. 4, p. 183, ambos citados por ALVES LIMA, Firmino, Asedio sexual e o meio ambiente de trabalho, en Revista da AMATRA XV, Campinas 2010.

[10] Ya habíamos esbozado una formulación similar a esta en Ética y Derecho del trabajo, en GRUPO DE LOS MIÉRCOLES, “Veinte estudios laborales en memoria de Ricardo Mantero Alvarez”, Montevideo 2004, pags. 36-37. Aquí intentamos ampliarla y afinarla.

[11] En efecto, “no hay acuerdo en punto a determinar qué se entiende por libertad en sentido jurídico” (BARBAGELATA, Aníbal L., Derechos fundamentales, 2ª. ed., Montevideo 2002, pág. 9).

[12] HAYEK, Friedrich von, Los fundamentos de la libertad, trad. esp., Madrid 1992, págs. 32-33 y 40 (nota 21).

[13] Como la defendida por Amartya SEN y Ronald DWORKIN, con diferencias entre ellos ( conf. RUZYK, Carlos Eduardo, Institutos fundamentais do Direito civil e liberdade(s). Repensando a dimensao funcional do contrato, da propriedade e da familia, Curitiba 2011, pág. 16 ).

[14] “La libertad consiste en disponer de sí mismo” (conf. FERRATER MORA, José, Diccionario de filosofía abreviado, Barcelona 1962, pág. 219).

[15] “Poder de obrar según la propia determinación” (CAPITANT, Henri, Vocabulario jurídico, trad. esp., Buenos Aires 1975, pág. 345).

[16] “Predominio de la voluntad y ausencia de dominación ajena en la conducta de los hombres” (NICOLIELLO, Nelson, Diccionario jurídico, Montevideo 1995, pág. 108).

[17] Entre otras cosas, “derecho a la autonomía personal” (JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Eduardo, Introducción al derecho, Montevideo 2007, pág. 142).

[18] “Una esfera de acción autónoma” (BARBAGELATA, Aníbal L., ob.cit., pág. 10).

[19] “Un derecho público subjetivo” que consiste en la “potestad genérica de actuar, real y trascendentemente” (BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, 22ª. ed., México 1989, págs. 304 y 309-310).

[20] Lo que lleva a Foucault a proponer como rasgo de la libertad positiva, la “insumisión al poder”, en el sentido de la posibilidad de resistirlo ( conf. RUZYK, Carlos Eduardo, ob.cit., págs. 47-48 ).

[21] Por cierto, hay muchas otras clases o concepciones de la libertad (libertad individual y colectiva; libertad civil y política; libertad política de opción y libertad política de participación; libertad política y libertad económica; etc.). Aquí solo hemos hecho referencia a una de las dicotomías más directamente relacionadas con el aspecto laboral.

[22] Los análisis hstórico filosóficos de Foucault destacan cómo la carencia de libertad siempre acompañó al trabajador industrial: primero en la misma prisión, durante el período de represión directa, luego en las “fábricas-prisión” y finalmente en la apropiación del tiempo de trabajo (FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, trad. esp., Buenos Aires 2005, págs. 128-130 y 137-139 y Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, trad, esp., Buenos Aires 2008, págs.- 76-77 y 81-82). También denuncia cómo la ficción del contrato (de trabajo) intenta legitimar el ejercicio del poder disciplinario del empleador ( Idem, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, trad. esp., Servicio de Documentación en Ciencias Sociales, Ficha 281, pág. 80).

[23] Tratado…, cit., págs. 16 a 19 y 25.

[24] Art. 6 del decreto de 29 de octubre de 1957. Del mimo modo, Domingo ARENA fundamentó su voto en favor de la ley 5.350 de 17 de noviembre de 1915, sosteniendo que “todo hombre que trabaja para otro, durante todo el tiempo que trabaja está sometido a otro; ha enajenado su vountad a otro, ha dejado de ser un hombre libre” (diario “El Día”, Montevideo 22 de octubre de 1915, cit. por MACHADO, Carlos, Historia de los orientales, 4ª. ed., Montevideo 1985, t. III, pág. 37).

[25] Conf. LÓPEZ, Diego, Libertad y seguridad en el trabajo, en Revista Laboral Chilena, Julio 2009, págs. 53-59.

[26] Cabe todavía, una advertencia sobre el alcance de la libertad en la protección propia del Derecho laboral. La proscripción del trabajo forzoso se funda en la libertad, claro está, pero ésta no se agota en aquella. La prohibición del trabajo forzoso (incluida en la ejemplificación minimalista  de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Declaración de la OIT de 1998)        es solamente la expresión mínima de la libertad en el Derecho del trabajo. Hay aquí una analogía con la relación entre igualdad y no discriminación. La no discriminación es parte de la igualdad, que la supera ampliamente, del mismo modo que la prohibición del trabajo forzoso forma parte de la libertad, que también la supera ampliamente (V. infra, 5 y II.1). La interdicción del trabajo forzoso apenas es el primer paso – tan necesario como insuficiente – del camino de la libertad del trabajador.

[27] ALVES LIMA, Firmino, Mecanismos antidiscriminatorios nas relacoes de trabalho, Sao Paulo 2006, pág. 78 y NEVES, Javier, La igualdad y sus efectos: el derecho a no ser discriminado, cit. por GOLDSTEIN, Eduardo, La discriminación racial, por origen nacional y etnia en las relaciones laborales, Montevideo 2009, pág. 83.

[28] BARRETTO, Hugo, El derecho a la igualdad y la no discriminación en el Derecho del Trabajo. Una revisión crítica, en Revista de Derecho Social-Latinoamérica Nro. 4-5, Buenos Aires 2008, págs 37 y sigs., esp. págs. 52-55.

[29] Supra, I.1.

[30] GODÍNEZ, Alexander, La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, en Revista Real Card Nro. 2, Guatemala 2010, pág. 101.

[31] Por eso, el actor, agente o responsable de la discriminación es siempre el empleador, sea directamente (cuando es él mismo quien discrimina), sea indirectamente, cuando la discriminación es practicada por un subcontratista o intermediario o por otros trabajadores. Ello sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad concurrente del agente directo en muchos casos.

[32] NUÑEZ, Cayetano, Interculturalidad y Derecho del Trabajo, Valencia 2009, pág. 69. Conf. tamb., GOLSDSTEIN, Eduardo, ob. cit., págs. 115 y 274 y ALVES LIMA, Firmino, Mecanismos antidiscriminatorios…., cit., págs. 313-314.

[33] V. GOLDSTEIN, Eduardo, ob.cit., págs. 112 y sigs.

[34] V. supra, nota 31.

[35] La parte dogmática de la Constitución no ha sido modernizada casi en nada desde 1934.          Las reformas posteriores se concentraron en aspectos propiamente políticos y económicos, despreocupándose por los derechos.

[36] Conf. GOLDSTEIN, Eduardo, ob. cit., págs. 121-122.

[37] Al respecto, véase BRITOS, Fernando, Pruebas psicolaborales y manipulación en el mundo del trabajo, en la revista digital Vadenuevo, Montevideo, Nro. y con pequeñas variantes de edición, en revista Derecho Laboral, t. LIV Nro.. 241, Montevideo 2011, págs. 23 y sigs.

[38] Adoptamos aquí la expresión al uso en Brasil, dado que la tradicional de “listas negras” es obviamente – podría decirse que obscenamente – discriminatoria.

[39] “Las informaciones comunicadas por escrito por el candidato al empleo, destinadas a apreciar exclusivamente su capacidad para ocupar un puesto de trabajo o sus aptitudes profesionales, deben ser examinadas en condiciones que preserven el anonimato” ( art. L-121-6-1 ). Se le critica a esta norma su eventual contradicción con la política de transparencia en la empresa y c6on las previsiones del acuerdo nacional profesional sobre la diversidad en la empresa, de         11 de octubre de 2006 (FAVENNEC-HERY, Francoise, Non-discrimination, égalité, diversité, la France au milieu du gué, en rev. Droit Social Nro 1, Paris, janvier 2007, pág. 6 ).

En sentido inverso y tal como se indica de inmediato en el cuerpo de este texto, se desenvuelve la idea de un derecho a mentir, como defensa del postulante.

[40] ERMIDA URIARTE, Oscar, Ética y Derecho del Trabajo, cit., pág. 28.

[41] LOUSADA AROCHENA, José Fernando, El derecho de los trabajadores a la protección frente al acoso sexual, Granada 1996, págs. 141-145.

[42] Entre otros, MORGADO VALENZUELA, Emilio, Reflexiones iniciales acerca del principio de no discriminación, en “Los principios del Derecho del trabajo en el Derecho peruano. Libro homenaje al prof. Américo Plá Rodríguez”, 2ª. ed., Lima 2009, pág. 697.

[43] ALVES LIMA, Firmino, Teoria da discriminacao nas relacoes de trabalho, Rio de Janeiro 2011, parágrafo 8.2. Claro que podría darse una excepción en la hipótesis en la que el trato igualitario encubriera una discriminación del trabajador o grupo de trabajadores que tuviera condiciones que dieran mérito o aún exigieran una mejor consideración.

[44] ALVES LIMA, Firmino, ob. cit., parágrafo 5.5.3 y NUÑEZ, Cayetano, ob.cit., pág. 98.

[45] GODINEZ, Alexander, ob.cit., pág. 102.

[46] Como es sabido, se trata del establecimiento de cupos, cuotas, preferencias y otras ventajas en favor de categorías generalmente postergadas. En dicha línea puede mencionarse, a título de ejemplo, la ley francesa de 23 de marzo de 2006, que modifica el art. L.132-27-2 del Código de trabajo, estableciendo una obligación de negociar y concluir convenios colectivos de empresa y de rama con disposiciones de igualdad de remuneraciones. No se trata solo de la tradicional obligación de negociar, sino además de la de acordar; no es una mera obligación de medio, sino de resultado ( conf. FAVENNEC-HERY, Francoise, ob. cit., pág. 7).

PRINCÍPIOS E REGRAS:  AS LIÇÕES TRAZIDAS POR DWORKIN

RUBENS FERNANDO CLAMER DOS SANTOS JÚNIOR[1]

SUMÁRIO: Introdução; 1. O Positivismo Jurídico: a polêmica entre Hart e Dworkin; 2. A Crítica de Dworkin ao Positivismo Jurídico; 3. As Características e as Funções das Regras e dos Princípios; 4. A Distinção entre Regras e Princípios; 5. Regras e Princípios: Conflitos e Soluções; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

O presente estudo visa trazer, ainda que em breve síntese, uma recapitulação das ideias básicas construídas por Hart e por Dworkin, quando da discussão do positivismo jurídico. A polêmica estabelecida entre esses dois autores clássicos, que defendem posições distintas, deve sempre ser relembrada, a fim de que o intérprete do direito construa o seu marco teórico, com sustentação em uma das duas teorias defendidas.

Com base essencialmente nas lições de Dworkin de sistema jurídico, aprofundadas por diversos autores, principalmente Alexy na Alemanha e Humberto Ávila no Brasil, buscaremos identificar as funções das regras e dos princípios, seus objetivos e suas distinções, para a adequada compreensão hermenêutica das normas constitucionais e infraconstitucionais.

Assim, seguindo-se a lição de Dworkin, pretenderemos demonstrar as possíveis soluções para o conflito porventura existente entre regras, entre regras e princípios e entre princípios, valendo-se dos instrumentos colocados à disposição do intérprete por essa doutrina, especialmente a ponderação, a fim de que seja buscada a solução mais justa e adequada para o caso em concreto.

1. O POSITIVISMO JURÍDICO: A POLÊMICA ENTRE HART E DWORKIN

Mostra-se essencial, para a tomada de posição a respeito de qualquer matéria relacionada à ciência do Direito, que o intérprete assuma um marco teórico claro, continuando a adotar a teoria do positivismo jurídico, principalmente com as ideias de Hart, ou as diretrizes desenvolvidas posteriormente, na chamada era do pós-positivismo, notabilizando-se o pensamento de Ronald Dworkin.[2] A adoção de uma posição é indispensável para a devida compreensão das escolhas futuras e principalmente para que o discurso jurídico não perca a sua coerência, tornando-se, muitas vezes, confuso e contraditório.

Assim, buscaremos traçar as linhas gerais do positivismo jurídico em comparação com a teoria desenvolvida posteriormente, ainda que de maneira sintética, visto que este estudo não tem como objetivo esgotar a polêmica sobre o tema.

A teoria, atualmente reconhecida como positivismo jurídico, teve como um dos seus primeiros idealizadores o filósofo John Austin, quando no século XIX desenvolveu suas ideias, que vieram a ser reconhecidas posteriormente pela comunidade jurídica em geral. Este pensamento veio a ser aprofundado pelo professor Herbert L. A. Hart, obtendo-se, na época, a consagração deste verdadeiro método de compreensão da teoria geral do direito.[3]

Nesse sentido, a histórica polêmica entre Hart e Dworkin deve, a todo o momento, ser relembrada, através das respectivas posições defendidas. Disse Hart, a propósito das críticas dirigidas por Dworkin, no pós-escrito da sua obra:

O conflito directo mais agudo entre a teoria jurídica deste livro e a teoria de Dworkin é suscitado pela minha afirmação de que, em qualquer sistema jurídico, haverá sempre certos casos juridicamente não regulados em que, relativamente a determinado ponto, nenhuma decisão em qualquer dos sentidos é ditada pelo direito e, nessa conformidade, o direito apresenta-se como parcialmente indeterminado ou incompleto.[4]

Prossegue Hart, argumentando que em tais situações o juiz deve exercer o seu poder discricionário[5], criando o direito, ao invés de aplicar o direito preexistente, concluindo que:

Assim, em tais casos juridicamente não previstos ou não regulados, o juiz cria direito novo e aplica o direito estabelecido que não só confere, mas também restringe, os seus poderes de criação do direito.

Esta imagem do direito, como sendo parcialmente indeterminado ou incompleto, e a do juiz, enquanto preenche as lacunas através do exercício de um poder discricionário limitadamente criador de direito, são rejeitadas por Dworkin, com fundamento em que se trata de uma concepção enganadora, não só do direito, como também do raciocínio judicial.[6]

Segundo Dworkin, para o positivismo o direito é tido como um conjunto de regras com o propósito de determinar qual comportamento será punido ou coagido pelo poder público, sendo apropriado relembrarmos alguns dos seus preceitos:

O conjunto dessas regras jurídicas é coextensivo com o ‘direito’, de modo que se o caso de alguma pessoa não estiver claramente coberto por uma regra dessas (porque não existe nenhuma que pareça apropriada ou porque as que parecem apropriadas são vagas ou por alguma outra razão), então esse caso não pode ser decidido mediante ‘a aplicação do direito’. Ele deve ser decidido por alguma autoridade pública, como um juiz, ‘exercendo seu discernimento pessoal’, o que significa ir além do direito na busca por algum outro tipo de padrão que o oriente na confecção de nova regra jurídica ou na complementação de uma regra já existente.

Dizer que alguém tem uma ‘obrigação jurídica’ é dizer que seu caso se enquadra em uma regra jurídica válida que exige que ele faça ou se abstenha de fazer alguma coisa. (Dizer que ele tem um direito jurídico, ou um privilégio ou imunidade jurídicos é asseverar de maneira taquigráfica que outras pessoas têm obrigações jurídicas reais ou hipotéticas de agir ou não agir de determinadas maneiras que o afetem.) Na ausência de uma tal regra jurídica validade não existe obrigação jurídica; segue-se que quando o juiz decide uma matéria controversa exercendo sua discrição, ele não está fazendo valer um direito jurídico correspondente a essa matéria.[7]

Austin definiu que o direito é um conjunto de regras especialmente selecionadas para reger a ordem pública, definindo, ainda, que ter uma obrigação era estar subsumido a uma regra, sendo regra vista como uma ordem de caráter geral e ordem como uma expressão do desejo de que outras pessoas comportem-se de um modo específico. Segundo Austin, os juízes têm poder discricionário para criação de novas regras na hipótese das regras existentes não se enquadrarem para solução dos hard cases.[8]

Hart, ao distinguir dois tipos de regras, classificadas de primárias e secundárias, desenvolveu um modelo mais complexo de positivismo. Chamou de regras primárias aquelas que conferem direitos ou impõe obrigações e de secundárias as regras que determinam de que maneira e por quem estas regras podem ser definidas, alteradas, revogadas ou declaradas ilegais. Ao contrário de Austin, que disse que toda regra é uma ordem de caráter geral, Hart ofereceu uma teoria geral das regras, dispondo que uma regra pode tornar-se obrigatória para um grupo de pessoas porque, através de suas práticas, esse grupo aceita a regra como um padrão de conduta, bem como que uma regra também pode tornar-se obrigatória ao ser promulgada, tornando-se obrigatória a partir deste momento conforme estipulado em uma regra secundária.[9] Assim, dizia Hart que uma regra pode ser obrigatória porque é aceita ou porque é válida, concluindo Dworkin:

Hart, como Austin, reconhece que as regras jurídicas possuem limites imprecisos (ele se refere a elas como tendo uma ‘textura aberta’) e, ainda como Austin, explica os casos problemáticos afirmando que os juízes têm e exercitam seu poder discricionário para decidir esses casos por meio de nova legislação. (Tentarei mostrar, mais adiante, por que aquele que pensa o direito como um conjunto especial de regras é quase inevitavelmente levado a explicar casos difíceis em termos de um exercício de poder discricionário por parte de alguém.)[10]

2. A CRÍTICA DE DWORKIN AO POSITIVISMO JURÍDICO

Dworkin critica severamente o positivismo jurídico, dirigindo seu ataque principalmente à versão construída por Hart, dispondo que particularmente nos hard cases o intérprete deve operar com princípios, políticas e outros tipos de padrões, tendo em vista que tais casos não conseguem ser solucionados como regras.

Sustenta que o positivismo é um modelo de e para um sistema de regras, denominando “política” um tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade e denominando “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade.[11]

Segundo Dworkin a diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica, pois, enquanto as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada, os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão de peso ou importância.[12] Com isso, os princípios não seriam aplicados por esse modo do tudo-ou-nada, mas pela dimensão de peso, porque diante do caso em concreto verifica-se qual dos dois princípios em conflito tem o peso maior.[13] Por isso não se tem como fugir de um sentido arbitrário, entendido como a adoção de certas escolhas, quando das decisões tomadas pelos juízes.[14]

Quando há conflito entre regras, uma irá necessariamente suplantar a outra. A escolha daquela que será válida, em detrimento da outra, é trazida pelo próprio sistema jurídico, por outras regras, que dão precedência à regra promulgada pela autoridade de grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais específica ou outra coisa desse gênero. Além da técnica trazida acima, o sistema norte-americano também dá prevalência para a regra fundada pelos princípios mais importantes.[15]

Procura Dworkin expor que existem dois caminhos distintos a seguir. Segundo Hart, os princípios são extralegais, que não se sustentam em razões de ordem jurídica, mas sim em questões de ordem moral, religiosa ou filosófica, por exemplo. Já Dworkin sustenta que os princípios fazem parte do direito, não tendo o juiz esse poder discricionário defendido por Hart, pois, na medida em que as regras se fundamentam em princípios, estes princípios não poderão ser vistos como extralegais.[16]

Existem duas concepções distintas em discussão. A teoria defendida por Dworkin visualiza o direito como um sistema formado tanto por princípios como por regras, como é o sistema norteamericano conforme exemplifica o próprio Dworkin. Conforme esta corrente, os princípios passam a ter aplicação obrigatória para os juízes, de tal modo que eles incorrem em erro ao não aplicá-los quando pertinente.

De acordo com o pensamento de Hart, se reconhece um poder discricionário ao julgador, indo o juiz além do direito, quando se vale de princípios extralegais. Segundo este pensamento positivista, o referido poder discricionário é utilizado quando o juiz decide um caso mediante a criação de um novo item de legislação, na hipótese em que tal situação não está coberta por uma regra.[17] Já, em contrapartida, o juiz não teria este poder discricionário quando há uma regra disponível a ser enquadrada no caso concreto, segundo a mesma concepção do positivismo jurídico.[18]

3. AS CARACTERÍSTICAS E AS FUNÇÕES DAS REGRAS E DOS PRINCÍPIOS

As regras e princípios possuem funções importantes e distintas, necessitando o sistema jurídico de ambos para o alcance dos objetivos traçados no próprio sistema, com vistas à efetividade jurisdicional e a segurança jurídica. Um sistema compreendido apenas por princípios poderia, com certa facilidade, acarretar arbitrariedades. Do mesmo modo, não poderíamos ter apenas regras, que viriam a engessar de maneira demasiada este sistema, gerando por vezes flagrantes injustiças, sobretudo em situações excepcionais, nos chamados hard cases. Por tais razões, os modernos sistemas jurídicos são tidos como um conjunto de princípios e de regras, cada um deles com funções distintas.

As regras buscam atribuir segurança ao sistema. Busca Humberto Ávila recuperar a dignidade das regras, para não chegarmos a arbitrariedades, revigorando a função dos princípios como critério de aplicação das regras, sustentando, com isso, que as regras devem ser aplicadas conforme critérios de justiça e os princípios segundo o critério da razoabilidade.[19]

As regras jurídicas possuem quatro funções básicas. Visam reduzir ou eliminar problemas de coordenação entre as pessoas, servindo para coordenar interesses em uma sociedade extremamente complexa, a fim de que pontos comuns sejam encontrados e as pessoas sejam unidas. Buscam também solucionar ou reduzir problemas de conhecimento, determinando o que é proibido ou permitido, neutralizando aspectos pessoais do destinatário e do aplicador da regra. Ao contrário do que parte da doutrina sustenta, as regras veiculam sim valores, notadamente o valor segurança, ao trazer a previsibilidade da ação do ser humano. A terceira função elencada é de que as regras têm como objetivo reduzir ou eliminar custos, relacionados a tempo e dinheiro, pois ao regrarmos condutas diminuem as necessidades de deliberação específica sobre o que já está previamente regrado. Por último, as regras têm como intuito estabelecer controles do poder, limitando o exercício do poder na medida em que há a impessoalidade do critério disposto, devendo ser uniformemente aplicadas. Caso contrário, são aplicadas de forma arbitrária e desproporcional.[20]

Princípio é a positivação de um valor, sendo reconhecidos como normas que garantem bens jurídicos e considerados instrumentos de justiça enquanto equidade. Exercem uma função de abertura do sistema, devendo ser aplicados com critérios, de maneira proporcional. Possuem função interpretativa, quando servem para a interpretação das regras, e função integrativa (ou bloqueadora), ao preverem uma regra de conduta quando ela não existe, podendo também gerar uma eficácia bloqueadora de uma regra existente no sistema. Isto é, visando impedir a aplicação de um regra no caso concreto, quando incompatível com o sistema.[21]

4. A DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS

Apresentados os dois modelos de compreensão e aplicação do sistema jurídico, ainda que em breve síntese conforme proposto, resta agora distinguirmos as regras dos princípios, tarefa esta bastante tormentosa, na medida em que regras ou princípios podem desempenhar papéis bastante semelhantes e a diferença entre eles ser reduzida a aspectos meramente formais.[22]

Segundo Humberto Ávila regra e princípio são institutos diversos, cada um deles tem características e finalidades próprias, tendo por conseguinte modos de interpretação diferentes. A expressão regra vem de regula que significa padrão e norma vem de normal. Toda regra tem como finalidade dispor acerca de situações que normalmente acontecem. Sendo assim, a regra muitas vezes pode abranger casos demais, mas nunca casos de menos, situações normais que deverá incidir.[23]

Para Ana Paula de Barcellos os enunciados normativos são divididos em princípios e regras. Os princípios descrevem um fim relativamente indeterminado, mas não absolutamente indeterminado, havendo apenas certo espaço de indeterminação, existindo o núcleo do princípio, que traz os seus elementos básicos. Esses princípios poderão também descrever a multiplicidade de meios para realização do fim estabelecido no próprio princípio. Já as regras são descrições de condutas, que definem meios para realização de um fim. Em um possível conflito, sustenta Ana Paula de Barcellos que as regras têm preferência sobre a área não nuclear do princípio. [24]

Prossegue Humberto Ávila dizendo que certos autores fazem uma distinção fraca entre princípios e regras, havendo outros autores que trazem uma distinção forte. Para o primeiro grupo, a única distinção é que as regras seriam mais determinadas e os princípios mais indeterminados, havendo apenas uma diferença de grau, estando superada a ideia de que os princípios seriam apenas programas, não-vinculantes.[25]

Todavia, nos últimos dez anos, essa distinção passou a ser forte, quando se definiu que as regras seriam aplicadas por meio de subsunção. Subsunção seria a verificação pelo aplicador da ocorrência do fato previsto na regra; isto é, ocorrendo o fato deverá ser aplicada a regra. A atividade do intérprete se limitaria a verificação de um encaixe conceitual. Todavia, Ávila pensa de forma diversa, sustentando que as regras também devem ser interpretadas, pois trazem orientações gerais, que muitas vezes podem ser injustas ao caso concreto. Por tais razões que as regras podem ser adaptadas ao caso concreto, mediante interpretação.[26]

Os princípios se aplicam mediante ponderação e não mediante subsunção. A ponderação operacionaliza-se pelo sopesamento de princípios diante do caso concreto, cuja teoria foi desenvolvida por Dworkin. Como exemplo, vale-se da metáfora da balança, tendo que ser visto qual dos dois princípios aplicáveis e porventura conflitantes tem maior peso, a fim de que seja feita a escolha através da ponderação.[27]

Alexy sustenta que a aplicação dos princípios se dá por ponderação, mediante a criação de regras de prevalência, pois os princípios são normas de borracha, são elásticos, não sendo aplicadas como trilhos de trem. Ocorrendo determinadas condições um princípio vai prevalecer em relação ao outro, o que não ocorre nas regras abstratas.[28]

Dworkin e posteriormente Alexy estabeleceram também outra diferença entre os modos de colisão entre princípios e regras. Enquanto o conflito entre regras é um conflito no plano abstrato – no plano da validade, o conflito de princípios se dá no plano concreto – no plano da eficácia e da contingência. Se duas regras entram em conflito, se instaura um problema que Alexy chama do dentro ou fora, constituindo-se o que ele chama de um duelo de vida e morte. Em contrapartida, no conflito entre princípios um dos princípios não morre, saindo no máximo ferido, mas continuando a viver. Neste caso o conflito não é posto no mesmo patamar do conflito entre regras, não sendo de vida ou morte, pois o princípio continua vivendo.[29] Humberto Ávila ressalta que temos regras que só entram em conflito no caso concreto, portanto no plano da eficácia e não no plano da validade, ao contrário do que diz Alexy.[30]

5. REGRAS E PRINCÍPIOS: CONFLITOS E SOLUÇÕES

Vivemos a fase da euforia dos princípios, sendo as regras avaliadas como normas de segunda categoria, com a tendência de tudo ser decidido com base nos princípios, esquecendo-se, muitas vezes, das regras existentes, constitucionais e justas. Temos que ter critérios objetiváveis para a aplicação dos princípios, porquanto o problema é o uso indiscriminado dos princípios, com o desprezo de regra sem qualquer sentido ou fundamentação. Nesta hipótese, com certeza, estaremos diante da aplicação equivocada de um princípio em detrimento de uma regra.[31] Constata-se também, muitas vezes, a aplicação equivocada de um princípio em razão do desconhecimento do próprio conteúdo deste princípio. Por exemplo na leitura equivocada do basilar princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.[32]

Por sua vez, as regras têm a sua importância no sistema jurídico e não podem ser simplesmente desconsideradas, devendo ser interpretadas com certo grau de rigidez e afastadas somente em caráter excepcional, quando afrontarem a ordem constitucional.

Um sistema ideal é aquele que convive de maneira harmônica com regras e princípios, não devendo se pensar na exclusão destes ou daquelas. Um sistema exclusivo de princípios não traz problemas apenas de insegurança jurídica, mas também de injustiça, porque não estabelece um tratamento isonômico, equitativo.

Defende Humberto Ávila o modelo do positivismo ético, vindo com isso a rejeitar tanto um modelo de formalismo puro, como também um modelo particularista quando da aplicação de regras, com a adoção de critérios e escolhas puramente pessoais. No conflito de princípios deve-se utilizar a técnica da ponderação, especificamente o postulado da proporcionalidade, que nada mais é do que uma espécie do gênero ponderação. Por óbvio que as regras devem ser observadas mas podem ser superadas quando colidirem com a ordem constitucional, o que deve ser evidenciado mediante um ônus argumentativo maior do que o normal.[33]

CONCLUSÃO

As normas devem ser classificadas em duas grandes categorias diversas: os princípios e as regras, que possuem funções distintas no ordenamento jurídico. A lei está pautada em princípios e valores que a sociedade intuitivamente conhece. Por sua vez os princípios conquistaram o status de norma jurídica, deixando de ser considerados apenas regras de caráter ético, sem eficácia jurídica ou aplicação direta e imediata.

Neste diapasão, a Constituição começa a ser vista como um sistema aberto de princípios e regras, onde as ideias de justiça e de realização dos direitos fundamentais passam a ser os maiores anseios a serem alcançados. Esse é o sistema ideal, existindo uma distribuição equilibrada de princípios e regras, onde as regras têm a função mais instrumental, como já visto, tendo como objetivo dar segurança jurídica ao sistema, com a previsibilidade e objetividade das condutas definidas.

Já os princípios, por trazerem normas mais abertas com essa flexibilidade, oportunizam a realização da justiça ao caso em concreto. Os princípios estabelecem valores a serem preservados ou objetivos a serem buscados, trazendo normalmente um conteúdo axiológico ou uma decisão política.              É no Título I que a Constituição estabelece os objetivos e princípios fundamentais que regem o Estado brasileiro, identificando o Brasil como um Estado social e democrático de Direito, devendo tais princípios ser utilizados como diretrizes para a interpretação sistemática das demais normas integrantes do nosso sistema jurídico.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª edição alemã. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 433.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História: a eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Trad. Nelson Boeira. 2. ed.                   São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

______. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional, 2005.

[1] Juiz do Trabalho do TRT da 4ª Região – Titular da Vara de Santana do Livramento. Especialista em Direito e Processo do Trabalho. Mestre em Direitos Fundamentais pela PUCRS. Professor convidado dos cursos de Pós-Graduação da PUCRS, do IDC e do CETRA, de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. Autor do livro A Eficácia dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores, Editora LTr.

[2] As ideias de Dworkin foram desenvolvidas posteriormente por diversos autores, valendo-se destacar principalmente Robert Alexy na Alemanha. Teoria dos Direitos Fundamentais. No Brasil registra-se, dentre tantos, a obra de Humberto Ávila, ÁVILA. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, sobretudo com o desenvolvimento acerca do postulado da proporcionalidade.

[3] Cf. DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 27.

[4] HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. trad. A. Ribeiro Mendes. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 335.

[5] Em sentido contrário, Dworkin entende não haver poder discricionário pelo juiz em tais hipóteses.

[6] HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. trad. A. Ribeiro Mendes. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 335.

[7] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 28.

[8] Cf. DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 29-30.

[9] Cf. DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 31-33.

[10] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 35.

[11] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 36.

[12] Cf. Humberto Ávila as regras também podem ser ponderadas.

[13] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 42-43.

[14] Cf. Humberto Ávila, no formalismo puro a rigidez é absoluta, inexistindo espaço para outras construções. Já no chamado positivismo presumido ou positivismo ético as regras podem ser superadas, fundamentando-se a respeito e provando-se que esta interpretação não irá gerar insegurança jurídica. Ávila sustenta que esta é a melhor teoria.

[15] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 43.

[16] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 46-47.

[17] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 46-50.

[18] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 54.

[19] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[20] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[21] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[22] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 44.

[23] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[24] BARCELLOS, Ana Paula de. O Começo da História: a eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 53-57.

[25] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[26] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[27] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[28] ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª. edição alemã. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 144-166, passim.

[29] DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; trad. Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª. edição alemã. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 144-166, passim.

[30] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[31] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

[32] Para Alexy, por exemplo, não há um princípio absoluto da dignidade da pessoa humana estabelecido na Constituição alemã, na medida em que a norma da dignidade humana deve ser tratada em parte como regra e em parte como princípio. Não é o princípio que é absoluto, mas a regra respectiva. A relação de preferência do princípio da dignidade humana em face de outros princípios determina o conteúdo da regra da dignidade humana. Desse modo, o princípio da dignidade da pessoa humana prevalecerá contra os princípios colidentes (ALEXY, 2008, p. 111-113).

[33] Cf. ÁVILA, Humberto, em aula ministrada na Escola Judicial do TRT da 4ª Região, 2009.

O Dano Social ao Direito do Trabalho

VALDETE SOUTO SEVERO[1]

SUMÁRIO: Introdução; 1. O Dano Social desde a Lógica de um Estado Constitucional; 2. O Necessário Resgate da nossa Capacidade de Indignação; 3. Por uma Conduta Pedagógica e Repressiva ao Dano Social; 4. Algumas Conclusões; Obras Consultadas.

INTRODUÇÃO

Inúmeras são as situações em que o trabalhador, embora titular da demanda processual, está longe de ser o único lesado em razão da conduta adotada pela empresa. A Justiça do Trabalho é pródiga em manter “clientes especiais”, que estão praticamente todos os dias na sala de audiências, representados por “prepostos oficiais”, contratados para a exclusiva tarefa de “montar” e acompanhar processos trabalhistas.

São empresas que optam pelo não-pagamento de horas extras, pelo pagamento de salários “por fora”, pela contratação de trabalhadores sem reconhecimento de vínculo de emprego ou mesmo por tolerar condutas de flagrante assédio moral no ambiente de trabalho. Constituem uma minoria dentre os empregadores e, por isso mesmo, perpetram uma concorrência desleal que não prejudica apenas os trabalhadores que contratam, mas também as empresas com as quais concorrem no mercado.

A macro lesão é demonstrada pelas inúmeras ações em uma comarca ou Estado, a revelar a reiteração da conduta lesiva. A tutela jurisdicional perseguida por um número expressivo de trabalhadores não obscurece o fato de que certamente sequer cinqüenta por cento dos profissionais lesados pela conduta da empresa buscam seus direitos junto à Justiça do Trabalho.

O número expressivo de processos relatando realidade de contumaz e reiterada inobservância de direitos trabalhistas revela a prática de “dumping social”. Ao desrespeitar o mínimo de direitos trabalhistas que a Constituição brasileira garante ao trabalhador, a empresa não apenas atinge a esfera patrimonial e pessoal daquele empregado, mas também compromete a própria ordem social. Atua em condições de desigualdade com as demais empresas do mesmo ramo, já que explora mão de obra sem arcar com o ônus daí decorrente, praticando concorrência desleal.

Em um país fundado sob a lógica capitalista, em que as pessoas sobrevivem daquilo que recebem pelo seu trabalho, atitudes com tais contornos se afiguram ofensivas à ordem axiológica estabelecida. Isso porque retiram do trabalhador, cuja mão de obra reverte em proveito do empreendimento, a segurança capaz de lhe permitir uma interação social minimamente programada. Ou seja, ao colocar o lucro do empreendimento acima da condição humana daqueles cuja força de trabalho justifica e permite seu desenvolvimento como empresa, o empregador nega-lhes condição de vida digna.

Na 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, realizada pelo TST, em 23.11.2007, da qual participaram operadores de todas as áreas do direito do trabalho, foi aprovado Enunciado dispondo:

“DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido “dumping social”, motivando a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no art. 404, parágrafo único, do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, como, aliás, já previam os artigos 652, “d”, e 832, § 1º, da CLT”.

O Enunciado retrata uma realidade diante da qual os Juízes do Trabalho não querem mais calar. Uma realidade que em última medida compromete o projeto de sociedade instaurado em 1988.

1. O DANO SOCIAL DESDE A LÓGICA DE UM ESTADO CONSTITUCIONAL

O compromisso das empresas com a manutenção do sistema capitalista passa pela observância das normas trabalhistas vigentes. Consequentemente, o desrespeito reiterado a essas normas, implica quebra do pacto social instituído na Constituição brasileira de 1988. Implica comprometimento do próprio sistema capitalista de produção que adotamos.

Nessa esteira, a confirmar o novo paradigma instaurado pela ordem constitucional de 1988, o artigo 187 do Código Civil define como ilícito o ato praticado pelo “titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. É nítida a opção legislativa, na esteira da ordem constitucional vigente, pelo paradigma da solidariedade, que determina uma nova visão acerca dos deveres de cada um e de todos, frente aos seus pares.

Não é por razão diversa, que a Constituição de 1988 inicia seus artigos estabelecendo os fundamentos da República e, dentre eles, faz constar           “os valores sociais do trabalho” e a livre iniciativa. Vale dizer: viver em um país capitalista, e, portanto, ditado pela regra da livre iniciativa, mas que se pretende democrático e de direito, implica a adoção de responsabilidade frente às lesões causadas pela simples assunção do risco ou pela deliberada negação de direitos fundamentais.

Os valores do trabalho são sociais na ordem constitucional vigente, porque não interessam apenas a quem trabalha. Importam à sociedade, que se pretende saudável e, portanto, imune a empregadores que tratam os seres humanos como meio para o atingimento do resultado lucro.

O reconhecimento da solidariedade como novo paradigma exige também, em diferentes aspectos, uma conduta diferenciada e comprometida do Estado-Juiz. Ao assumir a magistratura, cada um dos Juízes do Trabalho do Brasil reafirmou seu compromisso em cumprir a Constituição Federal. Essa é a missão do Juiz em um Estado constitucional. Cumprir a Constituição implica, também, coibir condutas que de modo reiterado negam a vigência de suas normas. Por isso mesmo, a verificação de existência de macro lesão exige um tratamento rigoroso e diferenciado, por parte do Poder Judiciário Trabalhista.

Em sentença proferida nos autos do processo n. 427/08-5, que tramita junto à comarca de Jundiaí, o Ex.^mo Dr. Juiz Jorge Luiz Souto Maior refere que:

“Os direitos sociais são o fruto do compromisso firmado pela humanidade para que se pudesse produzir, concretamente, justiça social dentro de uma sociedade capitalista. Esse compromisso em torno da eficácia dos Direitos Sociais se institucionalizou em diversos documentos internacionais nos períodos pós-guerra, representando também, portanto, um pacto para a preservação da paz mundial. Sem justiça social não há paz, preconiza o preâmbulo da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Quebrar esse pacto significa, por conseguinte, um erro histórico, uma traição a nossos antepassados e também assumir uma atitude de descompromisso com relação às gerações futuras. Os Direitos Sociais (Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social, com inserção nas Constituições) constituem a fórmula criada para desenvolver o que se convencionou chamar de capitalismo socialmente responsável”.

No mesmo processo, o Dr. Juiz Jorge Luiz Souto Maior também sublinha que:

“As agressões ao Direito do Trabalho acabam atingindo uma grande quantidade de pessoas, sendo que destas agressões o empregador muitas vezes se vale para obter vantagem na concorrência econômica com relação a vários outros empregadores. Isto implica, portanto, dano a outros empregadores não identificados que, inadvertidamente, cumprem a legislação trabalhista, ou que, de certo modo, se vêem forçados a agir da mesma forma. Resultado: precarização completa das relações sociais, que se baseiam na lógica do capitalismo de produção. Óbvio que esta prática traduz-se como “dumping social”, que prejudica a toda a sociedade e óbvio, igualmente, que o aparato judiciário não será nunca suficiente para dar vazão às inúmeras demandas em que se busca, meramente, a recomposição da ordem jurídica na perspectiva individual, o que representa um desestímulo para o acesso à justiça e um incentivo ao descumprimento da ordem jurídica”. Por isso, continua o admirável jurista, “as práticas reiteradas de agressões deliberadas e inescusáveis (ou seja, sem o possível perdão de uma carência econômica) aos direitos trabalhistas constituem grave dano de natureza social, uma ilegalidade que precisa de correção específica, que, claro, se deve fazer da forma mais eficaz possível, qual seja, por intermédio do reconhecimento da extensão dos poderes do juiz no que se refere ao provimento jurisdicional nas lides individuais em que se reconhece a ocorrência do dano em questão. A esta necessária ação do juiz, em defesa da autoridade da ordem jurídica, sequer se poderia opor com o argumento de que não lei que o permita agir desse modo, pois seria o mesmo que dizer que o direito nega-se a si mesmo, na medida em que o juiz, responsável pela sua defesa, não tem poderes para fazê-lo. Os poderes do juiz neste sentido, portanto, são o pressuposto da razão de sua própria existência”.

Trata-se de resgatar nossa capacidade de indignação e nosso papel, enquanto Juízes, de construtores de uma realidade moldada às pretensões constitucionais que representam, é bom que se registre, um projeto de abertura democrática e de consolidação de um capitalismo comprometido, na linha do que Ralws identifica como o ideal de justiça no âmbito de um liberalismo socialmente inclusivo.

2. O NECESSÁRIO RESGATE DA NOSSA CAPACIDADE DE INDIGNAÇÃO

É o espanto em relação às coisas da vida, desde as mais simples até as mais complexas, que impulsiona o homem a transformar o mundo a sua volta. O percurso histórico dos direitos fundamentais é prova do potencial humano de indignar-se e, com isso, modificar a realidade.

A experiência vivida no século passado, em especial com as duas grandes guerras, determinou a edição de pactos internacionais de garantia de direitos humanos como condição para a democracia. Hoje, nas mais variadas situações, nos deparamos com a inércia absoluta diante do extraordinário. Crianças dormindo nas ruas. Homens que, rejeitados, matam parceiros e filhos. Tudo assume ares de normalidade. A capacidade humana de espantar-se parece adormecida, alheia ao que ocorre num mundo de tantas possibilidades.

O Direito do Trabalho não foge a essa triste regra. Não nos espantamos mais com o fato de a mesma empresa manter centenas de ações trabalhistas discutindo idêntica matéria. Não nos indignamos diante da fraude, da falta de ética, da mentira. Perdemos nossa capacidade de espanto. Estamos anestesiados pelo volume de serviço, pela pressa, por nossas necessidades inventadas. Essa apatia se revela extremamente perigosa. A incapacidade de espanto pode traduzir-se, em curto prazo de tempo, na ausência de necessidade. Não precisamos de justiça no caso concreto, se não perseguimos mais a ética nas relações. Basta um programa de computador com as opções corretas, e tudo continuará como está. Renunciaremos ao verdadeiro Papel do Poder Judiciário, de espantar-se com as reiteradas e manifestas fraudes ao texto constitucional e transformar a realidade social, tornando-a mais inclusiva e menos cruel.

Não é mais possível conviver com o dano social provocado por empresas que lesam diariamente um grande número de trabalhadores, com a prática reiterada de condutas ilegais, que utilizam o tempo do processo e as infinitas possibilidades recursais, para se eximir de suas obrigações.        Não é razoável permitir condutas processuais flagrantemente temerárias         ou procrastinatórias, especialmente quando estamos lidando com direitos de natureza alimentar.

Esse sentimento de que é preciso atuar para coibir danos sociais é bem representado em decisão exemplar proferida em julho de 2007, na qual lê-se:

“Na presença de danos mais propriamente sociais do que individuais, recomenda-se o recolhimento dos valores da condenação ao fundo de defesa de interesses difusos. recurso parcialmente provido. (…) Além de possíveis respostas na esfera do direito penal e administrativo, o direito civil também pode contribuir para orientar os atores sociais no sentido de evitar determinadas condutas, mediante a punição econômica de quem age em desacordo com padrões mínimos exigidos pela ética das relações sociais e econômicas. Trata-se da função punitiva e dissuasória que a responsabilidade civil pode, excepcionalmente, assumir, ao lado de sua clássica função reparatória/ compensatória. “O Direito deve ser mais esperto do que o torto”, frustrando as indevidas expectativas de lucro ilícito, à custa dos consumidores de boa fé”[2].

O dano social, passível de ser ressarcido, é medida de espanto diante do que não deve ser. Traduz uma capacidade de indignação que infelizmente é escassa nos dias atuais. É o que vem reconhecendo a jurisprudência cível, que não se deixa intimidar pelo argumento da ausência de pedido da parte.

A questão da responsabilidade do empregador, em relação ao contrato de trabalho, extrapola a esfera de direitos dos contratantes, justamente em face da relevância social deste ramo do direito. Com base nessa premissa, começa a tomar forma a tendência, presente com força no direito norte americano, de se reconhecer a responsabilidade por dano social, sempre que a atividade da empresa, enquanto empregadora, causar macro lesões.

3. POR UMA CONDUTA PEDAGÓGICA E REPRESSIVA AO DANO SOCIAL

O caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade vem sendo revigorado no direito italiano, em face da premissa de que “la responsabilità civile ha conservato la funzione preventiva di comportamento sociale”^[3], de tal como que o Juiz deve agir mais para prevenir comportamentos contrários à ordem social, do que para reprimir comportamentos imorais^[4].

Quando trata da função de “pena privada” que a responsabilidade pode assumir, o doutrinador italiano Guido Alpa faz expressa menção ao fato de que a importância desse viés da responsabilidade civil cresce significativamente no Estado Social, na exata medida em que cresce a industrialização e “la presa di coscienza dei diritti dei lavoratori” e das consequências do consumo de massa^[5].

Também Paolo Gallo, em obra especialmente dedicada às chamadas “penas privadas”, aponta que a responsabilidade da empresa em face de seus empregados e dos produtos que coloca no mercado, é a primeira realidade  a determinar a criação de uma doutrina de responsabilidade sem culpa^[6], panorama dentro do qual ganha força o caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade.

O autor refere hipóteses nas quais é necessária a consideração do caráter punitivo da responsabilidade: quando não há dano, quando o enriquecimento de quem provocou o dano é maior que o dano em si, e quando o custo social do fato danoso é superior ao dano individualmente provado pela vítima, notadamente nos casos de responsabilidade da empresa^[7]. Exatamente aqui encontramos o fundamento para a responsabilidade por dano social.

A dificuldade na aplicação de uma indenização robusta em face do dano social verificado, apontada pelos autores italianos que tratam da matéria, diz especialmente com a circunstância de que a decisão nesse sentido poderá gerar o enriquecimento exagerado de uma das vítimas, em detrimento das demais. Esse argumento pode ser superado com a adoção da técnica de reverter o valor da indenização em favor de um fundo de execuções ou de amparo aos trabalhadores^[8].

O importante é perceber que na doutrina italiana o instituto ganha em importância pela percepção de que a indenização ‘punitiva’ tem “funzione moralizzatrice del mercato” e isso significa que “contro certi valori non si può andare, neppure nel caso in cui da um punto di vista strettamente econômico sarebbe più opportuno agire diversamente”^[9].

O fundamento reside na ideia de que ao desrespeitar o mínimo de direitos trabalhistas que a Constituição Federal garante ao trabalhador brasileiro, a empresa não apenas atinge a esfera patrimonial e pessoal de determinado trabalhador, mas também compromete a própria ordem social. Atua em condições de desigualdade com as demais empresas do mesmo ramo, já que explora mão de obra sem arcar com o ônus daí decorrente, praticando concorrência desleal.

O princípio da boa-fé objetiva, do qual decorrem os deveres de lealdade e de transparência, expresso no artigo 422 do Código Civil^[10], já mencionado, informa todos os âmbitos do direito, contaminando a aplicação das regras jurídicas. Traduz-se como regra de conduta. Nosso Estado Democrático de Direito, pautado que é pela dignidade da pessoa humana, pela valorização social do trabalho e pela função social, tem na boa-fé um elemento jurídico fundamental para toda e qualquer relação de direito que estabeleça.              Os deveres que decorrem da lealdade e da boa-fé objetiva operam defensiva e ativamente, isto é, impedindo o exercício de pretensões e criando deveres específicos. Um deles é o dever de lealdade, que impede (ou deveria impedir) um empregador de contratar sem formalizar o vínculo, de não pagar verbas trabalhistas ou de descartar o trabalhador, como se fosse mercadoria.

Em um país fundado sob a lógica capitalista, em que as pessoas sobrevivem daquilo que recebem pelo seu trabalho, atitudes que atentam de modo reiterado contra direitos fundamentais trabalhistas se afiguram ofensivas à ordem axiológica estabelecida. Isso porque retiram do trabalhador, cuja mão de obra reverte em proveito do empreendimento, a segurança capaz de lhe permitir uma interação social minimamente programada. Retiram sua segurança ao negar pagamento de verbas salariais ou ao submetê-lo a humilhações decorrentes da cobrança de metas. Ou seja, ao colocar o lucro do empreendimento acima da condição humana daqueles cuja força de trabalho justifica e permite seu desenvolvimento como empresa.

Nesse sentido, o professor Eugênio Facchini Neto, ao tratar da função social da responsabilidade civil, refere que:

“Se o Direito, muitas vezes, sente-se incapaz para evitar e neutralizar os riscos, se os danos são inevitáveis, frutos inseparáveis da convivência social e do desenvolvimento tecnológico, ao menos o Direito deve buscar formas de fornecer segurança jurídica, no sentido de que todo o dano injusto (entendendo-se por dano injusto todo aquele para o qual a vítima não deu causa) deve ser, na maior medida possível, reparado”. O autor conclui o texto declarando: “a idéia de função social, no âmbito do direito privado, está ligada ao valor da solidariedade.             A própria solidariedade, na verdade, nada mais é do que uma conseqüência jurídica da inerente socialidade da espécie humana.           Se a pessoa humana não consegue sobreviver senão em sociedade, se dependemos diuturnamente de outras pessoas, não só para vivermos com qualidade de vida, mas até mesmo para sobrevivermos, então resta claro que o que quer que façamos tem repercussão na vida de outrem. O Direito deve levar isso em consideração”[11].

Esse é o fundamento axiológico da noção de reparação do dano social, que atinge não apenas a esfera individual, mas também essa sociedade, que pretendemos seja justa e solidária.

É também nessa linha, o entendimento de Fabio Konder Comparato, que busca na função social da propriedade e da empresa o fundamento para uma responsabilidade pelos danos que extrapolam os limites de um contrato entre privados. Assevera que a função social da propriedade “é apresentada como imposição do dever positivo de uma adequada utilização dos bens, em proveito da coletividade”[12], cuja inobservância gera o dever de atuação estatal.

Esse dever foi explicitado, no direito anglo-saxão, pela política de aplicação de “punitive damages”, expressão inglesa para ‘indenização punitiva’, representada pela concessão de indenizações em valores capazes não apenas de ressarcir o dano efetivamente sofrido, mas também de cumprir finalidade punitiva, evitando que a situação se repita[13].

Trata-se de argumentação que encontra respaldo na ordem constitucional instituída em 1988. O artigo 170 da Constituição brasileira refere expressamente que a ordem econômica é “fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”. É secundado pelo artigo 187 do Código Civil, que coíbe condutas que atentem contra o “fim econômico ou social”, a boa-fé e os bons costumes.

Por sua vez, a aplicação de verdadeira pena privada, consistente        na condenação a pagamento de soma em dinheiro, nas hipóteses de           macro-lesão, é autorizada pelo artigo 404, parágrafo único, do Código Civil. Esse dispositivo refere que, uma vez verificada a insuficiência da reparação por meio de condenação a ‘perdas e danos’ com juros de mora, “e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”, independentemente de pedido da parte.

É importante, aqui, registrar que a exigência de pedido da parte afigura-se mesmo inusitada em se tratando de dano social. É que a indenização suplementar não tem por fundamento o ressarcimento da lesão a que se submeteu o autor do feito, mas sim a compensar lesão de espectro social e a inibir (essa é a questão fundamental) a reiteração de condutas que afetem a harmonia social.

No âmbito do direito do trabalho o artigo 652, letra “d”, da CLT, estabelece seja função do Juiz do Trabalho “impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência”. Note-se que não há, e nem poderia haver, limitação dessa função judicial a pedido da parte, já que não é o trabalhador o verdadeiro lesado e, por consequência, beneficiado em face da condenação pela prática de dano social. Logo, sequer é razoável exigir-lhe que formule pedido em tal sentido.

Também por isso, a condenação ao pagamento de indenização por dano social não é necessariamente de ser revertida em favor do autor do processo, justamente em face do que já foi referido, a acerca de sua finalidade e de sua razão de ser.

Nesse sentido, em texto escrito em 2004, Antônio Junqueira de Azevedo, professor titular da faculdade de direito da USP, escreveu artigo defendendo a existência de uma “nova categoria de dano social”, cuja coibição, por meio de aplicação de pena privada consistente em indenização suplementar, é         de ser aplicada de ofício pelo Juiz e, segundo ele, deve preferencialmente reverter em favor do autor do processo, como medida de política judiciária.  O autor mesmo ressalta, porém, que a própria natureza da indenização permite que ela seja revertida para algum fundo ou para a coletividade, como ocorre em inúmeras decisões na esfera cível[14].

A jurisprudência cível vem acolhendo esse raciocínio. Em decisão paradigmática, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu essa função social e punitiva da responsabilidade civil, impondo condenação, revertida ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos^[15].

Na decisão, o relator conclui que:

“É necessário que, por vezes, também o Direito Civil dê sua contribuição, via responsabilidade civil, para que a vida de relação          gire em torno de condutas éticas e morais compartilhadas por todos          os cidadãos de bem. E essa contribuição pode ser dada através de uma excepcional função punitiva da responsabilidade civil – que, é bom que se apresse a dizer, não se confunde com um simples critério de quantificação do dano moral”. E acrescenta tratar-se de hipótese em que “razoável a invocação da função punitiva, pois representa situação em que “os danos sociais são superiores aos danos individuais”.”

Trata-se de resgatar a clássica função punitiva da responsabilidade civil objetiva, de coibir a reiteração de práticas socialmente lesivas, fato que demonstra sua estreita ligação com as consequências do ato e não com a conduta do agente causador do dano. Mostra-se adequada, portanto, às hipóteses em que é possível identificar conduta reiterada de não-observância dos direitos fundamentais trabalhistas^[16], seja por implicar, ainda que por via oblíqua, concorrência desleal, seja por comprometer a busca de uma sociedade ‘justa e solidária’. Deve, pois, ser considerada inclusive no âmbito das relações de trabalho.

A Justiça do Trabalho está se sensibilizando para essa realidade.            Em recente decisão prolatada nos autos de Ação Civil Pública, o TST manteve condenação ao pagamento de indenização por dano social em face da terceirização por cooperativas, aduzindo que por estar evidenciada                “a violação por parte da recorrente à ordem social e econômica nacional, na medida em que disseminou a prática de conduta contrária às normas trabalhistas” era de ser reconhecida a “existência do dano social”^[17].

É importante registrar, também, a existência de Acórdão da 4^a Região, mantendo sentença de primeiro grau proferida pela Juíza Titular da 1^a Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, Andréa Saint Pastous Nocchi, no qual, em sede de embargos de declaração, o Relator, Desembargador Ricardo Carvalho Fraga, faz registrar que “a legitimidade do juiz, para deferir o pagamento de multa por dumping social, se justifica pela necessidade de coibir as práticas reiteradas de agressões aos direitos trabalhistas, por meio do reconhecimento da expansão dos poderes do julgador no momento da prestação jurisdicional, nas reclamatórias trabalhistas em que se verifica a ocorrência do referido dano”, não havendo falar em decisão extra petita[18].

Em outro Acórdão, o Relator Juiz Convocado Marçal Figueiredo registra que:

“Cabe ao juiz da causa e da comarca onde ocorrem os fatos oriundo da relação de trabalho e da própria atuação da(s) reclamada(s) envolvidas, a percepção do dano que determinado procedimento possa estar causando, notadamente a partir do comportamento judicial e do número de demandas denunciando fatos relacionados à precarização do direito do trabalho e mesmo atos ilícitos praticados contra a coletividade de trabalhadores”[19].

Recentemente, a 3^a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4^a Região confirmou decisão proferida no processo n. 0078200-58.2009.5.04.0005, que condenou uma empresa de call center e a companhia telefônica para a qual esta presta serviços, a indenizar a sociedade devido à violação sucessiva  de direitos trabalhistas. No site do Tribunal, a notícia foi veiculada com o seguinte conteúdo:

“A indenização por dumping social é uma penalidade às organizações que possuem diversas ações trabalhistas contra si, desrespeitando quase sempre os mesmos direitos dos seus empregados. Os magistrados a acrescentam na sentença de uma ação trabalhista individual, mesmo que o valor não seja pago ao autor da reclamatória (…) a empresa de call center possui mais de 1,5 mil processos ativos no Foro Trabalhista de Porto Alegre. Praticamente todas as ações envolvem o não pagamento de horas extras e distorções salariais significativas entre os empregados”. E a notícia prossegue: “mesmo propondo a redução do valor indenizatório, o relator do acórdão na        3ª Turma do TRT-RS, desembargador Ricardo Carvalho Fraga, reprovou a conduta das empresas. “A condenação solidária das reclamadas se justifica como forma de se coibir a conduta reiterada e sistemática de contratação de mão de obra irregular e precária, bem como para se coibir o agir do qual resulte em outras violações como as constatadas nos presentes autos” cita o acórdão”^[20].

Na ementa do acórdão, não há referência ao dano social, embora se trate de decisão paradigmática, frente à posição que vem adotando o              TRT da 4^a Região. Há certa resistência em enfrentar a modificação não apenas das relações jurídicas, mas também e especialmente do papel do processo e do Juiz do Trabalho, frente às macro lesões, exigindo pedido da parte que sequer é a beneficiária de eventual conseqüência econômica da pena privada e retirando do Juiz função que é nitidamente sua, em um contexto de Estado constitucional. Os novos ventos, porém, trazem esperança renovada nessa busca pela efetividade do direito.

O mesmo se faz sentir em outros Tribunais[21], como é exemplo a ementa a seguir transcrita:

“REPARAÇÃO EM PECÚNIA: CARÁTER PEDAGÓGICO. DUMPING SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. Longas jornadas de trabalho, baixos salários, utilização da mão-de-obra infantil e condições de labor inadequadas são algumas modalidades exemplificativas do denominado dumping social, favorecendo em última análise o lucro pelo incremento de vendas, inclusive de exportações, devido à queda dos custos de produção nos quais encargos trabalhistas e sociais se acham inseridos. “As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado Social e do próprio modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido `dumping social”” (1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, Enunciado nº 4). Nessa ordem de idéias, não deixam as empresas de praticá-lo, notadamente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, quando infringem comezinhos direitos trabalhistas na tentativa de elevar a competitividade externa. “Alega-se, sob esse aspecto, que a vantagem derivada da redução do custo de mão-de-obra é injusta, desvirtuando o comércio internacional. Sustenta-se, ainda, que a harmonização do fator trabalho é indispensável para evitar distorções num mercado que se globaliza” (LAFER, Celso – “Dumping Social”, in Direito e Comércio Internacional: Tendências e Perspectivas, Estudos em homenagem ao Prof. Irineu Strenger, LTr, São Paulo, 1994, p. 162). Impossível afastar, nesse viés, a incidência do regramento vertido nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a coibir – ainda que pedagogicamente – a utilização, pelo empreendimento econômico, de quaisquer métodos para produção de bens, a coibir – evitando práticas nefastas futuras – o emprego de quaisquer meios necessários para sobrepujar concorrentes em detrimento da dignidade humana”[22].

Importante citar, também, acórdão da lavra de Jorge Luiz Souto Maior, no qual, embora não haja condenação à indenização, o Relator faz extensa consideração acerca da importância do reconhecimento de dano social por parte dos empregadores que de modo reiterado e contumaz não respeitam direitos trabalhistas^[23].

Em outro processo, oriundo da 16ª Região, a indenização por “dumping social” é mantida em sede de segundo grau, com o argumento de que:

“É lícito esperar é que, por meio de modernas técnicas de gerenciamento de qualidade, os responsáveis pela Justiça brasileira assumam postura de maior ousadia e criatividade. Ousadia para traduzir em provimentos práticos aquilo que a ideologia da Carta Magna assegura aos cidadãos em termos de garantias fundamentais e da respectiva tutela jurisdicional”. E o voto prossegue, acrescentando que o “dano moral coletivo, na seara trabalhista, é visto sob o ângulo da integridade social dos direitos laborais, que, como se sabe, tem dimensão coletiva, pois ultrapassa o interesse individual do trabalhador, ocasionando um dano à sociedade. O empregador que, costumeiramente, lesa os direitos dos trabalhadores, agride a própria coletividade, que, também, sofre os reflexos da prática ilegal.”^[24]

Do mesmo modo, o Juiz do Trabalho Alcir Kenupp Cunha, do Mato Grosso do Sul condenou empresa de grande porte ao pagamento de indenização por dano social, argumentando que havia reincidência na inobservância dos direitos trabalhistas, com diversas condenações a indenização decorrente de doenças causadas aos seus empregados. Invocando o caráter pedagógico que deve ter a indenização, e o efeito didático pretendido, fixou indenização por dano social, consistente em:

“a) depósito , no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em favor do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (inc. VIII do art. 2º da Lei Complementar nº 111/2001); b) aquisição, para o hospital de Urgência e Trauma do Município de Dourados, de uma ambulância tipo UTI, nova e devidamente equipada – valor estimado R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); c) aquisição, para o órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho em Dourados, de um veículo, tipo caminhonete, cabine dupla, tração 4 x 4, para uso na fiscalização do trabalho – valor estimado R$ 100.000,00 (cem mil reais)”^[25].

A referência ao termo ‘dumping social’, presente tanto nas decisões referidas, quanto no enunciado aprovado pelos operadores do direito do trabalho e anteriormente reproduzido, faz surgir o argumento de que a repreensão por dumping limita-se ao direito comercial^[26].

Em realidade, o dumping social, classicamente associado à circulação de trabalhadores, ocorre também quando a prática de atos empresariais predadores, que não respeitam o ordenamento jurídico de um país, permitem que determinada empresa concorra em condições de vantagem desleal em relação às demais.

É certo que o total de custos relacionados à atividade empresarial, nos quais estão incluídos os custos decorrentes da manutenção de um ambiente saudável de trabalho e do pagamento das verbas trabalhistas, influi diretamente no preço final do produto ou serviço que determinada empresa colocará no mercado. O fato é que sequer precisamos nos valer da expressão “dumping” para explicar a ocorrência de dano social, passível (com base em nosso ordenamento jurídico, como tivemos a oportunidade de ver) de ser coibido mediante aplicação de penalidade significativa.

Por fim, importante salientar que a objeção de parte significativa da jurisprudência quanto à concessão, de ofício, de indenização por dano social, é facilmente superada. Além da dicção dos artigos 404, parágrafo único, do CPC, e 652, “d”, da CLT, que se destinam a regular ações individuais, temos que a própria origem do caráter punitivo da responsabilidade civil se verifica em situações individuais nas quais o dano coletivo é identificado^[27].

Nesse sentido, Mauro Cappelletti, já em 1977, escreveu sobre a necessidade de ampliação da legitimidade para a coibição de danos coletivos, valorizando o dever de o Juiz, em lides individuais, reconhecer a responsabilidade por macro lesões, fixando uma indenização que reconheça, inclusive, o viés punitivo da responsabilidade.^[28]

Na mesma linha é o raciocínio do professor Ovídio Baptista quando propugna a superação do dogma da racionalidade no direito processual, mediante novo olhar para esse instrumento de realização dos direitos, aduzindo que a visão ‘coletiva’ dos direitos e da própria ação (em seu sentido processual) permite o exercício político da solidariedade^[29].

4. ALGUMAS CONCLUSÕES

Precisamos, com urgência angustiante, recuperar nossa capacidade de indignação. Transformá-la na força necessária à concretização de direitos fundamentais trabalhistas que há mais de vinte anos estão esquecidos no texto constitucional. Na força indispensável à recuperação da ética nas relações de trabalho e, especialmente, da ética na atuação processual. Uma ética pautada pela confiança, pelo compromisso com a verdade, pela busca dos objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que busque a promoção do bem de todos, como afirma nossa carta constitucional.

Nesse contexto, o dano social, quando examinado sob a perspectiva  de um direito cuja natureza alimentar (art. 100, § 1º, da CF) e fundamental (arts. 6º a 11º, da CF) é manifesta, revela a necessidade de trilhar o caminho da solidariedade também no que tange à doutrina da responsabilidade civil.

Qualquer exame acerca da responsabilidade civil depende da adoção do paradigma da solidariedade social que a Constituição assumiu como novo fator axiológico para interpretação e aplicação do ordenamento. É a partir desse novo paradigma, que as relações privadas passam a ser analisadas. Passam, pois, a serem enfrentadas juridicamente a partir de seu espectro social, de suas conseqüências no plano da comunidade em que as partes estão inseridas e, diante da globalização, inclusive em âmbito mundial.

Essa visão teleológica (e axiológica) do tema responsabilidade permite que o operador do direito do trabalho amplie sua visão e enxergue no desrespeito contumaz de direitos trabalhistas conduta anti-social que, por isso mesmo, reclama não apenas a reposição do dano à vítima, mas a reconstrução (ou o resgate) do próprio pacto social de persecução de uma sociedade mais justa e solidária. Justiça e solidariedade são valores que contaminam as regras dos artigos 927 e seguintes do Código Civil e que devem determinar um olhar diferenciado de quem interpreta ou aplica o direito.

O sistema jurídico já tem os instrumentos necessários a uma atuação comprometida do Juiz, que recupere nossa capacidade de indignação. Basta que tenhamos coragem para enxergá-las e ousadia para aplicá-las.

OBRAS CONSULTADAS

ALPA, Guido. Trattato di Diritto Civile. V. IV. La Responsabilità Civile. Milano: Giuffrè, 1999.

AZEVEDO, Antônio Junqueira. Por uma nova Categoria de Dano na Responsabilidade Civil: o Dano Social. In RTDC, vol. 19, jul./set. 2004.

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e Ideologia. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais e Interesses Coletivos diante da Justiça Civil. Trad. Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos. In Revista de Processo, RT, São Paulo: jan./mar. 1977.

COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social. In Revista dos Tribunais, Ano 85, v. 732, out. 1996, p. 38-46.

FACCHINI NETO, Eugênio. A Função Social do Direito Privado. Revista da Ajuris: Doutrina e Jurisprudência. Porto Alegre, v. 34, n.105, mar. 2007, p. 153-188.

GALLO, Paolo. Pene Private e Responsabilità Civile. Milano: Giuffrè, 1996.

MARTINS-COSTA, Judith; PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e Abusos da Função Punitiva. In Revista CEJ, Brasília, n. 28, jan./mar. 2005, p. 15-32.

SANTOS, Enoque Ribeiro. Contribuições à Fixação da Indenização do Dano Moral Trabalhista. A Tese da Aplicação dos Exemplary ou Punitive Damages. In Justiça do Trabalho, n. 246, Porto Alegre: HS Editora, jun. 2004, p. 07-17.

[1] Juíza do Trabalho Substituta. Mestre em Direitos Fundamentais, PUCRS.

[2] Relator DR. HELENO TREGNAGO SARAIVA – Presidente – Recurso Inominado nº 71001281070, Comarca de Capão da Canoa: “DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. “Juízo de Origem: 1. VARA CAPAO DA CANOA CAPAO DA CANOA – Comarca de Capão da Canoa.

[3] ALPA, Guido. Trattato di Diritto Civile. V. IV. La Responsabilità Civile. Milano: Giuffrè, 1999, p. 156.

[4] Op. Cit., p. 158.

^[5] Idem, p. 159.

^[6] GALLO, Paolo. Pene Private e Responsabilità Civile. Milano: Giuffrè, 1996, p. 7.

[7] Op. Cit., p. 18. Faz referência, como de resto toda a doutrina que trata do tema, ao leading case Ford Corporacion x Grimshw. A discussão versa sobre um modelo de automóvel produzido pela FORD, que explodiu matando seus passageiros. A perícia detectou que a explosão se deu em função de o motor haver sido colocado na parte dianteira e que essa medida havia sido adotada pela empresa em face da redução no custo de produção do automóvel, de 15 dólares por carro. A condenação por responsabilidade civil considerou não apenas o dano gerado à vítima direta, mas a necessidade de que a Ford compreendesse que condutas como aquela não são toleradas dentro de um Estado de Direito (120 milhões de dólares em primeira instância, reduzido para 3,5 milhões de dólares em grau de recurso). Ou seja, para coibir sua reiteração. Sublinha o fato de que em tal caso, a aplicação da função punitiva da responsabilidade não decorreu da culpa da empresa automobilística, mas sim da extensão (social) do dano (e do risco) provocado. Ainda sim, em aparente contra-senso, o autor se posiciona contrário à aplicação de punitive damages nas hipóteses de responsabilidade objetiva (Op. Cit., p. 64). Posteriormente, esclarece que em sua origem, no direito anglo-saxão, a chamada ‘pena privada’ está relacionada com o dolo do agente, bem como a um comportamento “reckless”, definido pelo autor como aquele comportamento realizado “nonostante la consapevolezza circa la sua alta pericolosità sociale i relazione alla sua scarsa utilità”. (Op. Cit., p. 179). É evidente a conexão com a idéia de risco criado ou risco da atividade, a evidenciar a possibilidade de dano socialmente reprovável ainda quando se trate de responsabilidade objetiva. O próprio autor, que inicialmente nega a possibilidade de indenização por dano social em hipóteses de responsabilidade objetiva, acaba admitindo que “anche in un regime di responsabilità oggettiva, l´esistenza di un comportamento riprovevole varrebbe a giustificare límposizione di una pena privata”. (Idem, p. 185)

[8] Nesse sentido, tive a oportunidade de prolatar sentença na qual uma grande empresa, com mais de 4.000 processos em tramitação na Justiça do Trabalho, reiteradamente vem sendo condenada por não efetuar pagamento de horas extras. A conclusão de que essa empresa vem se firmando no mercado internacional, em detrimento de suas concorrentes, inclusive porque ignora solenemente os direitos fundamentais dos trabalhadores cuja mão-de-obra permite sua existência, fez com que fosse aplicada uma indenização significativa, a ser revertida para as demais execuções da Vara, arquivadas por falta de crédito, no limite de R$ 10.000,00 por demanda.

[9] Paolo Gallo, op. Cit., p. 169. O autor refere serem exemplos de situações inaceitáveis em um Estado Social, atos que afetam diretamente a vida humana, a saúde, a integridade física e a honra.

[10] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

[11] FACCHINI NETO, Eugênio. A Função Social do Direito Privado. Revista da Ajuris: Doutrina e jurisprudência. Porto Alegre, v. 34, n. 105, mar. 2007, p. 153-188.

[12] COMPARATO, Fábio Konder. Estado, Empresa e Função Social. In Revista dos Tribunais, ano 85, v. 732, out. 1996, p. 38-46.

[13] MARTINS-COSTA, Judith; PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e Abusos da Função Punitiva. In Revista CEJ, Brasília, n. 28, jan./mar. 2005, p. 15-32. A autora refere que “afirma-se como necessário um instituto apto a coibir ou a desestimular certos danos particularmente graves cuja dimensão é transindividual, ou comunitária, sendo certo que a pena pecuniária é eficiente fator de desestímulo”. Após expor o trajeto histórico da função punitiva da responsabilidade civil, observa que embora o artigo 944 do nosso Código Civil estabeleça que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, é possível considerar-se a função punitiva da responsabilidade, quando da fixação da indenização. Segundo seu ponto de vista (com o qual não concordamos) isso só deve ocorrer quando verificado dolo do agente, que traduz como “reprovação ético-jurídica à conduta”, já que o direito penal não aceita a responsabilidade objetiva. Aqui, temos de observar que a “função punitiva” da responsabilidade não se confunde com sanção penal e por isso mesmo, é matéria cível. Como a própria autora salienta, tem função de coibir a reiteração de práticas lesivas à coletividade. Portanto, o importante não é aferir a ilicitude da conduta do agente, mas os efeitos sociais do dano. O texto traz dois exemplos de decisões, do STF e do Tribunal de Justiça do RS, nas quais o caráter punitivo da responsabilidade civil foi invocado, em hipóteses de responsabilidade objetiva. Importante referir, ainda, que a autora defende a possibilidade de reversão da indenização fixada para um fundo que beneficie a coletividade, homenageando o ‘princípio da prevenção’.

[14] AZEVEDO, Antônio Junqueira. Por uma nova Categoria de Dano na Responsabilidade Civil: o Dano Social. In RTDC, vol. 19, jul./set. 2004.

[15] “TOTO BOLA. SISTEMA DE LOTERIAS DE CHANCES MÚLTIPLAS. FRAUDE QUE RETIRAVA AO CONSUMIDOR A CHANCE DE VENCER. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO VALOR DAS CARTELAS COMPROVADAMENTE ADQUIRIDAS. DANOS MORAIS PUROS NÃO CARACTERIZADOS. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA FUNÇÃO PUNITIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL.    NA PRESENÇA DE DANOS MAIS PROPRIAMENTE SOCIAIS DO QUE INDIVIDUAIS, RECOMENDA-SE O RECOLHIMENTO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO AO FUNDO DE DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.Não há que se falar em perda de uma chance, diante da remota possibilidade de ganho em um sistema de loterias. Danos materiais consistentes apenas no valor das cartelas comprovadamente adquiridas, sem reais chances de êxito. 2. Ausência de danos morais puros, que se caracterizam pela presença da dor física ou sofrimento moral, situações de angústia, forte estresse, grave desconforto, exposição à situação de vexame, vulnerabilidade ou outra ofensa a direitos da personalidade.3. Presença de fraude, porém, que não pode passar em branco. Além de possíveis respostas na esfera do direito penal e administrativo, o direito civil também pode contribuir para orientar os atores sociais no sentido de evitar determinadas condutas, mediante a punição econômica de quem age em desacordo com padrões mínimos exigidos pela ética das relações sociais e econômicas. Trata-se da função punitiva e dissuasória que a responsabilidade civil pode, excepcionalmente, assumir, ao lado de sua clássica função reparatória/compensatória. “O Direito deve ser mais esperto do que o torto”, frustrando as indevidas expectativas de lucro ilícito, à custa dos consumidores de boa fé. 4.Considerando, porém, que os danos verificados são mais sociais do que propriamente individuais, não é razoável que haja uma apropriação particular de tais valores, evitando-se a disfunção alhures denominada de overcompensantion. Nesse caso, cabível a destinação do numerário para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, criado pela Lei 7.347/85, e aplicável também aos danos coletivos de consumo, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CDC. Tratando-se de dano social ocorrido no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a condenação deverá reverter para o fundo gaúcho de defesa do consumidor”. (RO n. 71001249796, Terceira Turma Recursal Cível, unânime. Presidente e Relator: Dr. Eugênio Facchini Neto, julgado em 27 de março de 2007)

[16] SANTOS, Enoque Ribeiro. Contribuições à Fixação da Indenização do Dano Moral Trabalhista. A Tese da Aplicação dos Exemplary ou Punitive Damages. In Revista Justiça do Trabalho,            n. 246, Porto Alegre: HS Editora, p. 07-17.

^[17] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FAZENDAS POR COOPERATIVA. IRREGULARIDADE NA INTERMEDIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DESPROVIMENTO. A v. decisão recorrida encontra-se amparada na prova, que não pode ser revista em alçada recursal superior, ao descaracterizar a cooperativa, porque a atividade estava vinculada a -intermediação da contratação de trabalhadores rurais para prestação de serviços de forma pessoal, contínua e subordinada às fazendas do Município onde localizada-. Incidência da Súmula 126 do C. TST. (AIRR – 2293/2001-010-15-40.9, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 08/10/2008, 6ª Turma, Data de Publicação: 17.10.2008). Em outra decisão na mesma linha: COOPERATIVA DE TRABALHO. FRAUDE – A cooperativa de trabalho que se desvia de sua finalidade para atuar como intermediária de mão-de-obra, não somente deve ser proibida de celebrar novos contratos como condenada a indenizar pelo dano social que causou. (Processo 00587-2005-026-05-00-5 RO,  Ac. nº 002295/2007, Relator Desembargador RAYMUNDO PINTO, 2ª TURMA, DJ 14.02.2007)

^[18] Acórdão do processo 0011900-32.2009.5.04.0291 (ED), Redator: RICARDO CARVALHO FRAGA, Participam: FLÁVIA LORENA PACHECO, LUIZ ALBERTO DE VARGAS. Data: 01.02.2011 Origem: 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, disponível em www.trt4.jus.br, acesso em 20.03.2011.

^[19] Acórdão do processo 0143100-93.2009.5.04.0702 (RO). Redator: MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO. Participam: JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA, CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA. Data: 25.11.2010. Origem: 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria, disponível em www.trt4.jus.br, acesso em 20.03.2011.

^[20] Notícia veiculada no site: http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/ NoticiaWindow?cod=418305&action=2&destaque=false&filtros=, acesso em 02.05.2011.

[21] Em Blumenau, o Juiz José Hamilton Leiria condenou a Companhia de Urbanização de Blumenau (URB) a pagar quinhentos mil reais de indenização por dumping social, caracterizado pela prática recorrente de contratação sem concurso público. A reiteração de demandas similares e a evidência de um “padrão de conduta” contrário aos direitos fundamentais trabalhistas figuraram dentre os fundamentos da decisão proferida.

[22] TRIBUNAL 3ª Região. 00866-2009-063-03-00-3 RO. Quarta Turma, à unanimidade. Belo Horizonte,

19 de agosto de 2009. JÚLIO BERNARDO DO CARMO Desembargador Relator. Disponível em www.trt3.jus.br, acesso em 10.09.2010.

[23] Processo n. 00206-2007-078-15-00-4 RO, disponível em http://www.trt15.jus.br/voto/patr/2009, acesso em 03.10.2009.

[24] DUMPING SOCIAL – INDENIZAÇÃO – O constante descumprimento da ordem jurídica trabalhista acaba atingindo uma grande quantidade de pessoas, disso se valendo o empregador para obter vantagem na concorrência econômica com outros empregadores, o que implica dano àqueles que cumprem a legislação. Essa prática traduz-se em dumping social, pois prejudica toda a sociedade e configura ato ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola                    os limites econômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.              O art. 404, parágrafo único, do Código Civil, dá guarida ao fundamento de punir o agressor contumaz com uma indenização suplementar, revertendo-se esta indenização a um fundo público. COOPERATIVISMO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO.            A simples existência da cooperativa não legitima a terceirização de serviços, sejam eles inerentes, ou não, às funções finalísticas do empreendimento. Isto porque, como o contrato de trabalho é um contrato-realidade, faz-se imprescindível perquirir se os chamados “cooperados” atuaram como verdadeiros co-participantes, tendo sido, simultaneamente, beneficiários ou usuários dos serviços prestados pela cooperativa, ou se, em sentido inverso, laboraram em condições tradicionais de subordinação e dependência. Nesta segunda hipótese, a relação jurídica revelará uma forma camuflada de um verdadeiro contrato de trabalho. DAS ASTREINTES – As astreintes previstas no artigo 461, § 4º, do CPC surgiram com a finalidade de viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional, compelindo o devedor a cumprir o comando da sentença, sendo, por isso, perfeitamente aplicáveis ao Processo laboral, eis que compatível com a principiologia que norteia este ramo jurídico especial. Recurso conhecido e não provido. (PROCESSO: 00180-2006-015-16-00-5-RO. RELATOR: LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR. Julgado em: 04.03.2009, publicado em 25.03.2009).

^[25] Disponível em http://www.trt24.jus.br:8080/jurisprudencia/banco-sentencas-processo.jsf, acesso em 03.10.2009. A sentença foi, porém, modificada em sede de recurso ordinário, tendo o             TRT da 24ª Região estabelecido a impossibilidade de fixação de dano social, de ofício, pelo Juízo. (Processo n. 00259/2008-021-24-00-6).Em outro processo contra a mesma empresa (Perdigão) o Juiz Antônio Arraes Branco Avelino, também do Mato Grosso do Sul, conferiu indenização por dano social de R$ 500.000,00 (processo n. 01304-2007-022-24-00-5, disponível no mesmo site). Nesse caso, o Recurso Ordinário não foi conhecido, por deserto, tendo a parte demandada interposto Recurso de Revista, ainda não apreciado.

[26] Argumento importante, já que efetivamente a prática de dumping em sua concepção clássica, vem definida como “venda de produtos no mercado externo, a preços inferiores aos do mercado interno, visando a anular a concorrência”. (http://michaelis.uol.com.br). Dumping social, por sua vez, vem definido, especialmente no âmbito do direito europeu, como conceito associado à circulação de trabalhadores que, buscando melhores condições sociais, aportam nos países ou regiões mais desenvolvidas, engrossando os números do desemprego estrutural. A Comunidade Européia tem, inclusive, Diretiva fixando condições mínimas e equivalentes de trabalho para evitar que os trabalhadores de países do leste europeu se desloquem para os países mais desenvolvidos, a fim de buscar melhores condições de trabalho.

[27] No artigo antes citado, de lavra da professora Judith Martins-Costa, são examinados os leading cases do direito americano, que justificam a aplicação de punitive damages, todos eles ações propostas por cidadãos americanos, nas quais a indenização foi fixada em valor elevado, considerando o dano social causado e a necessidade de coibir a reiteração das condutas. (MARTINS-COSTA, Judith. PARGENDLER, Mariana Souza. Usos e Abusos da Função Punitiva. In Revista CEJ, Brasília, n. 28, jan./mar. 2005, p. 15-32)

[28] CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Trad. Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos. In Revista de Processo, RT, São Paulo: jan./mar. 1977.

[29] BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e Ideologia. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 319.

La Buena Fe en la disciplina laboral

PEDRO NIMO CABRERA[1]

SUMARÍSIMO: 1. Aproximación al Concepto de buena fe en el Derecho del Trabajo 2. Recepción Jurisprudencial del Concepto 3. Consagración Normativa dentro del Sistema de Negociación Colectiva 4. A Modo de Reflexión.

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE BUENA FE EN EL DERECHO DEL TRABAJO

En el presente trabajo abordaremos incipientemente el desarrollo de un concepto de raigambre de derecho común, que trasciende la disciplina derecho del trabajo, pero que ha tenido un desarrollo especial en materia laboral.

El concepto de buena fe en el derecho del trabajo, ha sido utilizado por los jueces nacionales a la hora de respaldar decisiones jurisprudenciales; así como por el legislador en reciente normativa laboral referente al sistema de negociación colectiva.

Desde la óptica doctrinal, en nuestro país, más allá de su consideración como principio de la materia laboral, desarrollado por el maestro Plá Rodríguez en la excelente obra “Los Principios del Derecho del Trabajo”, el estudio atinente al alcance y aplicación del principio de buena fe en las relaciones de trabajo – como línea directriz e inspirador de la materia – no ha sido objeto de análisis profundo por los autores.

Es valor admitido que la obligación de buena fe alcanza ambas partes del contrato de trabajo; la previsión contenida en el artículo 1291 del Código Civil, en cuanto mandata a la partes la ejecución de los contratos de buena fe alcanza al sujeto empleador y trabajador.

Como enseñaba Nelson Nicoliello, la buena fe aparece presidiendo               la contratación, y por tanto es un elemento jurídico indispensable para su interpretación e integración. “El problema de las lagunas en las normas generales. Revista Derecho Laboral, TXXVI, p.719.”

Parte de la doctrina iuslaboral tradicional refería a la buena fe dentro del elenco de las obligaciones del contrato de trabajo; por un lado el deber del trabajador de realizar su labor con eficiencia normal, fidelidad y deber de colaboración.

Respecto al dador de trabajo, sostienen que el deber de buena fe del empleador se traduce en el deber de previsión y protección. Krotoschin, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Vol.1, Ed De Palma, Bs As, 1978, p 314 y ss.

En la doctrina española, Montoya Melgar expresa que la buena fe en el derecho del trabajo tiene una “singular relevancia” en virtud del grado de implicación personal del trabajador y el carácter duradero de la relación            de trabajo. Montoya Melgar, Alfredo. La buena fe en el derecho del trabajo, Ed Tecnos, Madrid, 2001, p. 24-25.

El concepto de buena fe es esencialmente indeterminado, referente a un deber de conducta – de contenido ético – y en definitiva lo precisa el Juez a la hora de justipreciar.

La proyección de este principio en el ámbito del contrato de trabajo y relación de trabajo, también opera como límite a las facultades del empleador del poder de dirección, poder disciplinario, Jus variandi, envío al seguro de desempleo, dentro de la aplicación de nuevas tecnologías, entre otros actos ejercidos por el empleador. Mangarelli, Cristina. La Buena fe en el Derecho del Trabajo, Revista Derecho Laboral, N° 239, p. 317 y ss.

2. RECEPCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL CONCEPTO

Cada vez más, los jueces valoran las conductas de las partes – dentro de la relación de trabajo y también dentro del proceso – a los efectos de ponderar si las partes incurrieron en actos contrarios a la buena fe laboral.

Para ello, atienden a las especificidades de las obligaciones que nacen de los contratos laborales y las características de la prestación del sujeto trabajador.

En otro cariz, dentro del derecho colectivo del trabajo la Suprema Corte de Justicia ha aplicado e invocado el principio de buena fe en lo que respecta a la ejecución de convenios colectivos. Uno de los casos se plantea en al Sentencia N° 297 de 2003 ( citada por Mangarelli) referente a un colectivo de trabajadores que habiendo recibido una indemnización acordada mediante convenio colectivo conteniendo una transacción, posteriormente reclamaron una indemnización arguyendo que no les era oponible el acuerdo.

El máximo órgano judicial sostuvo que debían cumplir la transacción acordada mediante convenio colectivo.

3. CONSAGRACIÓN NORMATIVA DENTRO DEL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Hasta el dictado de la novísima Ley N° 18.566 de 11 de setiembre de 2009, conocida como Ley de Negociación Colectiva para el sector privado; nuestro país no contaba con un norma “específica” en la materia que introdujera el concepto de buena fe.

Hasta entonces; la buena fe solo era consagrada de en diversas normas generales e instrumentos internacionales de la materia (Art 7,72 y 332 de la Constitución, Art. 1291 del Código Civil y Declaración de la OIT de 1998 referente a principios y derechos fundamentales sen el trabajo.)

El artículo cuarto de la norma citada, bajo el nomen iuris (Deber de Negociar de Buena fe), en consonancia con lo establecido en la Recomendación (1981) de la OIT sobre N° 163 impone que “En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación.

Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan”.

De la lectura de la disposición citada, es de apreciar el alcance lato que el legislador le otorga al principio de buena fe, que consiste en la obligación de las partes de sentarse en la mesa de negociación; que los representantes negociadores tengan mandato para negociar; el deber de fundamentar las posiciones y el intercambio de información necesaria para facilitar el proceso de negociación.

Como es de apreciar, la buena fe engloba una serie de actos que las partes deben tener presente a fin de cumplir con el mandato legal.

Como lo ha sostenido la doctrina iuslaboral “ Aquí, el deber de negociar de buena fe, comporta para las partes no sólo la obligación de asumir una conducta negociadora leal y franca, sino la realización de actos concretos….. no sólo impone conductas negativas – no engañar, no ocultar o no ser reticente- sino que, sobre todo, exige conductas positivas. Supone entre otras, por ejemplo “ evitar todo retraso injustificado” o de realizar máximos esfuerzos para lograr un acuerdo”. Zapirain, Héctor. De la abstención a la regulación heterónoma. Apuntes sobre la ley de negociación colectiva para el sector privado, Revista Derecho Laboral N° 235, p 626 y s.

4. A MODO DE REFLEXIÓN

Como se adelantó, no existe en nuestro país un abordaje profundo del alcance e implicancia del principio de buena fe en el derecho del trabajo. Ahora bien, no podemos obviar la importancia de este verdadero principio de la disciplina laboral y las consecuencias que en los diferentes planos – contrato individual de trabajo, poder de dirección, relaciones colectivas y derecho sindical, seguridad social, proceso laboral – impregna su aplicación práctica.

El derecho del trabajo es un derecho social, y la exigencia de la buena fe para las dos partes involucradas en la relación laboral, ha permitido que el mismo adquiera una real significancia en el plano individual y colectivo, así como el análisis de nuestros jueces a la hora de decidir cuando una actitud implica responsabilidad en razón del alejamiento del concepto de “buen trabajador” o “buen empleador”.

[1] Advogado. Professor de Direito Previdenciário da Universidad de La Republica del Uruguay – UDELAR. Estudante de Maestria em Derecho del Trabajo y de La Seguridad Social da UDELAR.

APOSENTADORIA ESPONTÂNEA E  EFEITOS TRABALHISTAS –  DISCUSSÕES REMANESCENTES

CESAR ZUCATTI PRITSCH[1]

SUMÁRIO: Introdução; 1. Situação Anterior – Alteração Jurisprudencial; Regra Geral – Vício de Consentimento não se Presume; 2. Acumulação de Proventos do INSS e Remuneração X Decisão do STF na ADI 1770; 3. Aposentadoria Previdenciária e Vacância; 4. Servidor Público Celetista Estável – Formalidade do art. 500 da CLT – Presunção de Vício de Vontade; 5. Servidor Público Celetista – Aplicabilidade do Limite de 70 Anos de Idade; 6. Percepção de Complementação de Aposentadoria – Presunção de Interesse do Trabalhador na Rescisão do Contrato de Trabalho; 7. Novo Entendimento Jurisprudencial X Vantagens Criadas em Regulamento Empresarial no Regime Anterior; Conclusões.

INTRODUÇÃO

Em que pese já a partir de fins de 2006 se tenha sedimentado na jurisprudência o entendimento de que a aposentadoria espontânea previdenciária não extingue automaticamente o contrato de trabalho, remanesce debate sobre os desdobramentos da questão em algumas situações especiais, sobre as quais registraremos alguns breves comentários.

1. SITUAÇÃO ANTERIOR – ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL – REGRA GERAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO SE PRESUME

Com base no art. 453 da CLT[2], entendia-se que a aposentadoria previdenciária de um trabalhador coincidia com sua “aposentadoria” também para fins trabalhista, ou seja, que provocaria a automática rescisão do contrato de trabalho, rescisão esta não imputável ao empregador, portanto sem a incidência de aviso prévio nem multa de 40% do FGTS. Entretanto, a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas no julgamento          das ADI’s 1.721 e 1.770, em que declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT, houve guinada na jurisprudência trabalhista, como ilustra o cancelamento da OJ SDI1 177[3] e posterior edição da OJ SDI1 361[4], sedimentando-se que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho.

Assim, segundo o entendimento ora pacificado, pode o trabalhador continuar no mesmo emprego normalmente após sua jubilação previdenciária, a qual passou a ser juridicamente irrelevante em termos de efeitos propriamente trabalhistas.

Quando rescindido o contrato, seja simultaneamente com a concessão da aposentadoria previdenciária, seja tempos após, deve-se perquirir de quem partiu a iniciativa da ruptura contratual, presumindo-se, como regra geral, a dispensa imotivada, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, da mesma forma que ocorre com os rompimentos em geral, onde não envolvida a aposentadoria. Presume-se que a vontade do empregado era permanecer no emprego e que o desligamento “por aposentadoria” na realidade se tratou de dispensa imotivada, sendo devidas as pertinentes vantagens, como aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS de toda a contratualidade.

Impõe-se relembrar que tal presunção é relativa, e que não se pode chegar ao extremo de considerar devida a indenização rescisória em todos os casos, já que o desligamento do labor por ocasião da aposentadoria pode ser dar por vontade do próprio trabalhador, o que então equivale a um pedido de demissão.

Havendo pedido de demissão expresso ou outra manifestação de vontade equivalente, entretanto, não basta para infirmá-los uma alegação genérica de coação ou de outro vício de consentimento. Os vícios de consentimento não podem ser presumidos, afigurando-se imprescindível prova robusta de sua existência.

Em tal sentido tem decidido o TRT da 4ª Região, como exemplifica o seguinte aresto, onde confirmada sentença de nossa lavra:

0160400-16.2009.5.04.0202 (RO) – Redator: CARMEN GONZALEZ Data: 17/03/2011 Origem: 2ª Vara do Trabalho de Canoas

EMENTA: PARCELAS RESCISÓRIAS. PROVA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO PEDIDO DO EMPREGADO DE DESLIGAMENTO DOS QUADROS DA EMPRESA. Em que pese a aposentadoria espontânea não constitua causa extintiva do contrato de trabalho, a prova dos autos demonstra a iniciativa do reclamante para o rompimento do contrato de trabalho e ausente qualquer vício na manifestação de sua vontade, circunstância que exime o empregador do pagamento de parcelas decorrentes da despedida imotivada.

2. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS INSS E REMUNERAÇÃO X DECISÃO DO STF NA ADI 1770

Como já mencionado, o maior dissenso atual reside na aplicação do entendimento antes mencionado a algumas situações especiais.

É o caso do emprego público, para o qual parte respeitável da jurisprudência[5] tem aderido ao entendimento de que haveria óbice à continuidade da relação de emprego após a aposentadoria previdenciária em razão da vedação constitucional à acumulação de cargos ou empregos públicos e proventos de aposentadoria.

Tal, entretanto, não nos parece razoável.

Reza o art. 37, §10º da CRFB que:

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

A norma é expressa no sentido de que a vedação de acumulação de cargos ou empregos públicos com proventos de aposentadoria se aplica aos regimes de previdência especiais próprios dos entes públicos, previstos nos arts. 40, 42 e 142 da Carta Política. Não há qualquer menção ao art. 201 do mesmo Diploma, o qual consagra o Regime Geral de Previdência Social.

Trata-se do chamado silêncio eloquente, através do qual o constituinte derivado deixou claro que não pretendia equiparar, para fins de tal vedação, os regimes próprios dos entes públicos e o regime geral, vinculado ao INSS. A vedação de acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública se aplica aos casos em que o custeio de ambos decorra do tesouro dos próprios entes públicos empregadores, não alcançando as situações jurídicas em que a fonte de custeio dos proventos de aposentadoria decorre do Regime Geral de Previdência Social.

Em tal sentido tem reiteradamente decidido o TST, que entende que a OJ SDI-1 361 se aplica mesmo quando o empregador é a Administração Pública, não havendo falar em acúmulo ilícito com proventos de aposentadoria decorrentes do Regime Geral de Previdência Social, como exemplificam os seguintes arestos:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. EMPREGADA PÚBLICA ESTÁVEL. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS NO CONTRATO DE TRABALHO. Conforme a OJ n.º 361 da SDI-1 do TST, ‘a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação’. Esse entendimento tem aplicação ainda que se trate de vínculo empregatício com a Administração Pública direta, pois não existe no ordenamento jurídico pátrio óbice à continuidade da prestação de serviços pelo empregado público aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social. O § 10 do art. 37 da Constituição Federal veda apenas a cumulação da remuneração de cargo, emprego ou função pública com os proventos das aposentadorias decorrentes dos arts. 40, 42 ou 142 da Constituição Federal, ou seja, de regimes previdenciários especiais (servidores estatutários, magistrados, membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares e membros das forças armadas). Recurso de revista conhecido e provido. (RR – 5309/2007-678-09-00.2, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, DEJT 28.08.2009)

RECURSO DE REVISTA – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – CONTINUIDADE            DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPRESA PÚBLICA – EFEITOS.     O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a aposentadoria espontânea não constitui causa de extinção do contrato de trabalho, a partir do qual esta Corte Superior se posicionou quanto à manutenção do vínculo empregatício após a aposentadoria, quando há a continuidade na prestação do serviços, hipótese dos autos. Acrescente-se que a vedação de acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública de que cogitam os arts. 37, § 10, 40, 42 e 142 da Constituição Federal leva em consideração a unicidade das fontes dos proventos e da remuneração dos cargos, empregos ou funções públicas, mas não alcança as situações jurídicas em que a fonte de custeio dos proventos de aposentadoria decorre do Regime Geral da Previdência Social e a remuneração, dos cofres públicos. Precedentes do STF.

Recurso de revista conhecido e provido. (RR – 76300-55.2007. 5.10.0001, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 25.02.2011).

A discussão adquire contornos mais complexos, entretanto, ante os fundamentos da decisão do Pleno do STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.770-4-DF, (DJ 01.12.2006), relatada pelo Ministro Joaquim Barbosa, cuja ementa diz:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos – vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –, quer porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.

São, pois, indicados como fundamentos para a declaração da inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, o fato de que sua redação permitiria “como regra, a acumulação de proventos e vencimentos – vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, bem como “porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício”.

Existe aparente conflito intrínseco em tal decisão, uma vez que um de seus fundamentos, em princípio, excluiria a validade do outro e vice-versa. É que, caso se considere vedada a acumulação de proventos do INSS com vencimentos pagos pela Administração Pública, então seria juridicamente impossível o empregado público, após a jubilação, manter hígido seu contrato de trabalho, o qual estaria automaticamente rompido. Como decorrência lógica, não haveria como declarar inconstitucional o § 1º em tela por                      se fundar “na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício”, já que tal rompimento seria obrigatório, em tal hipótese interpretativa, a fim de evitar o acúmulo tido como vedado. O mesmo raciocínio também pode ser feito de forma inversa: se o Excelso Pretório declarou a inconstitucionalidade de tal norma justamente “porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício”, então não há como considerar que a continuidade de tal vínculo resultaria em situação de acúmulo ilícito.

Por outro lado, a decisão menciona “a acumulação de proventos e vencimentos – vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, citando em tal sentido, como precedentes, o RE 163.204, RE 463.028,             AI-AgR 484.756, ADI 1.328, RE 141.376, RE 197.699. Em qualquer de tais precedentes, entretanto não há sequer menção à acumulação de cargos e empregos públicos com proventos do INSS, mas tão-somente com proventos de regimes próprios dos servidores públicos estatutários.

Ademais, o acórdão da ADI 1770 menciona “que o entendimento do Tribunal foi confirmado com o advento da Emenda Constitucional nº 20, que taxativamente vedou o tipo de acumulação ora em questão ao acrescentar o § 10 ao art. 40 [rectius: art. 37] da Carta de 1988 …”. No entanto, como já mencionado acima, tal norma faz referência apenas aos arts. 40, 42 e 142 da CRFB, atinentes aos regimes próprios dos entes públicos, sendo evidentemente intencional a omissão do constituinte quanto ao Regime Geral de Previdência Social (art. 201) denotando que não pretendia que fosse incluído na vedação.

Tal análise se confirma pela dicção do próprio Ministro Joaquim Barbosa, relator na ADI 1.770, que indeferiu liminar na Reclamação 7733, entendendo que a decisão reclamada tem fundamento, ao destacar                “a circunstância de o art. 37, § 10 da Constituição proibir a acumulação             de proventos oriundos dos regimes previstos nos arts. 40, 42 e 142 com remuneração”, enquanto que “o benefício previdenciário aplicável à interessada pautar-se-ia pela sistemática do art. 201 da Constituição”:

Rcl 7733 MC/SP – SÃO PAULO – MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO – Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA – DJe-084 DIVULG 07/05/2009 PUBLIC 08/05/2009 (…)

Ainda ressaltando o juízo eminentemente liminar, observo que a decisão reclamada invoca com fundamento a circunstância de o art. 37, § 10 da Constituição proibir a acumulação de proventos oriundos dos regimes previstos nos arts. 40, 42 e 142 com remuneração. Em situação diversa, o benefício previdenciário aplicável à interessada pautar-se-ia pela sistemática do art. 201 da Constituição, como se lê no seguinte trecho da sentença reclamada: “Não ocorre o alegado óbice à cumulação de proventos e salário, pois o § 10 do art. 37 remete expressamente às aposentadorias previstas nos artigos 40, 42 e 142, da Constituição Federal, que não se confundem com o benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social, fixado no art. 201.” (Fls. 139). Assim, e sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito, ainda não está plenamente caracterizada a identidade entre o precedente indicado e a situação retratada na decisão reclamada.

O entendimento de que não é vedada a acumulação de emprego público com proventos do INSS, pois, é harmônico com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos julgados acima. No mesmo sentido é ainda o acórdão prolatado no RE 387269, julgado em 04.11.2004, além    de diversos julgamentos monocráticos prolatados em Reclamações, estes últimos bem recentes, indicando que mesmo após a ADI 1770, predomina tal entendimento no Supremo. Exemplificamos abaixo.

O Ministro Ricardo Lewandowski tem decidido na mesma senda, como nas Reclamações 8.246 e 7.982, esta última parcialmente transcrita:

Com efeito, dispõe ao art. 37, § 10, da Constituição que ‘é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração’ (grifei). Ora, o benefício previdenciário percebido pelos interessados está embasado no art. 201, § 7º, do Texto Constitucional, o que afasta a cumulação vedada. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Casa, conforme se observa do julgamento do RE 387.269/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, em que consignou: ‘O Município confere à norma apontada como infringida, ou seja, ao § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, alcance que o dispositivo não tem. Como consta em bom vernáculo no texto constitucional, ‘é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. Vale dizer que, consoante bem decidiu o Tribunal de origem, a glosa diz respeito à acumulação de proventos decorrentes da aposentadoria como servidor público, considerado o regime específico e remuneração do novo cargo. A recorrida aposentou-se pelo Regime Geral de Previdência Social, não havendo, assim, a impossibilidade de assumir o novo cargo. Pouco importa que haja sido servidora do Município.         À luz do texto constitucional, cumpre perquirir a fonte dos proventos, que, iniludivelmente, não está nos cofres públicos. Isso posto, nego provimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). (Reclamação 7982 AgR, julgado em 29.07.2009, relator Ministro Ricardo Lewandowski)

Também o Ministro Ayres Britto julga no mesmo sentido, registrando que tal entendimento coincide com aquele fixado pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 1.721, de sua relatoria:

Rcl 9034 MC/SP – SÃO PAULO – MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO – Relator(a): Min. CARLOS BRITTO – DJe-184 – PUBLIC 30.09.2009 (…).

5. No caso, não tenho como presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. É que, neste juízo provisório, concluo que, na ADI 1.770, este Supremo Tribunal Federal nada decidiu sobre a possibilidade de acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com salários pagos pelo empregador público. (…)

7. Bem vistas as coisas, o Relator não se posicionou sobre a possibilidade de acumulação do benefício de aposentadoria            pago pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 202 da CF) com  a remuneração do emprego público. E não o fez porque a inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT estaria na premissa, ínsita ao dispositivo legal, de que a aposentadoria espontânea dos empregados públicos rompe automaticamente seus vínculos empregatícios. Tanto é assim que os Ministros Joaquim Barbosa (ele próprio o Relator da ADI 1.770) e Ricardo Lewandowski indeferiram medidas liminares, respectivamente, nas Rcl’s 7.733 e 8.246, in verbis: (…)

9. Cuida-se, por fim, de entendimento que coincide com aquele fixado por este nosso Supremo Tribunal no julgamento       da ADI 1.721, de minha relatoria: “4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador” (grifei).

10. Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de uma mais detida análise quando do julgamento do mérito.

Adotando a mesma ótica, o Ministro Gilmar Mendes:

Rcl 8484 / SC – SANTA CATARINA – RECLAMAÇÃO – Relator(a): Min. GILMAR MENDES – Julgamento: 06/12/2010 Publicação – DJe-243 DIVULG 13/12/2010 PUBLIC 14/12/2010

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) contra ato da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que, ao decidir pela aplicação de multa de 40%, além de aviso prévio indenizado e seus reflexos, teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.770, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 1.12.2006, cuja ementa dispõe: (…) A decisão reclamada concluiu que a aposentadoria espontânea do empregado, ainda que o empregador seja sociedade de economia mista ou empresa pública, não encerra, por si só, o vínculo laboral. Essa decisão está de acordo com a orientação firmada nesta Corte tanto na ADI 1.770, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 1.12.2006, como na ADI 1.721, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 29.6.2007. (…) Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF). (…)

A Ministra Carmen Lúcia, em que pese, por questões processuais, tenha indeferido liminar onde pretendida a reintegração do trabalhador junto ao Município de Manduri, tratou de registrar seu posicionamento quanto ao mérito de forma similar:

RECLAMAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.721/DF E 1.770/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (…)

4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador.

5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum.

6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. (…)

(Rcl 10971/SP – SÃO PAULO – RECLAMAÇÃO – Relator(a):         Min. CÁRMEN LÚCIA – Julgamento: 29/11/2010)

Em decorrência, parece-nos inafastável o entendimento de que a aposentadoria espontânea concedida pelo INSS a servidor celetista ou empregado público não importa em extinção automática do contrato de emprego, não havendo falar em acumulação vedada, já que no §10º do              art. 37 da CRFB foi propositalmente omitida referência ao art. 201 da        Carta, denotando que o constituinte não pretendeu que o Regime Geral de Previdência Social integrasse a proibição, estando no mesmo sentido a jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho e do próprio Supremo Tribunal Federal.

3. APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA E VACÂNCIA

Também tem sido suscitada em alguns julgados, como causa de extinção de vínculos de emprego com a Administração Pública Direta ou Indireta, a tese de que a aposentadoria espontânea previdenciária importaria em vacância do respectivo emprego público.

Tal interpretação, entretanto, se encontra em desarmonia com nosso ordenamento jurídico, já que a legislação prevê a aposentadoria como hipótese de vacância apenas quanto aos cargos efetivos, de vínculo institucional ou estatutário (art. 33, VII, da Lei 8.112/90, por exemplo). Já para a legislação trabalhista, aplicável aos contratos de emprego mesmo quando o empregador seja a ente público ou paraestatal, não existe o instituto da vacância, tampouco importando a aposentadoria previdenciária em automática extinção do contrato de emprego (situação pacificada com as decisões vinculantes do STF nas ADIs 1770 e 1721 e, ainda com a OJ SDI1 361, do TST).

É que a Administração, quando opta por contratar pelo regime celetista, despe-se de seu poder de império e se sujeita às normas trabalhistas, como qualquer empregador privado, ressalvadas algumas intersecções com o direito administrativo constitucionalmente previstas (como a contratação por concurso, por exemplo). Em decorrência, ainda que por hipótese algum ente público estadual ou municipal legislasse no sentido de que a aposentadoria do celetista enseja vacância ou extinção do contrato, a par de haver inconstitucionalidade pelos mesmos fundamentos ventilados nas ADIs 1770 e 1721, tal norma também seria inconstitucional por invadir a competência legislativa privativa da União sobre direito do trabalho.

Temos, pois, que a aposentadoria previdenciária não pode ser considerada como causa de vacância em relação ao servidor celetista ou empregado público.

4. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ESTÁVEL – FORMALIDADE DO ART. 500 DA CLT – PRESUNÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE

Uma outra peculiariedade merece destaque em relação aos efeitos da aposentadoria voluntária no contrato de emprego vinculado à Administração Pública.

Trata-se do chamado servidor público celetista, cujo empregador é o próprio ente público, da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, contratado pelo devido concurso público ou beneficiado pela regra de transição prevista no art. 19 do ADCT, para o qual a jurisprudência se firmou considerando aplicável a estabilidade prevista no art. 41 da CRFB (Súmula 390 do TST[6]).

O art. 500 da CLT[7] institui pressuposto de validade do pedido de demissão de trabalhador estável, demandando a assistência do sindicato da categoria, ou, “se não o houver, perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho” (esta última hipótese, uma das raras previsões de atuação da Justiça Laboral em jurisdição voluntária ou atuação administrativa). Assim, dada a renúncia à estabilidade decorrente do pedido de demissão, impõe-se o cumprimento da formalidade sob pena de presumir-se vício de vontade, com o reconhecimento da nulidade do ato e conseqüente reintegração do empregado estável, ressalvado, como destaca Maurício Godinho Delgado[8] em hipótese similar, que “não se trata, evidentemente, de presunção absoluta, porém relativa, admitindo prova convincente em sentido contrário”.

Entendeu o legislador que o pedido de demissão de empregado estável deveria ser assistido justamente para que fosse bem esclarecido das consequências de sua decisão, notadamente de que detinha estabilidade e da gravidade da renúncia à mesma, a fim de que pudesse escolher livremente e bem informado, afastando eventual vício de vontade.

Em muitos casos, dado perfil sócio-profissional do trabalhador, frequentemente com baixo nível de escolaridade, é comum que não tenha real noção da extensão de seus direitos, às vezes nem sabendo que porta estabilidade no emprego ou que poderia continuar trabalhando após a aposentadoria previdenciária. Infelizmente, também é frequente que o empregador não lhe esclareça sobre tais aspectos, ou mesmo que tenha entendimento ou interesses em sentido contrário, omitindo a informação.

Assim, se por ocasião da aposentadoria espontânea previdenciária um servidor público celetista estável se desligar do emprego sponte sua, por pedido de demissão, imprescindível a comprovação de que houve a assistência prevista no art. 500 da CLT, sob pena de se presumir vício de consentimento em tal pedido de demissão, com a nulidade do ato e reintegração ao labor.

5. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA – APLICABILIDADE DO LIMITE DE 70 ANOS DE IDADE

Fixada acima a premissa de que o servidor público celetista mantém sua estabilidade e pode remanescer no mesmo contrato de emprego mesmo após a aposentadoria previdenciária, mais uma interessante questão se desdobra: então em que momento se processaria o desligamento de um servidor celetista estável? Prosseguindo com o raciocínio, poder-se-ia cogitar de o momento da extinção contratual ficar de forma permanente (ou vitalícia) sujeita ao exclusivo arbítrio do trabalhador? Poderia tal servidor exigir a manutenção de sua vaga até os 80, 90, ou mesmo 120 anos de idade, ad absurdum?

A solução parece-nos já se encontrar posta em nosso ordenamento jurídico.

Da mesma forma que se aplica a estabilidade do art. 41 da CRFB aos servidores públicos celetistas, também lhes deve ser aplicado o mesmo limite de idade, de 70 anos, previsto no art. 40, §1º, II, para que permaneçam na ativa.

É que, embora a literalidade do caput do art. 40 se refira aos servidores que contribuíam para os sistemas próprios de previdência dos entes públicos, não havia porque serem mencionados expressamente aqueles ligados ao Regime Geral de Previdência Social, já que, na época, era tranquilo o entendimento de que a aposentadoria voluntária previdenciária também correspondia à “aposentadoria” trabalhista, ou seja, a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado.

Por outro lado, a determinação de compulsoriedade para a aposentadoria aos 70 anos de idade indica o limite tido como razoável pelo constituinte para renovação da força de trabalho do serviço público, sob pena, contrario sensu, de se ter excessivo envelhecimento de tal mão de obra, com presumível queda de produtividade e eficiência na prestação do serviço público.

Ademais, a situação seria anti-isonômica em relação aos servidores estatutários, já que, conforme exemplo acima, poder-se-ia chegar à situação de servidor celetista de 80, 90, ou mesmo 120 anos de idade, ainda na ativa, enquanto seus pares servidores estatutários são compelidos a deixar o cargo aos 70 anos de idade.

Logo, o exame da questão através de hermenêutica histórica e sistemática conduz à aplicação do limite de constitucional de 70 anos de idade também para os servidores públicos celetistas.

Em conclusão, embora não seja o contrato de emprego dos servidores públicos celetistas automaticamente extinto com a aposentadoria previdenciária, tal deve ocorrer quando do implemento da idade de 70 anos. Extinto o contrato em razão do termo constitucional, não se cogitará iniciativa do empregador, portanto quando de tal extinção não lhe serão imputáveis parcelas típicas         da dispensa imotivada, como o aviso prévio indenizado e multa de 40%       do FGTS.

6. PERCEPÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PRESUNÇÃO DE INTERESSE DO TRABALHADOR NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Outra discussão recorrente em processos nos quais se debatem os efeitos da aposentadoria voluntária previdenciária sobre o contrato de trabalho são os casos que envolvem planos de complementação de aposentadoria. Geralmente a lide versa sobre a causa da ruptura contratual, se de iniciativa do empregado ou do empregador, com a conseguinte discussão acerca das verbas rescisórias aplicáveis.

No caso em comento, a existência de complementação de aposentadoria, a ser paga a partir do desligamento dos quadros do empregador deve ser levada em conta na aferição do motivo da ruptura contratual.

Veja-se que tal situação não pode ser valorada da mesma forma que aquela atinente à maioria dos trabalhadores, onde a troca do salário pelos proventos do INSS significa prejuízo, pois geralmente inferior ao que se vinha recebendo na ativa, enquanto que para os empregados beneficiados por planos de complementação de aposentadoria, esta lhes garantirá a manutenção da mesma renda que percebiam na atividade, fazendo presumir o interesse do empregado desligar-se do emprego quando de sua aposentadoria, já que mantendo os mesmos rendimentos sem precisar prestar trabalho.

Ressalve-se que tal presunção é também meramente relativa, sendo sempre conveniente a colheita de outros elementos que a confirmem ou mesmo, eventualmente, levem à conclusão contrária.

7. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL X VANTAGENS CRIADAS EM REGULAMENTO EMPRESARIAL NO REGIME ANTERIOR

Como última questão que trazemos para debate neste breve estudo, está a considerável distorção de vantagens concedidas em regulamento empresarial num contexto em que a aposentadoria previdenciária importava também no desligamento do emprego, sobrevindo alteração de entendimento jurisprudencial, segundo o qual a aposentadoria voluntária previdenciária passou a não mais ser considerada causa de automática extinção do contrato de trabalho.

Inicialmente, rememoramos que regulamentos empresariais, embora tenham aparência de regra jurídica, geral, abstrata e impessoal, não são consideradas como tais pela pacífica jurisprudência trabalhista, já que representam manifestação unilateral de vontade do empregador, apenas a este vinculando, aderindo ao contrato individual do trabalho como cláusula contratual, vedada a posterior alteração unilateral, conforme art. 468 da CLT (eventual alteração do regulamento só afeta aos empregados admitidos em momento posterior).

Entretanto, assim como o empregado tem o direito a manter por toda a contratualidade uma vantagem que aderiu ao seu contrato por força de um regulamento empresarial, tem o empregador o direito a que tal vantagem não seja ampliada ou distorcida, fora dos limites originalmente aplicáveis, em razão de alteração da legislação ou do entendimento do Poder Judiciário sobre a legislação vigente que afetem as premissas sobre as quais se baseou a concessão da vantagem.

É que o regulamento constitui manifestação de vontade unilateral do empregador, a qual é emanada em um contexto de normas jurídicas à época vigentes e que permitem que se tenha em mente a extensão e consequências das vantagens deferidas. Alterado o conjunto de normas ou mesmo a interpretação uniformemente aceita acerca das mesmas, como é o caso ora tratado, não se pode analisar de forma rasa e literal o texto regulamentar antigo fora de seu contexto, sob a ótica exclusiva das novas normas ou do novo entendimento jurisprudencial, sob pena de criar vantagem completamente nova e estranha à manifestação de vontade original do empregador que              a instituiu, em tal parte, portanto, não tendo o condão de vincular a tal empregador.

Tomemos como exemplo o prêmio por aposentadoria concedido no regulamento de pessoal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, cujo           art. 79 reza:

“Art. 79 – Aos empregados que se aposentarem, será concedido um prêmio especial, proporcional a sua remuneração mensal fixa, como tal definida no art. 54, vigente na época da aposentadoria, a saber: (…)

a) com 20 anos de serviço ao Banco, valor equivalente a uma (1) vez a sua remuneração mensal;

b) com 25 anos de serviço ao Banco, valor equivalente a duas (2) vezes a sua remuneração mensal;

c) com 30 anos de serviço ou mais, ao Banco, valor equivalente a cinco (5) vezes a sua remuneração mensal.”

Considerando, que tal norma foi editada originalmente há décadas, inafastável que se examine seu significado pelo prisma de uma interpretação histórica e sistemática, sob pena de retirar a expressão “se aposentarem” do contexto em que o benefício em tela foi pensado e concebido, distorcendo-o.

Como já destacado diversas vezes neste trabalho, até o ano de 2006 a quase totalidade da jurisprudência[9] e da doutrina entendiam que a aposentadoria espontânea importava em causa automática de desligamento do empregado celetista, de forma similar ao que ainda hoje ocorre com o servidor público estatutário. Assim, era pacífico que o empregado que se aposentasse pelo INSS automaticamente “se aposentaria” da empresa, significando retirar-se do mercado de trabalho. Tanto é assim que o início da percepção de complementação de aposentadoria costuma se dar a partir do afastamento do empregado, geralmente seguida à ciência do deferimento da aposentadoria previdenciária. É em tal contexto que diversas empresas de porte instituíram algum tipo de premiação ou vantagem por ocasião do desligamento de seus empregados, como a exemplificada acima, compensando-os justamente pela saída sem as indenizações típicas da dispensa imotivada, após décadas de serviços prestados.

Aliás, este é ainda até hoje o significado vulgar do termo “se aposentar”, ordinariamente empregado como “parar de trabalhar”. A significação restrita à obtenção de aposentadoria previdenciária impera precipuamente no meio jurídico e se trata de situação relativamente recente, decorrente da guinada jurisprudencial causada pelas decisões do STF proferidas nas ADIs              n^os 1.721 e 1.770.

Entendo que, em homenagem à segurança jurídica, a interpretação meramente literal deve ceder à interpretação histórica e sistemática, sob pena de se criar judicialmente benefício completamente diverso daquele originalmente previsto, distorcendo e distanciando o mesmo da original manifestação de vontade do empregador.

Por outro lado, registro ainda que o princípio da interpretação mais favorável ao trabalhador também não afasta a conclusão acima, já que não poderia ensejar resultado que sucumba ante o crivo dos demais critérios hermenêuticos. Ademais, deve-se perquirir qual realmente é a interpretação mais favorável aos trabalhadores, a nível macro, a médio e longo prazos, já que alteração jurisprudencial que enseje benefícios originalmente não previstos quando de sua instituição afeta a segurança jurídica e seguramente servirá de desestímulo para a concessão de outras vantagens aos empregados, por receio de que tais vantagens sejam posteriormente distorcidas e estendidas além de seus limites originais.

Diante dos fundamentos acima, não impressiona o argumento de que as vantagens em tela são devidas em razão da mera aposentadoria, não sendo a efetiva extinção do contrato de trabalho condição para a sua percepção. Como já mencionado, nem haveria porque referir expressamente, como condição, o afastamento do labor, já que, à época, era pacífico que a aposentadoria (previdenciária) automaticamente ensejava o desligamento do emprego, sendo praticamente sinônimos.

Assim, temos que as vantagens alcanças ao trabalhador por ato unilateral de vontade do empregador, através de regulamento empresarial, não podem ser distorcidas ou ampliadas para fora dos limites originalmente aplicáveis em razão da superveniência de alteração normativa ou jurisprudencial – como a que ocorreu em relação aos efeitos da aposentadoria voluntária sobre o contrato de emprego – afetando as premissas sobre as quais se baseou o instituidor da vantagem, não remanescendo vinculado a esta naquilo em que exceda à sua manifestação de vontade original.

CONCLUSÕES

Quando rescindido o contrato por ocasião da concessão da aposentadoria previdenciária, deve-se perquirir de quem partiu a iniciativa da ruptura contratual, presumindo-se, como regra geral, a dispensa imotivada, da mesma forma que ocorre com os rompimentos em geral. Havendo, entretanto, pedido de demissão expresso ou outra manifestação de vontade equivalente, não basta para infirmá-los uma alegação genérica de coação ou de outro vício de consentimento, já que os vícios de consentimento não podem ser presumidos, afigurando-se imprescindível prova robusta de sua existência.

A aposentadoria espontânea concedida pelo INSS a servidor celetista ou empregado público não importa em extinção automática do contrato             de emprego, não havendo falar em acumulação vedada, já que, no §10º do          art. 37 da CRFB, foi propositalmente omitida referência ao art. 201 da Carta, denotando que o constituinte não pretendeu que o Regime Geral          de Previdência Social integrasse a proibição. Jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho e do próprio Supremo Tribunal Federal em tal sentido.

Tampouco pode a aposentadoria previdenciária ser considerada como causa de vacância em relação ao servidor celetista ou empregado público, uma vez que se trata de instituto estranho à legislação trabalhista, havendo previsão legislativa referente à vacância apenas quanto aos servidores contratados de por vínculo institucional ou estatutário.

O desligamento de servidor público celetista estável que se aposenta voluntariamente, equivalendo a pedido de demissão, com renúncia da estabilidade, deve ser assistido na forma do art. 500 da CLT, sob pena de se presumir vício de consentimento, com a nulidade do ato e reintegração ao labor.

Embora não seja extinto automaticamente com a aposentadoria previdenciária o contrato de emprego dos servidores públicos celetistas, tal deve ocorrer quando do implemento da idade de 70 anos, limite tido como razoável pelo constituinte para renovação da força de trabalho do serviço público, sob pena de se ter excessivo envelhecimento de tal mão de obra, com presumível prejuízo ao serviço público, além de gerar situação discriminatória em relação aos estatutários, os quais são compelidos a deixar o cargo aos 70 anos de idade. Extinto o contrato em razão do termo constitucional, não se cogitará iniciativa do empregador, portanto quando de tal extinção não  lhe serão imputáveis parcelas típicas da dispensa imotivada, como o aviso prévio indenizado e multa de 40% do FGTS.

A existência de complementação de aposentadoria, a ser paga a partir do desligamento dos quadros do empregador, deve ser levada em conta na aferição do motivo da ruptura contratual, fazendo presumir o interesse do empregado em desligar-se do emprego quando de sua aposentadoria, já que mantendo os mesmos rendimentos sem precisar contraprestar trabalho.

As vantagens alcanças ao trabalhador por ato unilateral de vontade do empregador, através de regulamento empresarial, não podem ser distorcidas ou ampliadas para fora dos limites originalmente aplicáveis em razão da superveniência de alteração normativa ou jurisprudencial – como a que ocorreu em relação aos efeitos da aposentadoria voluntária sobre o contrato de emprego – afetando as premissas sobre as quais se baseou o instituidor da vantagem, não remanescendo vinculado a esta naquilo em que exceda à sua manifestação de vontade original.

[1] Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 4ª Região – RS. Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Gama Filho.

[2] Art. 453 – No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. (Redação dada pela Lei nº 6.204, de 29.04.1975)

§ 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997) (Vide ADIN .1770-4).

§ 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997) (Vide ADIN 1.721-3).

[3] OJ-SDI1-177 APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. Inserida em 08.11.2000 – (Cancelada – DJ 30.10.2006) A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa de 40% do FGTS em relação ao período anterior à aposentadoria.

[4] OJ-SDI1-361 APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO. DJ 20, 21 e 23.05.2008. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.

[5] Rápida pesquisa jurisprudencial revela que tal debate tem surgido oriundo de vários Regionais (vide, por exemplo, 38940-63.2007.5.12.0023, 49000-06.2007.5.10.0006, 126140-73.2007.5.19.0004), inclusive desta 4ª Região (0000516-57.2010.5.04.0026 e 0000096-41.2010.5.04.0741, por exemplo).

[6] SUM-390 ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais n^os 229 e 265 da SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial nº 22 da SBDI-2) – Res. 129/2005,          DJ 20, 22 e 25.04.2005

I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs n^os 265 da SBDI-1 – inserida em 27.09.2002 – e 22 da SBDI-2 – inserida em 20.09.2000)

II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 229 da SBDI-1 – inserida em 20.06.2001)

[7] Art. 500 – O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato e, se não o houver, perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. (Revigorado com nova redação, pela Lei nº 5.584, de 26.06.1970)

[8] In Curso de Direito do Trabalho, LTr, 3. ed., p. 1143 in fine.

[9] Em tal sentido a OJ nº 177, da SBDI-1 do TST, cancelada apenas em outubro de 2006.

A NECESSIDADE DE REPENSAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

JOÃO GHISLENI FILHO

RICARDO CARVALHO FRAGA

FLÁVIA LORENA PACHECO

LUIZ ALBERTO DE VARGAS[1]

SUMÁRIO: 1. Os Embargos de Declaração – Teoria e Prática; 2. Os Embargos de Declaração: de Colaboração com a Prestação Jurisdicional a Instrumento de Abuso do Direito Processual de Ampla Defesa; 3. A Desacertada Mudança Legislativa; 4. Das Dificuldades de Discernir entre Situação de Dúvida Razoável e de Manifesto Intento Procratinatório; 5. Dos Embargos de Declaração como Instrumento de Prequestionamento; 6. Dos Embargos de Declaração como Instrumento para Modificação do Julgado; 7. Uma Proposta de Alteração Legislativa; Conclusões Provisórias.

1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TEORIA E PRÁTICA

Os embargos de declaração são criação lusitana[2], cuja origem remonta às Ordenações Afonsinas, tendo ingressado na legislação brasileira já               em 1850, através do Decreto nº 737.[3]

Sempre mantendo o sentido original de sanar dúvidas, completar omissões, esclarecer obscuridades ou de aclarar o autêntico alcance das decisões, os embargos de declaração, no Direito Nacional, atravessaram o século XX até sua última regulação, ocorrida em 1974, plasmada nos  artigos 535 a 538 do atual CPC.

Os embargos de declaração, conforme o art. 535, são cabíveis quando  “houver obscuridade ou contradição” na decisão judicial ou quando este tiver “omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Assim, estes podem ser propostos para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou sanar contradições de qualquer tipo de decisão judicial, inclusive a de tribunais superiores, independentemente se a decisão é prolatada em processo de conhecimento, de execução ou cautelar. Pacífico, hoje, o cabimento dos embargos de declaração seja para esclarecer sentença, seja para acórdãos. Da mesma forma, cabem os embargos em decisões definitivas, decisões interlocutórias e, mesmo, em despachos de mero expediente.[4]

Também é possível à parte lançar mão dos embargos de declaração para retificar erro material (ainda que, em relação a este, seja possível a retificação a qualquer tempo ou, mesmo, de ofício pelo juiz.[5]

Controvertida a doutrina a respeito da natureza dos embargos de declaração, há os que o classificam como mais uma forma de recurso, enquanto que outros o admitem apenas como uma forma de correção. A grande maioria dos processualistas entende que os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso.[6] Por todos, pode-se citar o Prof. Ovídio Batista da Silva, que sustenta, em favor dessa tese, a inequívoca possibilidade da decisão dos embargos de declaração ter efeitos infringentes, bem como pelo fato de os embargos de declaração estarem expressamente previstos no capítulo dos recursos do Código de Processo Civil.[7]

Tal discussão tem direta repercussão no acalorado debate quanto ao caráter infringente, um dos aspectos mais controvertidos do tema dos embargos de declaração. Embora longe de ser uma unanimidade, a maior parte da doutrina e da jurisprudência admite que, em casos especiais e em caráter excepcional[8], os embargos possam alterar mesmo substancialmente a coisa julgada em casos de “flagrante injustiça, não havendo outra via adequada para repará-la”.[9]

Pode-se constatar a bem marcada intenção do legislador em propiciar ao julgador, a pedido da parte, a possibilidade de alterar a decisão prolatada pela própria redação do inciso II do art. 463 do CPC, quando a admite por meio de embargos de declaração. Não se trata, portanto, de uma típica retratação[10], mas de uma abertura à alteração do julgado, em benefício do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.[11]

Assim, admite-se um reexame da matéria em casos de erros de fato ou contradições, mesmo em aspectos essenciais, sendo que, em casos de omissão, na realidade estaremos mais propriamente diante de uma nova decisão – e não de uma revisão da decisão anterior.[12]

Athos Gusmão Carneiro, no artigo Os embargos de declaração e a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, lembra, citando lição de José Carlos Barbosa Moreira: “na hipótese de obscuridade, realmente, o que faz o novo pronunciamento é só esclarecer o teor do primeiro, dando-lhe a interpretação autêntica. Havendo contradição, ao adaptar ou eliminar alguma das proposições constantes da parte decisória, já a nova decisão altera, em certo aspecto, a anterior. E, quando se trata de suprir omissão, não pode sofrer dúvida que a decisão que acolheu os embargos inova abertamente: é claro, claríssimo que ela diz aí mais que a outra, o que parecer mais exato é afirmar, como fazia o Código baiano (art.1.314), que o provimento dos embargos se dá ‘sem outra mudança no julgado’, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (comentário ao CPC,11 ed., Forense, n. 304, p. 555-556)”. (grifos originais)

Portanto, em linhas gerais, temos um instituto processual dos mais antigos, voltado à ideia fundamental de viabilizar, no momento mais crucial do processo (o da decisão judicial), que esta possa ser a mais clara possível, de forma que a justiça feita de maneira adequada.[13]

2. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: DE COLABORAÇÃO COM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL A INSTRUMENTO DE ABUSO DO DIREITO PROCESSUAL DE AMPLA DEFESA

Na medida em que as decisões judiciais se tornam mais complexas, abordando assuntos cada vez mais diversos e especializados, aumentam consideravelmente as possibilidades de erro na decisão judicial. Nesse sentido, o instituto dos embargos de declaração viabiliza uma forma de verdadeira e utilíssima colaboração das partes por meio de seus advogados na construção de uma decisão judicial mais clara e isenta de equívocos e contradições.          No dizer do Ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello,

“Os embargos de declaração não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe de aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal”.[14]

Tornam-se, os embargos de declaração também, uma forma de democratizar o processo de produção da decisão judicial, além de aproximar mais a decisão judicial do interesse concreto da parte, seja no esclarecimento dos pontos da lide que a parte entende como relevantes, seja no uso de uma linguagem mais apropriada ao entendimento das partes e da própria sociedade.

Tão nobres propósitos, entretanto, são, muitas vezes, desvirtuados no cotidiano dos processos judiciais, de forma que os embargos de declaração já pouco servem para o aperfeiçoamento da prestação judicial, a ponto de que já se fala em sua simples extinção por meio de alteração da norma processual.

Na prática, constata-se a utilização exacerbada dos embargos de declaração pelas partes litigantes, seja para obtenção de uma indevida ampliação do prazo recursal, seja como instrumento de manifestação da inconformidade da parte com a decisão prolatada.

A seguir, procuraremos melhor viabilizar formas verdadeiramente abusivas no manejo dos embargos de declaração, iniciando um debate em torno de possíveis alterações legislativas que possam repor este importante instrumento processual ao local para o qual foi originalmente concebido pelos processualistas.

3. A DESACERTADA MUDANÇA LEGISLATIVA

Ainda que o uso dos embargos para ampliação do prazo recursal não seja coisa recente, há de se reconhecer que tal utilização abusiva aumentou significativamente a partir da equivocada mudança legislativa operada pela Lei nº 8.950/94. Entre as modificações ocorridas, destaca-se à relativa ao prazo para proposição de embargos de declaração, que passou a ser, em todos os casos, de cinco dias, bem como a transformação do mesmo de suspensivo para interruptivo. Assim, estabeleceu-se uma facilidade excessiva para uma certa litigância emulativa, deslocada do interesse na busca da verdade, em detrimento da celeridade processual. Pode-se mesmo dizer que, a partir de então, abriram-se as portas para a utilização dos embargos de declaração para ações oblíquas, destinadas à procrastinação do feito, ao tumulto processual ou a simples manifestação de protesto contra uma decisão judicial desfavorável.[15]

Talvez legislador pretendesse que haveria um contraponto a essa abertura aos expedientes protelatórios através da multa prevista no artigo 538, parágrafo único do CPC.

Se essa era a pretensão do legislador, certamente tal desiderato não foi atingido.

Passados já dezesseis anos, constata-se que, ainda com um expressivo incremento na aplicação das multas por parte dos juízes, tal fato não importou em uma inibição da utilização indevida dos embargos de declaração.               Ao contrário, empiricamente, pode-se verificar um aumento importante na proposição de embargos de declaração, a maior parte julgada improcedente. Embora não se possa afirmar que sempre tais decisões judiciais sejam corretas (pois, há casos, as instâncias superiores declaram que algumas dessas decisões de improcedência configuram negativa de prestação jurisdicional), pode-se afirmar, com segurança, que a maior parte dos embargos de declaração são infrutíferos, já que não logram obter qualquer esclarecimento adicional, nem suprir omissões ou corrigir supostas contradições. São, em suma, um grave descuido com o passar do tempo e um desperdício de recursos do Judiciário. Pode-se dizer, assim, que os embargos de declaração tornaram-se, na prática, uma fase a mais no processo, passando de instrumento excepcional destinado ao aperfeiçoamento da decisão em expediente corriqueiro a disposição de profissional menos preocupados com a celeridade ou, mesmo, interessados na protelação e/ou no tumulto processuais. Chegou-se ao ponto de ser proposta, mesmo, a extinção dos embargos de declaração, como medida de celeridade e economia processuais.[16]

Entretanto, pode-se dizer, com inteira razão, que tal avalanche de procedimentos inúteis pode justificar-se como um mal necessário, como única forma de se garantir a possibilidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional pela correção de defeitos na decisão judicial.

Cria-se, assim, um dilema de difícil – talvez impossível – solução, ou seja, o da separação entre “joio” e “trigo”: como manter-se o instituto dos embargos de declaração, criando-se um desincentivo suficiente para a inibição de procedimentos protelatórios.

Apesar do empenho da doutrina em procurar delimitar de forma precisa os contornos dos embargos de declaração “potencialmente procedentes” (aquele que, efetivamente, representam um anseio legítimo da parte em obter esclarecimentos adicionais do julgador – e, assim, constituem uma contribuição ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional) dos que não são mais do que alegações pouco razoáveis de obscuridade, omissão ou contradição (ante a clareza da decisão), apresentadas com menor atenção à lealdade processual e que, muitas vezes, não são mais do que tentativas explícitas de ganhar tempo, manifestar irresignação ou, mesmo, de criar confusão quanto ao conteúdo do que foi decidido. A empreitada de discernir tais situações é quase impossível, dado o alto grau de subjetivismo que envolve a questão.  A decisão judicial é obra humana e, como regra, sempre pode ser aperfeiçoada. Além disso, mesmo o conceito de “perfeição” é subjetivo e, certamente, cada indivíduo tem uma visão própria de quanto uma decisão judicial deve ser clara ou detalhada, sem que se possa estabelecer um parâmetro seguro para a caracterização de omissões, contradições ou obscuridades. Por fim, não se pode impunemente imputar à parte um propósito oblíquo ou malicioso quando pretende apontar erros na decisão judicial, ainda que se possa desconfiar dos propósitos do embargante quando este meramente repete argumentos já entendidos como superados pelo prolator da decisão judicial, insiste numa inviável reapreciação da prova dos autos ou afirma existir erro onde não há mais do que o fundamento do decidido no entendimento do prolator (ainda que contrariando a tese apresentada pela parte).

Exatamente porque não se pode claramente imputar má-fé à parte que, aparentemente, não leu corretamente (ou leu incompletamente) a decisão judicial, a aplicação de multas quase sempre resulta na desagradável sensação de que o julgador apreciou com pouca benevolência a manifestação da parte (porque uma interpretação mais benigna sempre é possível!) e, assim, a aplicação da multa quase sempre parece exagerada.

Desse modo, a multa prevista em lei se mostra ineficaz exatamente porque não se pode, com convicção, delimitar com eficiência os campos em que                  a parte age de boa ou má-fé na proposição de embargos de declaração.  Ou, dizendo de outra maneira, pela impossibilidade de definir com clareza situações de contradição, omissão ou obscuridade na decisão judicial.

4. DAS DIFICULDADES DE DISCERNIR ENTRE SITUAÇÃO DE DÚVIDA RAZOÁVEL E DE MANIFESTO INTENTO PROCRATINATÓRIO

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração, a partir da alteração ocorrida pela Lei nº 8.950/94, são as de contradição, obscuridade ou omissão. Corretamente não há mais falar em dúvida, já que esta não é defeito que se pode imputar à decisão, mas justamente o efeito causado por eventual falha na sentença.

A contradição que a norma processual pretende sanar, conforme a doutrina, é aquela que se estabelece entre “duas proposições inconciliáveis”[17], ambas contidas na própria decisão. Assim, pode haver conflito entre capítulos da decisão, entre a fundamentação e o “decisum” ou, mesmo, entre a ementa e o corpo da decisão. Não se trata, portanto, na contradição que “no sentir da parte, resulta de incorreta aplicação do direito à controvérsia ou a aplicação de normas que o embargante entenda excluírem-se”.[18].Sendo um “erro lógico”, não se confunde, portanto, como o “erro in judicando”. Da mesma forma, não há falar em contradição passível de embargos de declaração se  o vício apontado se reportar “a antagonismo entre a prova dos autos e o desfecho atribuído à decisão ou a interpretação conferida à texto legal”.[19]

Ou seja, trata-se de uma contradição suficientemente grave para configurar uma razoável dúvida sobre o exato teor da decisão, que se mostra ambígua, aparentemente acolhendo simultaneamente teses mutuamente excludentes. Não se pode falar em “contradição inconciliável” quando, ao contrário, o conflito não se estabelece objetivamente, mas tão-somente no entendimento particular e subjetivo da parte, entre a tese acolhida pela decisão judicial e os argumentos esgrimidos pela parte no processo.

Assim, somente se pode falar em contradição a ser reparada pela via dos embargos de declaração quando esta se configura entre os termos contidos na própria decisão – e não entre esta e outros elementos do processo ou fora dele.

A obscuridade ocorre quando a decisão não logra deixar claro o exato teor da decisão. Conforme José Frederico Marques, a obscuridade deve ser de tal forma que torna o texto “ambíguo e de entendimento impossível”.[20] Assim, a falta de clareza deve ser fator que compromete a perfeita interpretação do real conteúdo da decisão, tornando insatisfatória a prestação jurisdicional. Entretanto, não se verifica obscuridade sanável pela via dos embargos             de declaração quando não subsistem dúvidas razoáveis quanto ao que foi decidido, mas mera insatisfação da parte quanto aos argumentos acolhidos na fundamentação da sentença. Ou seja, quando a sentença é perfeitamente compreensível, ainda que acolhendo fundamentos que a parte entende que não sejam os mais corretos, não estará deixando de “esclarecer o direito”, mas tão-somente adotando um entendimento que, na ótica subjetiva da parte, não é o mais “iluminado” – e que, portanto, não é o que melhor clarifica a relação jurídica examinada. Assim, ainda que a análise dos fatos e do direito envolvido não atinja a “claridade” que a parte esperava, nem por isso haverá de se entender que a decisão seja “obscura” ou “pouco compreensível”.

Se é certo que a ambiguidade das palavras e expressões seja bastante comum nos textos jurídicos – praticamente justificando qualquer pedido de aclaramento –, não é raro que a dificuldade interpretativa resulte muito mais na má-vontade do intérprete do que na imprecisão do texto interpretado. Aqui, mais uma vez, retornamos ao tema do subjetivismo, pois não será tarefa fácil declarar-se com plena convicção que determinado texto não dá margem a interpretações diversas, já que, no campo da razão argumentativa, não há falar em certezas absolutas.

A omissão a ser sanada diz respeito à completude, ou seja, a decisão deveria se pronunciar sobre determinado ponto, mas não o fez. Pode ser algum ponto controvertido na lide suscitado pela parte ou, mesmo se não suscitado, de conhecimento oficial do juiz. Trata-se de falha mais grave que pode ser sanada pela via dos embargos de declaração, já que a decisão omissa configura negativa de prestação jurisdicional.

Porém, do juiz não é exigido que examine todos os fundamentos das partes, sendo importante apenas que indique somente o fundamento que apoiou sua convicção ao prolatar sua decisão. Nada mais afastado da intenção do legislador que admitir um questionamento ou mesmo uma verdadeira “sabatina” a que deva se submeter o prolator da decisão, como que compelido a justificar-se por ter adotado posição distinta daquela que a parte pretendia.

Assim, não incorre na omissão “o julgador que eventualmente silencia quanto ao exame de fundamentos lançados pelas partes que não sejam suscetíveis de influir no resultado do julgamento”.[21] Na prática, a própria conclusão de que determinado fundamento poderia ou não influenciar no julgamento da lide é controvertida, porque se estará cogitando dos efeitos de determinado argumento em uma ponderação de valores que ocorre no íntimo do julgador – e, portanto, parece inescapável concluir que “qualquer fundamento”, a priori, pode influenciar o julgamento da lide.

Há de citar-se, ainda, o erro material, que, na forma do art. 463 do CPC, podem ser corrigidos por meio de embargos de declaração ou, mesmo, de ofício pelo juz. No mesmo sentido, os artigos 833 e 897. São erros materiais os erros evidentes, os enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo.           Em geral, os embargos de declaração para retificação de erro material são oferecidos na melhor forma de colaboração da parte para a melhoria da prestação jurisdicional. Mas, não raro, também estes podem ser objeto de ações oblíquas, como, por exemplo, a parte alega que determinada afirmação feita pela sentença não corresponde à realidade e pretende sua retificação, sustentando tratar-se de “erro material”.[22]

5. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PREQUESTIONAMENTO

Admite-se, também, os embargos para fins de prequestionamento de matéria ou questão invocada no recurso e que não tenha sido objeto de pronunciamento pelo julgador. Entende-se que, nesses casos, a ausência de um pronunciamento explícito do órgão julgador inviabiliza a apreciação do recurso pelos tribunais superiores, Nesse sentido a Súmula 297 do TST:

I – Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

II – Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.

III – Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre o qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. (2003)

Tal Súmula explicita melhor o conteúdo da a Súmula 356 do STF:

“O ponto omisso da decisão sobre a qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do prequestionamento”.

A partir do entendimento consagrado no item III da referida Súmula, divide-se a doutrina quanto às consequências do não pronunciamento do órgão judicial embargado a respeito da questão suscitada em embargos              de declaração para fins de prequestionamento.[23] Para uma das correntes, interpretando o afirmado no item III da Súmula nº 297, cabe à parte apresentar preliminar de nulidade e cerceamento de defesa que deverá ser acolhida pelo tribunal superior, que declarará a negativa de prestação jurisdicional. Para outra corrente, tem-se que, ainda que o juízo embargado não se manifeste sobre a questão invocada pela parte embargante, tem-se a matéria como prequestionada, não sendo o caso de declarar-se negativa de prestação jurisdicional. Assim, pode-se dizer que basta que a parte utilize os embargos de declaração para suscitar ponto já invocado no recurso para que, independentemente da decisão dos embargos, obtenha o efeito do prequestionamento e, portanto, o tribunal superior conhecerá da matéria  sem necessidade de declarar a negativa de prestação jurisdicional.

Parece-nos que melhor razão assiste a segunda corrente, que expressa uma tendência mais moderna do direito processual, em que se prestigia a menor formalidade e a celeridade, na linha do recente art. 515 do CPC.

Por outro lado, os embargos de declaração não servem para o propósito de rediscutir os temas devidamente examinados e decididos no julgamento proferido, como é exemplificativo o acórdão que segue:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não pode justificar a interposição de embargos declaratórios a alegação de ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão, quando, em verdade, a postulação esconde a pretensão de rediscutir temas já examinados.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS DEDUZIDOS PELO EMBARGANTE. Os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para amoldar a decisão da Corte aos dispositivos legais alegados pela parte. Ou seja, desnecessário é o enfrentamento de cada dispositivo legal suscitado pela parte.

PREQUESTIONAMENTO. Tendo sido a matéria enfocada              nos embargos de declaração devidamente enfrentada e julgada no acórdão-recorrido, impõe-se a sua rejeição quando o seu objetivo é apenas prequestionar artigos que entende o embargante sejam aplicáveis.

Embargos desacolhidos.”

(Embargos de Declaração Nº 70033777749, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 16.03.2010)

6. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO

Como já se disse, os embargos de declaração podem ensejar a modificação do julgado, parcial ou total, podendo tal modificação ter caráter infringente – alteração do resultado da demanda –, mesmo quando tal modificação venha em desfavor da parte embargante, não se admitindo, no caso, a proibição do “reformatio in peius”.[24]

Nesses casos de modificação do julgado, a jurisprudência pacífica é a de que, sob pena violação do amplo direito de defesa e do contraditório, a parte embargada deve ser previamente intimada para contestar os embargos.[25]

Embora omissa a legislação a respeito, em processos trabalhistas, em que há possibilidade de modificação do julgado, a prática é a da inclusão do processo em pauta de julgamento, intimando-se as partes e, mesmo, admitindo a sustentação oral.[26] Não faz falta que a parte explicitamente declare o caráter infringente dos embargos, mas sim, que o juiz, na possibilidade de alterar o resultado da decisão, atenda o princípio do contraditório.

A subsistência do entendimento de que os embargos possam alterar o resultado da demanda – e de que esta possibilidade é um fator benéfico         à segurança e à celeridade processuais – é um dos principais motivos         para que os embargos de declaração persistam, devendo-se buscar seu aperfeiçoamento através de medidas de alteração legislativa.

7. UMA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA

A preservação do instituto dos embargos de declaração atende a, pelo menos, duas finalidades essenciais, que justificam sua existência: 1) viabilizar a colaboração das partes na prestação jurisdicional, indicando ao juiz falhas e equívocos contidos na decisão judicial que possam ser corrigidos pelo magistrado, sem alteração do resultado e 2) em casos especiais (em que as falhas na decisão judicial comprometem o julgamento) propiciar a modificação do resultado.

No primeiro caso, estar-se-á diante de simples pedido de aclaramento do conteúdo da decisão judicial; no segundo, haverá o caráter infringente. Em ambos os casos, há de se entender que é direito da parte requerer a melhoria da prestação jurisdicional. Em ambos os casos, também, há de se reconhecer ser praticamente impossível determinar, com segurança que a parte é destituída de qualquer razão e que litiga com má-fé. Por outro lado, deve-se encontrar uma forma mais célere e econômica de julgamento            dos embargos de declaração, aliviando o trabalho dos juízes e restringindo  o campo de controvérsia sem descurar do dever de integral prestação jurisdicional.

Parece-nos que a melhor maneira de realizar tais propósitos seja atribuir ao bom-senso do magistrado decidir a respeito do conteúdo dos embargos propostos, reconhecendo tratar-se de real contribuição à prestação jurisdicional ou de necessário requerimento de reapreciação da matéria por força de erros que possam levar à modificação do resultado da decisão.

Não sendo o caso, caberá ao juiz, liminarmente rejeitar os embargos (por mero despacho e, sem maior fundamentação, reportando-se às razões e argumentos já expendidos na decisão. Provavelmente, em tal situação poderão ser enquadrados a grande maioria dos embargos de declaração que, hoje, são propostos.

Por outro lado, em caso de embargos procedentes, deverá o juiz esclarecer a dúvida, sanar a omissão, resolver a contradição ou corrigir o erro material, acolhendo os embargos como uma contribuição concreta ou, se for o caso de infringência, alterar o resultado do julgamento depois de intimar a parte contrária, atendendo o princípio do contraditório.

Além disso, parece-nos necessário alterar o prazo de interposição dos embargos, voltando ao de quarenta e oito horas, mais do que suficiente ante as novas facilidades propiciadas pelo processo eletrônico. Também parece medida oportuna alterar a natureza do prazo, de interruptivo para suspensivo, de modo a retirar parte do incentivo que a atual lei processual confere à utilização dos embargos de declaração como forma de aumentar o prazo recursal.

Por fim, parece não ser mais necessária nem útil qualquer previsão de multa específica pela utilização de embargos de declaração, devendo ser revogada a previsão contida no art. 538, parágrafo único do CPC, extirpando-se, assim, fonte de controvérsias e desentendimento entre magistrados e advogados.

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS

Assim, entendemos que a norma processual que regula os embargos de declaração está a merecer algumas modificações, que restabeleçam a grande utilidade desse instituto e impeçam sua instrumentalização indevida em prejuízo da celeridade e da efetividade do processo.

Portanto, propõe-se:

a)  que se entenda como implicitamente prequestionado qualquer dispositivo legal mencionado pela parte nos embargos de declaração, sem necessidade de qualquer declaração do juiz a esse respeito na decisão dos mesmos embargos;

b)  a possibilidade do juiz não acolher os embargos de declaração por simples despacho, sem necessidade de fundamentar, apenas se reportando as razões já expendidas na decisão embargada;

c)  que o prazo para interposição dos embargos de declaração volte a ser interruptivo;

d)  que tal prazo seja suspensivo, como antes da modificação imposta pela Lei nº 8.950/94;

e) que seja extinta a multa por embargos procrastinatórios.

[1] Desembargados do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, compondo a Terceira Turma deste Tribunal.

[2] É ponto pacífico na história do direito lusitano que os embargos, como meio de obstar ou impedir os efeitos de um ato ou decisão judicial, são uma criação genuína daquele direito, sem qualquer antecedente conhecido, asseverando os autores que de semelhante remédio processual não se encontra o menor traço no direito romano, no germânico ou no canônico. Os embargos declaratórios são, portanto, criação portuguesa. (PINTO, Melina. “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal nos embargos de declaração”, 2005, Disponível em: Jus Navigandi, Teresina, 2005, http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10798) Acesso em 10 jun. 2010.

[3] SEHNEM, Felix. Embargos declaratórios. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 61, jan. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3681>. Acesso em 10 jun. 2010.

[4] MIRANDA, Vicente. “Embargos de Declaração no Processo Civil Brasileiro”, São Paulo: Saraiva, 1990, p. 15. A prática forense já permitiu conhecer-se embargos declaratórios apresentados contra simples despacho de “cite-se”, na medida, em que a parte desejava saber qual seria a modalidade pela qual seria cumprida a determinação.

[5] Art. 463 do CPC: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I- para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe retificar erros de cálculo; II – por meio de embargos de declaração”.

[6] Há respeitáveis opiniões em contrário. Sustentando o caráter meramente corretivo dos embargos de declaração pode-se citar, entre tantos, nomes como o de Ada Pellegrini Grinover e Manoel Antonio Teixeira Filho.

[7] A possibilidade de efeito modificativo da decisão é expressa no art. 897, A da CLT. Nesse sentido, a Súmula 278 do TST.

[8] “A tendência de ampliar os efeitos das decisões, por intermédio dos embargos declaratórios, não pode ser conduzida a uma iniciativa ilimitada, sob pena de desvirtuamento do ordenamento jurídico, transformando-o para procedimento recursal indireto e meio de retratação do mesmo juízo proferidor da sentença embargada”. (OLIVEIRA, Paulo Rogério. “Embargos de Declaração”. Disponível em http://www.fadisp.com.br/download/4.1 Acessado em 10 jun. 2010.

[9] SEHNEM, Felix, ob. cit.

[10] A esse respeito, VIDIGAL, Márcio Flávio Salem. “Embargos de Declaração como Instituto Processual” in MOURA EÇA, Vitor Salino (coord). “Embargos de Declaração no Processo do Trabalho”, São Paulo: LTr, 2010, p. 45.

[11] “Esta a perspectiva que deve prevalecer entre os magistrados, advogados e demais operadores jurídicos acerca do instituto processual, amoldando-o, sempre, em prol da prestação jurisdicional plena, célere e eficaz, apta a atender aos anseios do jurisdicionado” (AMARAL, Anemar Pereira. “Compreensão dos Embargos de Declaração”, in MOURA EÇA, ob. cit., p. 157).

[12] SEHNEM, Felix. Ob. cit.

[13] GARCIA, Ana Flávia de Aguiar Melo. “Embargos de Declaração: análise de seus critérios de admissibilidade”. Disponível

http://direito.newtonpaiva.br/revistadireito/docs/convidados/11_04.doc . Acesso em 10 jun. 2010.

[14] STF, AI 163047-5, PR, Rel. Marco Aurélio, (DJU 8.03.1996, p. 6223)

[15] No TRT 4ª Região, a média de seis anos (2003 a 2008) da taxa de recorribilidade interna (embargos de declaração) no primeiro grau no Judiciário do Trabalho do Rio Grande do Sul foi de 26%, evidenciando-se um sensível acréscimo nos últimos anos (44,77% em 2007 e 33,76% em 2008). Tais números se mostram elevados (provavelmente por razões de natureza circunstancial) em relação à média do 2º grau (21%). Segundo dados de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, a taxa de recorribilidade interna do Judiciário Trabalhista nacional é de 21,8% (segundo grau) e 13,8% (primeiro grau). Tais números são aproximados aos da média dos Tribunais Estaduais (21%) e dos Tribunais Federais (26,9%). Curiosamente, a média no primeiro grau da Justiça Estadual de todo o país é significativamente baixa na fase de conhecimento (2,1%), porém em um contexto de recorribilidade externa também baixa (8%). Simplificando bastante, pode-se dizer que são propostos embargos de declaração a cada quatro decisões proferidas. Não há dados estatísticos disponíveis, mas, empiricamente, sabe-se que a taxa de acolhimento dos embargos de declaração é muito pequena (normalmente acrescentando fundamentos à decisão), certamente representando bem menos de um dígito percentual. Destas, são raras as que contêm algum efeito modificativo.

[16] Conforme foi proposto, em 2004, pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim.

[17] SANTOS, Moacyr Amaral. “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3º vol.” São Paulo: Editora Saraiva, 1997.

[18] VIDIGAL, Márcio Flávio Salem, ob. cit., p.73.

[19] HORTA, Denise Alves. “Embargos de declaração: regime legal e suas hipóteses” in MOURA EÇA, Vitor Salino (coord)., ob. cit. p. 27.

[20] MARQUES, José Frederico. “Manual de Direito Processual Civil”. São Paulo: Ed. Bookseel,          vol. 3, 1997, p. 191.

[21] HORTA, Denise Alves, ob. cit. p. 28.

[22] Por exemplo, o seguinte acórdão: “Os embargantes sustentam existir erro manterial no acórdão em relação à afirmação de que a procuradora signatária do agravo de petição, não possui procuração nos presentes autos. (…) Não se verifica no julgado a existência de qualquer erro material, entretanto. Da fundamentação dos embargos, aliás, denota-se que os embargantes buscam, na verdade, uma nova apreciação da matéria, de maneira favorável aos seus interesses. Todavia, para esse fim não prestam os embargos de declaração. (Processo 0055000-56.2001.5.04.0731 (ED) do TRT 4ª Região, 8ª Turma, Rel. Wilson Carvalho Dias)

[23] CARMO, Júlio Bernardo. “Embargos de declaração – visão geral e prequestionamento no âmbito do processo do trabalho” in MOURA EÇA, Vitor Salino (coord), ob. cit., p. 90-124.

[24] HORTA, ob. cit., p. 40.

[25] Em tal sentido, a Orientação Jurisprudencial 142 da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho.

[26] Esta, pelo menos, a praxe da maioria das Turmas do TRT da 4ª Região.

Las pensiones en Chile,  a partir de la Reforma de 2008

HUGO CIFUENTES LILLO[1]

PABLO ARELLANO ORTIZ[2]

RESUMEN: La Seguridad Social chilena contempla pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia en su régimen general por capitalización individual para todos los afiliados y asegura también pensiones y aportes solidarios por vejez e invalidez, para personas pertenecientes a familias integrantes del 60% más pobre de la población, que cuente al menos con 65 años de edad o se trate de inválido que no ha generado pensión propia, o se encuentra bajo un determinado umbral de renta. Los incorporados al régimen contributivo pueden efectuar aportes voluntarios, para incrementar el saldo de su cuenta y mejorar su pensión o adelantar el momento de impetrarla. Las Administradoras de Fondos de Pensiones, (en adelante AFP), gestionan el régimen general, las prestaciones solidarias están encargadas al Instituto de Previsión Social, (en adelante IPS). Parte importante de este artículo lo constituirá la descripción analítica del sistema de pensiones, su funcionamiento, la coexistencia de la capitalización individual con prestaciones solidarias, su financiamiento, gestión pública y privada y control, etc. Terminaremos con algunas conclusiones y dos anexos, en que se explicitará la participación del sector público y del sector privado en la gestión.

PALABRAS CLAVES: Seguridad Social, Pensiones, Chile.

SUMARIO: 1. Antecedentes; 2. Evolución de la Protección por Pensiones;            3. Caracteristicas Generales del Sistema de Pensiones Vigente; Conclusiones; Bibliografia.

1. ANTECEDENTES

Las protección actual por pensiones en Chile es fruto de un proceso evolutivo de casi 90 años, en que se avanzó desde un régimen de seguros sociales a un sistema de seguridad social, por la vía del “ensanchamiento” de aquellos, hasta un momento (1980) en que, mediante una reforma estructural, se termina con el esquema financiero (de reparto) y de gestión semi público (en los hechos público) existente a esa fecha, reemplazándolo por uno de capitalización individual, administrado por sociedades anónimas con fin exclusivo, AFP. A este último régimen, con casi 30 años de existencia se le han introducido importantes transformaciones, las más relevantes en el 2008, que hacen al sistema más social al complementarlo con prestaciones solidarias e introduciendo medidas destinadas a incrementar la cobertura, abordar inequidades de género, favorecer mayores niveles de acumulación de ahorro para generar pensión con mejores tasas de reemplazo, entre otros cambios Se incrementa también, la intervención pública en la gestión, sin afectar la participación privada en el régimen general.

La protección por vejez, invalidez y sobrevivencia ha pasado del apoyo de la familia a la asistencialidad para luego ser atendida mediante seguros sociales y enseguida por la seguridad social.

Hoy en día la protección por pensiones es objeto de complejos modelos de aseguramiento. Es el caso de los llamados modelos multipilares, que mezclan distintos mecanismos de cobertura. Han aparecido principalmente impulsados por el propuesto por el Banco Mundial, pero también ha tenido contra propuestas por ejemplo, la OIT[3].

El modelo de pilares del Banco Mundial tiene su origen en una propuesta de 1994, revisado por el mismo Banco el 2005, de carácter multipilar, compuesto por una combinación de 5 elementos[4]. Ha sido abundantemente explicado por el Banco Mundial que el hecho de pasar de un sistema de un único pilar, de prestaciones definidas y financiado en reparto, a un otro de varios pilares con uno de cotizaciones definidas plenamente financiado en capitalización, permite aumentar la cobertura gracias al restablecimiento del nexo roto entre las cotizaciones y las prestaciones[5]. Sin embargo esta extensión no ha tenido, hasta el 2008, pleno lugar en Chile. Además, parece existir un consenso en que en los países en donde ha sido incorporado el modelo chileno, ciertos grupos de la población todavía siguen no cubiertos, particularmente en la economía informal, al igual que en Chile, motivo por el cual se implementan regímenes no contributivos.

En su reporte de 1994 el Banco Mundial se esfuerza ante todo por demostrar que los sistemas públicos de pensiones han conocido un fracaso tanto en el plano social como económico. Este modelo ha sido fuertemente criticado (Singh 1996, Beattie et McGillivray, 1995), principalmente por             que concibe a estos regímenes de protección de vejez como instrumentos  de crecimiento económico y a la vez como mallas de seguridad social.            La OIT (2000), por su parte, ha propuesto un modelo de protección de la vejez basado en 4 pilares[6].

La palabra “pilar” hace referencia a la vez a un mecanismo de protección y a su campo de cobertura, es decir, la población que puede alcanzar pensiones conforme al pilar de que se trate. Un pilar puede actuar sobre un cierto tipo, sector o grupo de población, hay entonces un efecto horizontal pero limitado a una categoría específica de personas. Cada pilar posee su propio mecanismo de cobertura, por ejemplo no podemos pedir a los más pobres que participen en un plan de ahorro previsional de cotizaciones definidas ya que puede que no posean la capacidad de ahorro necesaria para ello. En definitiva, cada pilar representa un sector poblacional diferente del país, la suma de los pilares tiende a proteger a todos. La esencia del concepto de “pilares múltiples” es en realidad la búsqueda de una nueva repartición de los riesgos que confrontan las personas y la sociedad, a fin de garantizar seguridad económica durante la vejez[7].

La aproximación económica (visión desde fuera de la seguridad social) de varios pilares, propuesta por el Banco Mundial descansa en la convicción que los gobiernos tienen dos roles fundamentales en la promoción de seguridad de ingresos (pensiones) durante la vejez[8]: 1) ellos deben prevenir la pobreza en la vejez, y 2) deben facilitar la regularidad del consumo asegurando una compensación de la pérdida de ingreso en la vejez.

Hasta antes de la reforma de 2008, Chile se concentraba en su aspecto de financiamiento público directo (dicho de otra forma, alguien podrían entender que el régimen de AFP era privado, lo que es cierto sólo en cuanto a gestión) de prevención de la pobreza mediante mecanismos no contributivos (PASIS) y mediante una pensión mínima garantizada (PMG), 2005). EL modelo de varios pilares no era un verdadero éxito de cobertura y suficiencia en Chile. Los fondos de pensión funcionan bien pero la lucha contra la pobreza avanzaba lento. Era necesaria la incorporación de un elemento que otorgara más solidaridad y más beneficios a los más necesitados.

Por otro lado, el financiamiento solidario sirve para proteger a las personas que, según su historial cotizacional no pueden procurarse pensión o que no tienen ninguna. El financiamiento de las pensiones de las personas que no pueden generar una propia depende de fuentes de ingreso tales como subvenciones y/o impuestos generales[9].

Dentro de los mecanismos multipilares como el propuesto por el Banco Mundial, se incorpora un pilar acentuado en la redistribución, uno de los objetivos (de orden derivado o secundario) de la seguridad social. Este pilar redistributivo puede ser financiado gracias a un aporte presupuestario importante del Estado y a eventuales cotizaciones.

Un problema de esta combinación de pilares (reparto y capitalización), reside en el hecho que, si la prestación mínima o asistencial es ofrecida de manera muy generosa, el afiliado no tendrá ninguna razón para seguir fiel a los pilares basados en cotizaciones, mas allá del tiempo necesario para acceder a la prestación. Son estas las distorsiones que es indispensable corregir[10]. En Chile la reforma del 2008, pretende evitar esta desviación, mediante un mecanismo mixto, híbrido o complejo. La implementación de un régimen básico de prestaciones universales con tasa fija, constituye una alternativa a la combinación de programas de prevención de la pobreza basados en cotizaciones y con control de recursos, según los expertos del Banco Mundial. Chile ha establecido un sistema mixto de prestaciones de vejez; expande la cobertura de los programas no contributivos complementando así, al régimen de capitalización individual. Al respecto, ya existen experiencias, un país ya lo ha puesto en marcha: Suecia[11].

Resta delimitar si el modelo chileno de pensiones puede ser catalogado de multipilar o no. Al respecto las opiniones entre los autores no son unánimes. Por un lado, los elementos del modelo chileno se pueden encasillar fácilmente en un esquema multipilar en donde la pensión solidaria es el pilar cero (que, si bien no es universal, puede llegar a beneficiar al 60% de la población), la capitalización obligatoria el 1º pilar obligatorio, las contribuciones voluntarias, individuales y colectivas constituyen un 2º pilar, voluntario y complementario del obligatorio. Para otro de los autores, el chileno no sigue el esquema de un modelo multipilar constituyendo un sistema único de protección a la vejez[12]. Si bien existen diferentes mecanismos (no contributivos, contributivo obligatorio y contributivo voluntario), el sistema chileno posee una lógica general: la capacidad de ahorro individual, complementada por prestaciones solidarias, para quienes no pudieron cotizar o si lo hicieron, su cuantía final es baja. Esta capacidad determina que mecanismo es aplicable a un caso concreto, así una persona sin capacidad de ahorro recibe pensión solidaria; una persona con débil capacidad de ahorro recibe aporte solidario; y aquellos con fuerte capacidad de ahorro podrán realizar ahorro voluntario y gozar de sus beneficios. La reforma de 2008 viene a reforzar el elemento básico del sistema chileno de pensiones: el esfuerzo individual mediante el ahorro, complementado de la forma indicada.

2. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN POR PENSIONES

En Chile, los antecedentes de aseguramiento social anteriores al siglo XX son escasos, y en lo básico, similares a los existentes en el ámbito comparado. La caridad de la Iglesia, vía obras hospitalarias, asilos, etc., son ejemplos de acción ante la carencia de los “necesitados” (concepto amplísimo). Por su parte el mutualismo, surgido a mitad del siglo XIX, permitía a sectores vinculados por una profesión, oficio o arte, acceder a determinadas prestaciones con base al apoyo mutuo.

La seguridad social chilena tiene sus orígenes en la legislación social dictada a principios del siglo XX, principalmente en el conjunto de “leyes sociales” aprobadas en septiembre de 1924. Dicha legislación estableció las bases del sistema nacional , en particular en materia de pensiones, riesgos del trabajo y protección por salud, que en su definición institucional siguió la tendencia imperante en la época; los seguros bismarckianos.

Hoy, el sistema chileno es una mixtura de los elementos que han caracterizados sus grandes hitos históricos, lo que le confiere su particularidad: Bismark, Beveridge, privatización de la gestión (1980) y la implementación del régimen complementario solidario[13].

a) La necesidad de los cambios propuestas al año 1973.

Desde el momento que el sistema se empezó a expandir, la idea de reforma empezó a ganar adeptos entre expertos y técnicos primero, hasta convertirse en una necesidad que se intentó abordar a partir de fines de la década de los años 50.

Diversos proyectos se elaboraron a partir de otros tantos informes. Entre ellos destaca el elabo­rado por una misión de expertos conocido como informe “Klein y Sacks” preparado a fines de los años 50, y el “Informe Prat” de 1964. Ninguno de estos, ni los elaborados en los años 60 y principios de los años 70 tuvieron consagración jurídica total o integral, dado los fuertes reparos que crearon en los grupos de presión social cuyos beneficios especiales serían afectados por la readecuación. Todos estaban de acuerdo en lo imperioso de la reforma, pero llegado el momento de abordarla, los intereses de los grupos involucrados im­pidieron concretarlas.

Todos los estudios coincidían en que el sis­tema adolecía de profundas desigualdades y desarmonías ad­ministrativas, financieras y jurídicas, a pesar de ser uno de los más evolucionados de Latinoamérica. Se recomendaba: uniformar las condiciones de adquisición de las prestaciones y a unificar, coordinar y ra­cionalizar la administración y el régimen financiero, eli­minando privilegios y concluyendo el proceso de universalización. Ninguno de estos objetivos se llevó a cabo integralmente, alcanzándose sólo avances             secto­riales[14]. Las modificaciones establecidas fueron de tipo técnico, cuyos efectos positivos en el sistema global fueron escasos, dada las causas de los problemas. Estas medidas junto con otras de política económica, especialmente de gastos, financiamiento e incentivo al empleo, se consideraban como las adecuadas para que el sistema terminara el proceso de universalización en que estaba comprometido.

Con las características, ventajas y dificultades reseñadas, la seguridad social de la época se enfrenta con los cambios que se producirán a partir del golpe militar de 1973, período que a nivel comparado esta marcado por la crisis del petróleo y cuyos efectos se dejarán sentir en las políticas de seguridad social, generando una crisis de trascendencia que para algunos, significó la revisión de muchos programas sociales y, para otros era el momento de estudiar la conveniencia de continuar o mantener la seguridad social.

Los principales cambios introducidos a partir de 1973 en el ámbito de las pensiones, se encaminan a una reforma mayor. En particular, cabe destacar la modificación de los regímenes de pensiones de la época, en cuanto a requisitos de acceso y edad. También en 1979 se estableció el régimen de pensiones asistenciales, PASIS.

b) La reforma estructural de 1980.

La reforma adoptada en 1980, bajo la Administración de Augusto Pinochet, es una transformación estructural. Conducida por José Piñera[15], Ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, implicó un cambio radical en la forma de organizar la proteccion por vejez, se transitó de un sistema de financiamiento en reparto a uno en capitalizacion individual[16]. Se incorporó un sistema de fondos de pensiones en el que cada trabajador tiene una cuenta individual de capitalización. Con los recursos que acumula en su cuenta financia su pensión de vejez. En este régimen sólo el trabajador cotiza para pensión de vejez, salvo que ejercite trabajos pesados, que consideran un aporte patronal. Se incluye además, la cobertura de la invalidez y de sobrevivencia, a través del pago de un seguro, en cuyo financiamiento interviene actualmente el empleador, esto para el caso que el saldo de la cuenta individual no sea suficiente para financiar las pensiones. Este es el régimen general de protección en la materia y es obligatorio y la sola incorporación al trabajo genera la afiliación automática.

El modelo descrito puede entenderse como una adaptación del mecanismo de fondos de pensiones de tipo cotizaciones definidas creados por la Employee Retirement Security Act ERISA de 1974 en EE UU. Esta ley federal constituye una de las últimas etapas de la evolución de la institución del trust inglés, que pasa de ser un instrumento en materia de herencias en la Edad Media inglesa a un instrumento de proteccion de la vejez con alcances financieros importantes.

La reforma de 1980, termina con los regímenes previsionales fundados en el reparto en un proceso gradual que se mantiene y se mantendrá en vigencia, en tanto existan activos cotizantes y pensionados en alguno de ellos, fusionados en el IPS. La única excepción (aún permanente) al carácter general del régimen de capitalización individual, está constituido por los regímenes de previsión de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería.

c) Ultimas adecuaciones y complementaciones. El contexto de la reforma de 2008.

Entre 1980 y el 2008, la normativa del régimen de capitalización individual, experimentó diversas modificaciones, las cuales han tenido por finalidad corregir distorsiones e introducir perfeccionamientos.

La Ley 20.255 (2008), sobre reforma previsional, en lo esencial, mantiene el régimen de pensiones y de capitalización individual, gestionado por AFP en los términos explicados, lo que significa no cambiar el sistema en este aspecto principal, pero si perfeccionarlo y hacerlo más social. La reforma contempla modificaciones importantes y de trascendencia, tanto a nivel del régimen de capitalización, como especialmente, en cuanto a establecer un sistema de pensiones solidarias. Lo que se persigue con la reforma se relaciona, principalmente, con resolver aspectos de cobertura, nivel de las prestaciones, adecuada competencia, promover el ahorro previsional vía beneficios tributarios, asegurar como un derecho el acceso a pensiones para la mayoría de las personas, incluidos los inválidos, al menos en un nivel mínimo, cuidando asimismo, que las cotizaciones que los afiliados efectúen, sean gestionados por la AFP de su elección, con los menores costos y con los más altos rendimientos posibles, y en un mercado más competitivo, etc.

Recogiendo una tendencia amplia en la doctrina, en la legislación comparada y en las declaraciones de la OIT, en las 2 últimas décadas, como ya se ha dicho, se ha perfeccionado el sistema, haciéndolo evolucionar a uno de más amplia cobertura y protección, más consistente con un sistema integrado en una red de protección social; baste citar la creación del programa denominado “Chile Solidario”[17](2005), así como las importantes y trascendentes modificaciones a los regímenes de salud.

Respecto de la protección a la tercera edad y las pensiones, se han introducido mejoras para el acceso a beneficios asistenciales, incrementos reales de las pensiones mínimas, adecuaciones al régimen de capitalización individual, a fin de asegurar entre otras materias, mejores rentabilidades, etc. En estos años también se han corregido inequidades existentes en el ámbito de los regímenes previsionales gestionados por el actual IPS, en particular, en la cuantía de sus pensiones.

En cuanto a las normas de equidad la reforma del 2008, introduce un tratamiento que considera a la mujer como sujeto de protección de forma autónoma y no condicionada a la calidad de cónyuge, sin abandonar el criterio de prestaciones contributivas para la cónyuge sobreviviente, beneficio éste, que la reforma hace extensivo al cónyuge sobreviviente.

En cuanto a la competencia, se desechó que los Bancos chilenos creen filiales AFP, los autoriza en cambio, a crearlas para dar asesoría previsional. Por otra parte, se consagra la posibilidad que las compañías de seguro a través de filiales creen AFP. La subcontratación de servicios por las AFP, es permitida y ampliamente regulada.

Si bien la reforma del 2008 se refiere principalmente al régimen de pensiones, los cambios abarcan también materias más generales, como es el caso de los organismos estatales relacionados con la seguridad social, incluidos los reguladores. Se contempla cambios profundos en la Institucionalidad Pública de Seguridad Social. También se incluyen normas destinadas a incentivar la afiliación de jóvenes y la obligación de cotizar de independientes y creación de la figura del cotizante voluntario se consideran asimismo, cambios en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones y cambios en materia de competencia y transparencia en la gestión de las AFP.

La reforma fue el resultado de un proceso consultivo iniciado con la constitución del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma (conocida como Comision Marcel) que elaboró recomendaciones que sirvieron para el diseño de un sistema de pensiones integrado por un régimen contributivo             y uno solidario; que otorga una especial consideración a la cobertura de              la mujer, jóvenes e independientes, entre otros aspectos. Este informe sirvió de base al proyecto de ley enviado al Congreso, a fines 2006, y cuya tramitación parlamentaria concluyó en enero de 2008 de modo que la reforma fue fruto de amplio consenso político y una rápida aprobación.

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE PENSIONES VIGENTE

Como se ha explicado en Chile coexiste un régimen general y obligatorio de pensiones por capitalización individual, complementado con un régimen de pensiones solidarias, subsistiendo en extinción, el denominado “sistema antiguo” de reparto. Existe también un régimen especial para los uniformados y personal asimilado, ademas se contempla algún régimen excepcional.

3.1. Régimen general por capitalización individual.

En materia de población protegida, el régimen es general y obligatorio, y aplicable a todos los trabajadores, sean de sector público o privado, salvo excepciones. Se da cobertura obligatoria a todos los trabajadores que prestan servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia. La afiliación es en general, única, permanente e irrevocable. Los trabajadores automáticamente afiliados y por tanto obligados a cotizar, son los menores de 65 años, si son hombres, o de 60 años, si son mujeres. Para los mayores de esa edad la cotización es voluntaria.

Con la reforma del 2008, en pleno vigor el 2015, los trabajadores independientes, que hasta ahora definían libremente su incorporación, se encontrarán obligados a ella, sin excepciones.

Se establecen tres tipos de pensiones: por vejez, invalidez y sobrevivencia. Junto con regular el financiamiento y otorgamiento de estas pensiones, el legislador asegura una cuota mortuoria, beneficio pecuniario que consiste en el retiro de una suma equivalente a 15 Unidades de Fomento, de la respectiva cuenta individual de afiliado. Ella se paga a quien unido o no por un vínculo de parentesco o matrimonio con el afiliado fallecido, acredite haberse hecho cargo de los gastos del funeral.

Pensión de Vejez. Hay tres clases de pensiones de vejez: la normal, la anticipada común y la anticipada por el desempeño de trabajos pesados.

Pensión de vejez normal. Tienen derecho a ella los afiliados con 65 años y las afiliadas con 60. Las personas que cumplan con esas edades y no ejerzan el derecho a pensión de vejez, no llegan a pensionarse por invalidez y la AFP, queda liberada de efectuar el aporte adicional, destinado a financiar pensiones de sobrevivencia, en caso de fallecimiento del afiliado. Las afiliadas mayores de 60 y menores 65 años de edad no pensionadas, pueden pensionarse por invalidez y tienen aporte adicional las pensiones de sobrevivencia que causen.

El cumplimiento de la edad para pensionarse no pone al afiliado en la necesidad de acogerse a ella, ni le impide seguir trabajando. Asimismo, el entrar en goce de pensión no supone el término de los contratos de trabajo.

Vejez anticipada común. El régimen al basarse en la capitalización individual permite pensionarse antes de cumplir la edad, de contar con el ahorro para financiarla.

Vejez anticipada por desempeño de trabajos pesados. Este tipo de pensión es, en algunos aspectos de aplicación similar a la anticipada normal, diferenciándose entre otras materias por la causa y su financiamiento. Requiere una cotización especial adicional, que incremente el saldo en menor tiempo. El aporte especial del 2% de la remuneración imponible lo efectúa trabajador y empleador cuya actividad es calificada como tal por la Comisión Ergonómica Nacional.

Pensión de invalidez. Acceden a ella los afiliados, que sin cumplir edad para pensionarse por vejez, sufren un menoscabo en su capacidad             de trabajo, a consecuencia de una enfermedad o accidente común, que les produce un debilitamiento en sus fuerzas físicas o intelectuales. La invalidez es declarada por una Comisión Médica específica, y puede ser total o parcial. Esta última en un Primer Dictamen es temporal y se reevalúa a más tardar a los 3 años; el Segundo Dictamen determina la invalidez permanente del inicialmente calificado como inválido parcial.

Pensión de sobrevivencia. A ella acceden los componentes del grupo familiar del afiliado fallecido como cotizante o pensionado. Son beneficiarios: el cónyuge sobreviviente, la madre y el padre de los hijos no matrimoniales, los hijos y, en ciertas circunstancias, el padre o madre. La familia es beneficiaria de la cuota mortuoria, ya descrita.

Modalidades de pensión. Los afiliados que cumplan con los requisitos para pensionarse pueden optar por alguna de las cuatro modalidades que establece el régimen.

a. Retiro programado. Por esta modalidad el afiliado autoriza a la AFP, para que retire anualmente de su Cuenta de Capitalización una cantidad de dinero, con la cual financia una pensión anual pagada en 12 mensualidades. El retiro programado es revocable: el afiliado puede optar en cualquier momento, por alguna otra de las modalidades.

b. Renta vitalicia inmediata. En esta modalidad el afiliado celebra un contrato una compañía de seguros de vida, por el cual el beneficiario conviene transferir sus fondos previsionales (o una parte) a la entidad aseguradora,         y ésta a pagar una pensión mensual en Unidades de Fomento desde el momento de la suscripción hasta su fallecimiento y producido éste, una pensión de sobrevivencia a sus beneficiarios. La opción por esta modalidad es irrevocable, el afiliado deja de ser dueño de sus fondos previsionales, ellos se transfieren a la compañía de seguros a cambio de la renta vitalicia. El valor de la pensión se mantiene constante en el tiempo.

c. Renta temporal con renta vitalicia diferida. Modalidad que constituye una mezcla de las anteriores. Es decir, el afiliado contrata con una compañía de seguros el pago de una pensión a contar de una fecha futura definida (renta vitalicia diferida), para lo cual traspasa el monto de la prima convenida, reteniendo en su cuenta de capitalización fondos suficientes para obtener de la AFP, una renta temporal entre la fecha de la opción por esta modalidad y aquella en que la renta vitalicia comienza a ser pagada.

d. Renta vitalicia inmediata con retiro programado. Por ella el afiliado contrata con una compañía de seguros una Renta Vitalicia Inmediata, en los términos señalados, con parte del saldo de la cuenta individual, acogiéndose con lo restante a un Retiro Programado. En este caso, la pensión corresponde a la suma de los montos percibidos por modalidad. Pueden optar por ella, afiliados que obtengan una renta vitalicia inmediata igual o mayor que la pensión mínima.

Asimismo, está permitido el retiro de excedentes llamados de libre disposición, esto para el caso que constituida la pensión, el saldo existente en la Cuenta Individual resulte superior al monto necesario para financiarla. En este caso, el afiliado dispone del remanente libremente o lo destina a incrementar la pensión.

El FINANCIAMIENTO del régimen es por cotizaciones la cual es el porcentaje de la remuneración o renta, que los afiliados están obligados a enterar en su AFP, para financiar la pensión y cubrir la comisión de ella.

La Cotización obligatoria corresponde al 10% del ingreso imponible que el afiliado entera en su cuenta de capitalización individual, sin perjuicio de la comisión que corresponde pagarle a la AFP (monto variable según AFP). Además, el empleador debe efectuar una cotización de monto variable, obligatoria, destinada al pago de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, de manera proporcional al monto pagado por concepto             de remuneraciones imponibles, sobre el total de dichas remuneraciones.       Se exceptúan los trabajadores jóvenes, que reciben una bonificación previsional. Existen cotizaciones voluntarias que los afiliados realizan en su cuenta individual, para mejorar el saldo de ellas, para financiar pensión anticipada o incrementar su monto.

Las cotizaciones registradas en las cuentas las AFP deben integrarlas en el Fondo de Pensiones correspondiente, para inversión, los cuales en conjunto y separadamente, constituyen patrimonio independiente y diverso del de la AFP. Estos Fondos y los instrumentos que lo integran no están afectos a gravámenes ni a embargos. Son gestionados por cuenta del afiliado; la rentabilidad que generen les pertenece.

Existen 5 Fondos: A, B, C, D y E. El objetivo de su establecimiento es incrementar el valor de las pensiones futuras. El afiliado puede elegir en cual de ellos integrar sus cotizaciones, con una limitación; los hombres y mujeres con 56 ó 51 años de edad, respectivamente, no pueden optar al Fondo Tipo A, subsistiéndoles la libertad de acogerse a cualquiera de los otros. Limitación que sólo afecta a las cotizaciones obligatorias. El Fondo A incluye instrumentos de inversión más riesgosos. Si al incorporarse al régimen, el afiliado no opta por alguno de los Fondos, la AFP lo asigna a uno de ellos según edad. Los Fondos se diferencian por nivel de inversión en instrumentos de renta variable, y por ende de mayor riesgo relativo.

La Inversión de los Fondos tiene como único objetivo la obtención           de una adecuada rentabilidad, con la mayor seguridad, toda otra finalidad pretendida para estas inversiones, es contraria a los intereses de los afiliados y constituye un incumplimiento grave de las obligaciones de la AFP. La inversión se efectúa en determinados instrumentos previamente clasificados.

La administración del régimen de capitalización, corresponde a las AFP, sociedades anónimas especiales, con objeto exclusivo, que recauda cotizaciones, obligatorias y voluntarias, y todo otro aporte vinculado directa o indirectamente a la cuenta individual. Inician acciones judiciales contra los empleadores que no enteran cotizaciones y aportes. Invierten los recursos de los Fondos que administran, persiguiendo obtener la mayor rentabilidad posible. Otorgan pensiones, en los casos en que el beneficiario lo haga en la modalidad de retiro programado, traspasando el saldo a las compañías de seguro que el afiliado indique para el caso que opte por renta vitalicia.               Las AFP perciben una retribución, establecida en base a comisiones, de cargo del afiliado, las cuales se deducen de las cuentas de capitalización o de los retiros, según corresponda. Las AFP son autorizadas para existir y son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones.

AHORRO VOLUNTARIO. Es posible efectuar otros tipos de ahorros por el afiliado y por su empleador, asociados a generar de una mejor pensión.

Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta Dos). Los afiliados pueden efectuar en su AFP depósitos que no constituyen cotizaciones para fines tributarios; incentivando el ahorro. Estos depósitos, la AFP los abona en              la cuenta personal del afiliado, denominada cuenta de ahorro voluntario, que es independiente de la cuenta de capitalización. El afiliado podrá disponer del saldo en ella, para financiar pensiones.

Depósitos Convenidos. El afiliado puede depositar en su cuenta individual sumas que convenidas con su empleador con el objeto de reunir el saldo suficiente para financiar pensión anticipada o de incrementar el monto de su pensión. Ellas no constituyen remuneración para ningún efecto y no son rentas a efectos tributarios. Los depósitos convenidos se diferencian de la cotización voluntaria principalmente, en que no consisten en una suma única y que provienen siempre del empleador.

Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario Individual, APVI. Constituida por sumas destinadas por el afiliado a planes de ahorro previsional individual ofrecidos por las AFP e Instituciones Autorizadas con el fin de promover, con incentivos tributarios, el ahorro que mejore el saldo para financiar pensión.

Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, APVC. Forma de ahorro previsional constituida con aportes de empleadores y trabajadores, con ventajas tributarias, considera gasto necesario para producir la renta, y para el trabajador sus aportes son estimados ingresos no renta, mientras no sean retirados. El APVC es producto de la celebración de un contrato de ahorro suscrito por un empleador por sí y en representación de sus trabajadores y una AFP o una Institución Autorizada, con el fin que los aportes que se realicen en las cuentas individuales que al efecto se abran por trabajador, permita a estos mejorar los saldos de sus cuentas individuales, para así generar pensiones más altas. El empleador puede ofrecer a todos y cada uno de         sus trabajadores adherir a uno o más contratos de APVC. Los términos del contrato lo define el empleador con la AFP o IA que determine y deben ser iguales para todos los trabajadores.

3.2. Regímenes antiguos de reparto en extinción.

Junto al régimen de capitalización individual, subsisten los regímenes antiguos los que se encuentran vigentes para sus pensionados imponentes. Las cajas de previsión incluído el ex Servicio de Seguro Social están fusionadas en el IPS. Durante el año 2008, el IPS tuvo como imponentes menos del 2% del total de los afiliados a la AFP que para el mismo periodo, fueron más de 8.000.000. A su vez, los pensionados de los regímenes administrados por el IPS, al mismo año, llegaron a una de 800.000. En el régimen de AFP, los pensionados ascendieron a cerca de 700.000.

3.3. Regímenes de pensiones especiales.

3.3. a) Régimen de pensiones de los uniformados y asimilados.

La reforma de 1980 no extinguió o fusionó con otros los regímenes de los miembros de las Fuerzas Armadas: Ejército, Marina y Aviación, Policía y Gendarmería. Regímenes establecidos como seguros sociales que cuentan con esquema financiero de reparto. Están afectados por serios problemas de ingresos, existiendo un amplio consenso en cuanto a su revisión integral. Sus pensionados para el 2008, alcanzaron a 162.899.

3.3.b) Régimen social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En 1968, se estableció un seguro social por riesgo del trabajo que asegura pensiones a los trabajadores inválidos a causa de un accidente o enfermedad laboral. Dichas pensiones pueden ser totales o parciales y en casos que el afectado requiera del apoyo de terceros, la pensión es incrementada a gran invalidez. Son pensiones temporales; se perciben hasta que el beneficiario alcanza la edad para pensionarse por vejez.              En caso de muerte del pensionado o inválido se generan pensiones de sobrevivencia. Se trata entonces, de un régimen de pensiones especial, incompatible con el régimen general, y con los regímenes en extinción administrado por el IPS.

3.3.c) Regímenes excepcionales.

Incluye personas con beneficios de pensiones que se encuentran o se han encontrado, en una situación extraordinaria (por causas propias o externas), que les ha impedido acceder una pensión en el régimen general, de reparto en extinción, o en uno especial. Se contemplan varios regímenes de pensiones de este tipo, con un número de beneficiarios acotados.              Es posible mencionar, los siguientes: pensionados por Gracia; reparación y exonerados políticos.

3.4. Régimen de pensiones solidarias.

Este régimen no contributivo, complementario del general por capitalización individual, otorga pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales de vejez e invalidez, es administrado por el IPS y es de financiamiento fiscal. Al final del proceso de aplicación gradual (2012), serán beneficiarios del régimen, todas las personas con 65 años de edad, pertenecientes a los tres primeros quintiles de ingresos (60% de la población) y que acrediten residencia en el territorio, por un tiempo determinado, según tipo de pensión. El régimen refunde, armoniza y mejora, los regímenes de pensiones asistenciales, y de mínimas garantizadas, existentes antes de la reforma del 2008.

a) Pensión básica solidaria de vejez, PBS.

Son beneficiarios de esta pensión, quienes cumplan los siguientes requisitos: i) no tengan derecho a pensión en ningún régimen previsional;           ii) que hayan cumplido 65 años; iii) que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población; y iv) acrediten residencia por 20 años al menos, continuos o discontinuos, de los cuales 4, deben estar incluidos            en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. El indicado período de residencia se acredita desde que la persona cumple 20 años de edad, con excepción de quienes califican como carentes de recursos, para ellos el período se cuenta desde su nacimiento.

La definición del grupo familiar es un aspecto relevante para calificar al beneficiario; integran la familia para estos fines, las personas que unidas por parentesco o por existencia de hijos en común, comparten el presupuesto familiar.

El monto de la pensión a contar del 01.07.2009 asciende a $75.000 (150 US$ aprox.) y se reajusta períodica y automáticamente en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor.

b) Aporte previsional solidario de vejez, APSV.

Este aporte mensual complementa la pensión contributiva cuando ella se encuentra bajo un determinado nivel de ingreso. Para acceder al aporte se requiere tener derecho a una o más pensiones cuyo monto sea inferior al valor máximo de la pensión con aporte solidario y reunir las condiciones exigidas para acceder a Pensión Básica de Vejez. El APSV ascenderá a            la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la o las pensiones previsionales que perciba el solicitante, del valor de la PBSV. El aporte solidario decrece a mayor pensión hasta extinguirse para aquellas de un monto igual o superior a $255.000, reajustables por el IPC en la forma indicada anteriormente (500 US$ aprox.).

c) Pensión básica solidaria de invalidez, PBI.

Tienen derecho a ella quienes califican como inválidos, y que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional. La declaración de invalidez compete a las Comisiones Médicas del régimen de AFP. Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos: i) tener 18 años de edad y menos de 65 años; ii) integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población; iii) acreditar residencia en el territorio nacional por un lapso no inferior a 5 años en los 6 años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. La cuantía de la pensión, parcial o total, es de igual valor al de la pensión solidaria de vejez.

d) Aporte previsional solidario de invalidez, APSI.

Son beneficiarios del aporte los inválidos parciales o totales, que cumplan con los requisitos establecidos para la PBI y que no perciban otras pensiones. El Aporte asciende a la cantidad que resulta de descontar el monto de las pensiones o que el inválido perciba del valor de la PBI. Se perciben hasta el último día del mes anterior que cumpla 65 años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder a PSB o APV, según el caso.

e) Normas comunes del pilar solidario de vejez e invalidez.

El IPS se encarga de administrar las prestaciones solidarias, las suspende y extingue, según corresponda. La Superintendencia de Pensiones supervigila y fiscaliza el régimen.

Las personas que gocen de PBS de Vejez o Invalidez, no causan asignación familiar; no obstante pueden ser beneficiarias de ella por los que estan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones Familiares.

Los beneficios solidarios se extinguen por fallecimiento del titular; por haber dejado de cumplir alguno de los requisitos para su otorgamiento;              por permanencia en el extranjero por más de 90 días, durante el respectivo año calendario, y cuando maliciosamente se proporcionen antecedentes incompletos, erróneos o falsos, para cumplir su requisito.

El IPS suspende el goce de beneficios solidarios: por no cobro durante 6 meses continuos; cuando no se proporcione antecedentes que acrediten cumplimiento de requisitos para mantenerlo, dentro del plazo de 3 meses; y en el caso de los inválidos que no se presenten a reevaluaciones.

3.5. Institucionalidad pública de la seguridad social.

Los órganos públicos con la principal responsabilidad en materia de pensiones, son el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y su Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto de Previsión Social, y los órganos de consulta y participación social y técnica, es decir, la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, el Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Técnico de Inversiones.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tiene a su cargo todo               lo que se refiere a política social y laboral del Gobierno, a través, de las Subsecretarías de Trabajo y Previsión Social. Esta última, se encarga de la colaboración inmediata al Ministro y coordina la acción de los servicios públicos del área de seguridad social. A ella le corresponde, entre otras materias, velar por el éxito del sistema de pensiones.

La SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, asesora al Ministro en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de previsión social; estudia y proponer normas y reformas aplicables al sector y vela por su cumplimiento; evalua las políticas aplicables al sector efectúa y promueve la elaboración de estudios e investigaciones; asiste al Ministro en el ámbito de las relaciones internacionales y en la participación en organismos internacionales relativos al tema; define y coordina la implementación de estrategias para dar a conocer a la población el sistema de previsión social y facilitarles el ejercicio de sus derechos; promueve estrategias de incorporación de los trabajadores independientes al régimen general; administra el Fondo para la Educación Previsional, y; asiste administrativamente a la Comisión de Usuarios y al Consejo Consultivo Previsional.

Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se relaciona con el Presidente de la República a través de la Subsecretaría de Previsión Social.

En general, a la SUPEN corresponde el control del sistema de pensiones en su conjunto, excluyendo a las Cajas de de Previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros y el régimen de pensiones, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Además de las funciones que tenía la Superintendencia de AFP (a la que reemplazó), cuenta entre otras atribuciones con las siguientes: supervigila y fiscaliza el Régimen de Pensiones Solidarias; fiscaliza al IPS; Vela por el cumplimiento del proceso de calificación de invalidez, de las AFP, y del IPS; toma medidas para evitar la morosidad y fomenta el pago oportuno de las cotizaciones; controla administrativamente        a la Comisión Ergonómica Nacional; fiscaliza la constitución, mantención, operación y aplicación del Encaje por las AFP; regula y controla el funcionamiento de los servicios que subcontratan las AFP; designa a funcionarios como inspector delegado en una AFP, con el objeto de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones.

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Tiene sus orígenes en el antiguo Departamento de Previsión Social (1927). A partir de la reforma del 2008, sus competencias se centran en el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el régimen de prestaciones familiares, el régimen de Cajas Asignaciones Familiares, CCAF, los Servicios de Bienestar del Sector Público, así como también efectúa en control del régimen de licencias médicas. La Superintendencias en un órgano público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Instituto de Previsión Social (IPS). Es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tiene por objeto especialmente, la administración de las prestaciones solidarias y los regímenes previsionales de reparto en extinción.

El IPS cuenta con una red nacional de Centros de Atención Previsional Integral, CAPRI[18] que otorgan la prestación de servicios de información y tramitación en asuntos previsionales y de seguridad social a los beneficiarios y afiliados. Para el mejor y más amplio cumplimiento de las funciones de los CAPRI, el IPS, celebra convenios con entidades de previsión o que administren prestaciones de este orden.[19]

Asesoría previsional. Surge con la reforma del 2008, para otorgar información a afiliados y beneficiarios del Sistema, “considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley”[20]. Comprende además, la intermediación de seguros previsionales, es decir, interviene en la definición de la modalidad de renta vitalicia. El asesor previsional presta sus servicios de forma totalmente independiente de la entidad que otorga el beneficio. Existen dos figuras: Entidades de Asesoría Previsional y Asesores Previsionales. Las primeras deben ser sociedades constituidas en Chile con objeto exclusivo: “otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema”[21]. Los Bancos y sociedades financieras también están autorizados para constituir sociedades filiales de asesoría previsional. Existe un Registro de Asesores Previsionales, para las personas o entidades que desarrollan la actividad, las que deben ser autorizadas para actuar. Asimismo, deben constituir una garantía, (contar con una póliza de seguros). La asesoría debe contar del contrato celebrado entre el asesor y el afiliado o sus beneficiarios. Los honorarios a pagar por asesoría, con algunas excepciones, no podrán superar el 2% de los fondos de la cuenta de capitalización del afiliado.

3.6. Instancias de participación social y técnica.

La reforma previsional, recogiendo criterios doctrinales, considerados por los organismos internacionales, como la OIT[22] estableció la Comisión         de Usuarios, el Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Técnico de Inversiones.

Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. Instancia relevante de participación y diálogo social. Se integra por un representante de los trabajadores, de los pensionados, de las instituciones públicas, de las entidades privadas de pensiones y de un académico universitario, que la preside.           Las funciones principales incluyen informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones           que sus representados efectúen del funcionamiento del Sistema de Pensiones y propone también, estrategias de educación y difusión del mismo.

Consejo Consultivo Previsional. Otorga asesoría al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Hacienda en todos lo relacionado con Pensiones Solidarias. Opina sobre propuestas de modificaciones legales de los parámetros del régimen y los ajustes a sus reglamentos; y en todo lo que incida en el otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de beneficios. Evacua un informe anual remitido a los Ministros indicados y al Congreso. El Consejo se integra por un miembro nombrado por el Presidente de la República, (que lo preside), y cuatro designados por el mismo Presidente, ratificados por el Senado a 6 años en sus funciones.

Consejo Técnico de Inversiones. Evacúa informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar una adecuada rentabilidad y seguridad para ellos. El Consejo se pronuncia sobre el contenido del Régimen de Inversión de          los Fondos y sobre las modificaciones que la Superintendencia proponga efectuar al mismo; emite opinión en materias de inversiones, en especial respecto de la estructura de límites de los Fondos contenidas en el          Régimen de Inversión; efectua propuestas y emite informes en materia de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos, por propia iniciativa o a petición de la Superintendencia; se pronuncia sobre temas relacionadas con las inversiones, entregar una memoria anual y encargar estudios técnicos con relación a las inversiones de los Fondos. Esta integrado por: un miembro designado por el Presidente de la República; uno por el Consejo del Banco Central; un miembro designado por las AFP, y dos designados por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades acreditadas.

CONCLUSIONES

A principios de los años 70 el sistema chileno de seguridad social, básicamente estructurado en base a seguros sociales, por ramas de actividad o colectivos, presentaba serias dificultades de acceso, igualdad y financiamiento, pero con una cobertura relevante, cercana al 65% de la población, lo que no es despreciable, pero tampoco suficiente en un país que a esa época mantenía altos niveles de pobreza y en un contexto iberoamericano, en que la mayoría de los países contaban con sistemas con pocos años de implementación.

La protección por pensiones, estaba compuesta por una serie de regímenes o de seguros sociales, que se desarrolló y amplió, con dificultades de integración, coordinación y armonización, que ya a fines de los años cincuenta, era motivo de debate, en cuanto a su reordenación a objeto que diera cobertura en un esquema de mayor igualdad e equidad, adecuadamente financiado y corrigiendo disfunciones administrativas.

La instauración del régimen militar en 1973, en el ámbito económico implicó transformaciones trascendentales, que requirieron de las políticas de protección social, en particular de pensiones, para que se implementara, atendida la cuantía de los recursos involucrados. En 1980 se aprueba la reforma estructural que creó el régimen de pensiones por capitalización individual, gestionado por administradoras constituidas como sociedades anónimas y en que el financiamiento quedó a cargo de los afiliados.

Dicha reforma concretó la demanda de sectores del liberalismo económico de reducción del rol del Estado y promovió que el individuo se responsabilice de su protección en seguridad social a través del ejercicio de una serie de libertades de opción: definición de su incorporación obligatoria a una AFP; posibilidad de indicar el tipo de inversión de sus aportes; elegir la modalidad de pensión, etc.

La seguridad social, sigue siendo responsabilidad del Estado, en cuanto a su creación, organización, regulación y control. Con la reforma de 1980,          el Estado (en cuanto Administración) pierde roles ejecutores importantes,          en particular en pensiones y también en otros ámbitos como es el caso de          la salud. Esto debido a la subsidiariedad, principio inspirador recogido en la Constitución de 1980. El abtensionismo del Estado comienza a revertirse a mediados de los años 90 y tiene una manifestación más clara y precisa con la reforma del 2008, al hacerse cargo, por ejemplo, de las prestaciones solidarias.

La situación actual es de una mixtura más equilibrada entre el rol del Estado y los particulares. En el ámbito de las pensiones, el régimen general sigue gestionado por los privados, pero el Estado se hace cargo del llamado pilar solidario. Estamos entonces, ante un mecanismo híbrido de protección entre privado y público (pilar contributivo de gestión privada y cotizaciones de los beneficiarios, con fuerte intervención de la autoridad en el control y orientación del régimen) con una garantía estatal (mecanismo complementario o pilar solidario).

En cuanto a los mecanismos de protección por pensiones, a nivel comparado, la tendencia es al establecimiento de modelos multi-pilares.              Esa es la propuesta del Banco Mundial de 1994, (corregido en el 2005).  Esta institución ha utilizado la reforma chilena de 1980 como el ejemplo a seguir de un modelo multi-pilar. Lo que en definitiva propone es asegurar la protección de la vejez teniendo en cuenta los riesgos o contingencias anexas a la vejez. Para el Banco Mundial, debe existir mecanismos diferenciados, cada pilar incluye un mecanismo específico adecuando el riesgo de grupos de la población diferentes y donde determinados sectores son protegidos por más de un pilar y otros por ninguno. Nosotros estamos de acuerdo con que una diversificación de los mecanismos de protección implica un debilitamiento del riesgo a cubrir. Pero, las proposiciones de varios pilares implican que cada uno de ellos proteja a una categoría especifica de personas y no a toda la población, salvo el pilar cero, y esto depende de la manera como éste es concebido. En principio los multi-pilares no otorgan una protección universal a la población, salvo en aquellos países con sistema beveridgianos que poseen una protección mínima universal, la que es ínfima y que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los pensionados. Además, Chile no posee un sistema de seguridad social de este tipo y los países que lo tiene son pocos a nivel mundial (países anglosajones por ejemplo, EEUU e Inglaterra).

El esquema seguido en Chile a partir de 2008, implica una consagración definitiva como régimen básico, el de capitalización individual, complementado por uno solidario y adicionado con mecanismos de ahorro previsional, que permiten, sino acceder a una pensión adicional, mejorar aquella constituida con las cotizaciones. El esquema chileno de protección de la vejez es hoy día un ejemplo de cómo la administración pública y privada mediante mecanismos contributivos y no contributivos pueden conjugarse en pro de una protección más universal. Así, es posible sostener que la aplicación del régimen de capitalización individual, complementada  de la forma explicada, asegura que la inmensa mayoría de los mayores de 65 años cuenta con una prestación económica mensual vitalicia, ya sea con financiamiento propio, fiscal o una mixtura de ambos. El principio de la universalidad subjetiva, parece adecuadamente recogido. Sin embargo, lo consagrado en el 2008 es el derecho a la pensión para el 60% de la población, el resto de ésta, atendido los estudios realizados[23], podrá generar pensiones con sus propias cotizaciones. Cuestión importante es determinar cuantos de los adultos mayores tendrán beneficios propios, mixtos o tan sólo de origen solidario. Ello sin duda, marcará parte del sistema de pensiones y sólo se podrá cuantificar cuando se encuentre en un periodo de madurez suficiente.

Desde los años 80, el mundo mira a Chile y ve su reforma estructural como una respuesta a la «crisis del envejecimiento». Hoy en día, la incorporación de un mecanismo no contributivo, o según otros de un “pilar solidario”, capta nuevamente la atención sobre un modelo que descansa principalmente en la capacidad individual de ahorro. La reforma de 2008 si bien no es la primera modificación que se hace al modelo chileno de pensiones establecido en 1980, es sin duda la más importante. Como es propio de la seguridad social, nuestro modelo nacional vive y vivirá en constante adaptación, pero la última reforma en términos de la extensión de la cobertura implica un cambio profundo en como Chile protege a su población, corrigiendo los defectos de cobertura y ampliándola a grupos antes excluidos.

La falta de participación en el sistema de pensiones, es corregida en parte, el 2008 con la incorporación de la Comisión de Usuarios, que con sus atribuciones indicativas sobre todo el sistema, permite una participación tripartita, recogiendo el parecer de los afiliados y beneficiarios sobre el funcionamiento de todos los componentes del modelo. A ello se agrega el reforzamiento de las facultades contraloras de la autoridad pública a través de la Superintendencia del ramo.

En todo caso, el envejecimiento es uno de los temas importantes en el desarrollo futuro de la seguridad social y sin lugar a dudas nuevas reformas se efectuarán al sistema, no sólo en los aspectos propiamente de pensiones, sino en lo relativo al apoyo a las personas mayores a través de servicios específicos, especialmente, a aquellos mayores que se encuentren en situación de dependencia, que representarán un sector muy relevante de la población en las décadas venideras. Quizás la crisis futura de la seguridad social se relaciona con estos aspectos, respecto de los cuales bien vale seguir reflexionando como ya se hace en la sociedad chilena.

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ANEXO 1

CUADRO ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA LUEGO DE LA REFORMA DE 2008

Fuente: ARELLANO ORTIZ, Pablo, Universalisme et individualisme dans le droit chilien des retraites, Thèse, Université Paris Ouest La Défense, 2009.

[1] Abogado, Doctor en Derecho y Profesor de Seguridad Social. Director de la OISS en Chile.

[2] Abogado, Doctor en Derecho Privado, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Este artículo se basa en una investigación más amplia desarrollada por los autores a publicar bajo el título de “Derecho a la Seguridad Social y la Protección por pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia” en Chile, durante 2010.

[3] Ver: INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Social security pensions. Development and reform, International Labour Office, Geneva, 2000, p. 27.

[4] Banco Mundial, Old age income support in the 21^st Century: An International Perspective on Pensión Systems and Reform, World Bank, 2005; y también Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press, World Bank, 1994; HOLZMANN R., Soporte del ingreso en la vejez en el siglo veintiuno: una perspective internacional de los sistemas de pensiones y de sus reformas en FIAP, El fortalecimiento de los nuevos sistemas previsionales: El rol de cada pilar en la solución del problema de las pensiones, FIAP, CIEDESS, 2005, p. 227.

[5] GILL I., PACKARD T., PUGATCH T. et YERMO J., Repenser la sécurité sociale en Amérique latine, Revue internationale de sécurité sociale, 2005, vol. 58, N°2/3, p. 81.

[6] INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Social security pensions. Development and reform, International Labour Office, Geneva, 2000, p. 27.

[7] BERTRANOU F. y JIMENEZ O., La protection sociale en Amérique latine: les défis de l’hétérogénéité et des inégalités, Revue internationale de sécurité sociale, 2005, vol. 58, N°2/3, p. 12.

[8] GILL I., PACKARD T., PUGATCH T. et YERMO J., Repenser la sécurité sociale en Amérique latine, Revue internationale de sécurité sociale, 2005, vol. 58, N°2/3, p. 92.

[9] TIELMAN D. y UTHOFF A., Assurance et protection sociale en Amérique Latine, Revue internationale de sécurité sociale, 2005, vol. 58, N°2/3, p. 71.

[10] TIELMAN D. y UTHOFF A., Assurance et protection sociale en Amérique Latine, Revue internationale de sécurité sociale, 2005, vol. 58, N°2/3, p. 71.

[11] Ver ARELLANO O, Pablo, Universalisme et individualisme dans le droit chilien des retraites, Thèse, Université Paris Ouest La Défense, 2009.

[12] Para una aproximación a esta opinión ver ARELLANO, P, Universalisme et… ob. cit.; y                 P. ARELLANO, El pilar solidario, la solución esperada para nuestro sistema de AFP, Revista Laboral Chilena, Febrero- Marzo, N° 164, 2008, pp. 86-88.

[13] GUMUCIO J.S., Chile en el MERCOSUR: armonización de sistemas de seguridad social, Revista Laboral Chilena, Enero 1997, p. 64.

[14] Arellano MARÍN, J.-P. 1985. Políticas Sociales y Desarrollo, CIEPLAN, Santiago. p. 86.

[15] Ver: PIÑERA ECHEÑIQUE, José, Le taureau par les cornes, comment résoudre la crise des retraites, Stockholm Network, Editorial Charles Coquelin (Paris, 2008) y PIÑERA E, J, El cascabel al gato, 1^ª Edición, Editorial Zig-Zag (Santiago, 1991).

[16] Mesa-Lago, Carmelo., Les réformes de la sécurité sociale en Amerique latine: observations sur le rapport de 2005 de la Banque Mondiale, en Revue internationale de sécurité sociale,          Vol. 58 Nº 2-3 (2005), pp. 115 ss.

[17] Ley 19.949.

[18] Art. 60 y sgtes.

[19] Las atribuciones de los CAPRI son: i) Recibir solicitudes de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia de afiliados y beneficiados y remitirla para su tramitación a la AFP a que pertenezcan;

ii) Pueden recibir y remitir a las AFP reclamaciones de afiliados o beneficiarios; iii) Tramitan solicitudes de otorgamiento de los beneficios que otorga el IPS y notifican su concesión, modificación o cese; iv) Informan y atienden consultas sobre el régimen General de Pensiones y del Régimen de Pensiones Solidarias; v) Emite certificaciones relacionadas con regímenes que administra el IPS; vi) Presta los servicios que el IPS convenga en el ámbito de la seguridad social y que sean de competencia de dichos Centros, y vii) Realiza otras funciones que le encomienden las leyes o reglamentos.

[20] Art. 171, DL 3500, 1980.

[21] Art. 173 del DL 3.500, de 1980.

[22] Ver: OIT, La Reforma Previsional en Chile y la contribución de la OIT, Oficina Subregional de la OIT para el Conosur de América Latina Chile – Paraguay – Uruguay. Primera Edición (2008) 20 pp., en idiomas inglés y español.

[23] El Consejo presidido por don Mario Marcel (por ello se le conoció como Comisión Marcel), estuvo integrado por especialistas de distinto origen ideológico, técnico y profesional. El informe elaborado por el Consejo, fue publicado en julio de 2006. El Consejo mediante audiencias ciudadanas, recogió la opinión de los actores más relevantes; organizaciones de trabajadores y pensionados, representantes empresariales, agrupaciones femeninas, expertos de organismos internacionales y de centros de estudios.